El fallido intento de revocatoria contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quedó sellado el 24 de abril, cuando el comité promotor no presentó las firmas requeridas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil dentro del plazo legal.
Con esta omisión, queda descartada cualquier posibilidad de iniciar un nuevo proceso de destitución durante el actual mandato.
Ya no se puede promover otra revocatoria contra el alcalde de Bogotá durante el periodo vigente porque la legislación colombiana exige que la solicitud sea presentada tras el primer año y antes del último año de mandato.
Tras no entregar las firmas antes de la fecha límite, como ocurrió, la ventana legal quedó cerrada, imposibilitando cualquier nuevo intento hasta finalizar la gestión actual.
El proceso naufragó porque el comité encabezado por el concejal Jairo Avellaneda no entregó los formularios oficiales con el mínimo de firmas dentro del plazo estipulado.
Como detalla El Tiempo, aunque durante meses anunciaron una recolección cuantiosa de apoyos, nunca radicaron la documentación ante la autoridad electoral.
El respaldo político también se hundió progresivamente. Fuentes citadas por El Colombiano señalaron que Avellaneda terminó virtualmente solo, pues otros concejales, incluido Julián Forero, y sectores inicialmente favorables se alejaron al diluirse la expectativa de reunir los apoyos requeridos.
La falta de documentación alimentó dudas sobre la verdadera cantidad de respaldos. Aunque el comité sostenía haber reunido más de 500.000 firmas, versiones internas, consignadas en ambos medios, indican que hacia el final apenas sumaban unas 35.000.
Restricciones legales para nuevas revocatorias
La legislación colombiana establece que solo es posible iniciar un proceso de revocatoria contra un alcalde tras el primer año de su mandato y antes de que falte menos de un año para finalizar el periodo.
En este caso, con el plazo vencido y el periodo administrativo vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, ya no hay margen legal para otro trámite de destitución.
Una vez expirado el lapso establecido, la ley bloquea completamente cualquier nueva solicitud. Por tanto, ningún grupo podrá convocar a la ciudadanía para otro mecanismo similar hasta que concluya el periodo de Galán.
Argumentos, contexto y malestar ciudadano
La propuesta para remover al alcalde de Bogotá nació en medio de un malestar ciudadano por la inseguridad, la movilidad y los cuestionamientos a la gestión distrital.
El comité impulsor atribuyó la iniciativa al incremento de delitos como hurtos y extorsión, así como a críticas por obras de infraestructura.
“La inseguridad desbordó la capacidad de respuesta de la alcaldía y de la Secretaría de Seguridad: hoy se reportan secuestros, extorsiones, hurtos de celulares y vehículos de forma recurrente. A esto se suman trancones permanentes sin un plan de manejo vial claro, tras la demolición del puente de Venecia y de dos puentes en Puente Aranda, afectando gravemente la movilidad de Kennedy y Bosa, al igual que en varios puntos de la ciudad. En paralelo, el manejo de basuras es ineficiente y ya se evidencian problemas sanitarios con roedores en varios sectores de la capital”, se puede leer en el comunicado del concejal Jairo Avellaneda, promotor de la iniciativa.
Sin embargo, ese descontento no generó los apoyos suficientes para cumplir con el mecanismo legal. El comité declaró públicamente haber reunido una cifra alta de respaldos, pero fuentes internas recalcan que la movilización se redujo drásticamente hacia el cierre del plazo.
Sin embargo, desde los organizadores de la revocatoria también se había informado que la misma tuvo dificultades, pues “ninguna entidad financiera quiso abrir la cuenta exigida para el comité y además recibimos mensajes intimidantes y situaciones que ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”.
También se aseguró de que no había ningún partido político detrás de esta presión ciudadana.
Aunque hubo intentos de reavivar la recolección en los días finales, el proceso terminó sin entregar ningún documento. La experiencia confirmó que el éxito de una revocatoria depende tanto de la movilización sostenida como del respaldo político estructural.