El último ataque contra la Tercera Brigada del Ejército en Cali volvió a encender las alarmas en el suroccidente del país. La explosión de una buseta cargada con explosivos, ocurrida el 24 de abril en el sur de la ciudad, no dejó víctimas mortales, pero sí reavivó el miedo en una zona que ya ha sido golpeada repetidamente por este tipo de hechos.
La escena no es nueva para los habitantes de barrios como Meléndez y Nápoles. Allí, donde la rutina suele transcurrir entre el comercio y el tránsito constante sobre la calle 5, una detonación volvió a romper la normalidad. Aunque desde el Ejército aseguraron que no hubo afectaciones entre el personal militar ni la población civil, la Fiscalía confirmó que dos mujeres resultaron heridas.
Este atentado se suma a una cadena de acciones violentas que, en los últimos años, marcaron el ritmo de la seguridad en Cali, Jamundí y varias zonas del Cauca. La cifra es contundente, más de 80 ataques en estos territorios durante el actual gobierno, con un saldo que supera las 20 personas muertas.
Detrás de esta escalada aparecen, de forma reiterada, estructuras disidentes de las Farc, especialmente el frente Jaime Martínez. Las autoridades les atribuyen el uso de carros bomba, motocicletas cargadas con explosivos, cilindros lanzados con rampas improvisadas y ataques con drones, una modalidad que ha ganado terreno en zonas rurales.
En el caso del último atentado, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, explicó que el vehículo fue dejado a un costado del cantón militar y habría sido utilizado como plataforma para lanzar los artefactos. La buseta quedó estacionada en la carrera 80 con calle 5, a pocos metros de centros médicos como el Hospital Psiquiátrico y el Mario Correa Rengifo, lo que elevó la preocupación por el riesgo que implicaba la acción.
Las autoridades continúan reconstruyendo los movimientos previos al ataque, mientras avanzan las labores de inteligencia para identificar a los responsables. Este episodio, sin embargo, no puede leerse de manera aislada. Hace parte de un patrón que se ha repetido en la región con distintas intensidades desde 2022.
Ese año, el 28 de enero, una granada lanzada contra uniformados en la autopista suroriental de Cali dejó heridos a dos policías y un paramédico. Meses después, el 21 de diciembre, un carro bomba explotó en la vía que conecta Jamundí con Potrerito.
Durante 2023, la situación se mantuvo tensa. Entre el 19 y el 20 de julio, tres ataques con explosivos dejaron un muerto y diez heridos en distintos puntos de Cali. Días más tarde, el 29 de julio, dos atentados contra la fuerza pública incluyeron el lanzamiento de una granada contra un CAI en el oriente de la ciudad. Aunque no hubo policías lesionados, el episodio dejó una imagen que quedó grabada en la memoria, un perro llamado Negro murió tras la explosión y otro, Mono, resultó herido.
Ese mismo año también se registraron ataques con carros bomba en corregimientos como Timba y Potrerito, que dejaron varios heridos y evidenciaron la capacidad operativa de los grupos armados en zonas rurales y periurbanas.
El 2024 marcó un punto crítico. La noche del 4 de abril, una explosión sacudió nuevamente a los vecinos de la Tercera Brigada. Aunque no hubo víctimas, el hecho generó temor y llevó a la Alcaldía a ofrecer una recompensa para ubicar a los responsables. Las investigaciones apuntaron al frente Jaime Martínez, bajo órdenes de “Iván Mordisco”.
Ese mismo año, Jamundí vivió varios episodios violentos. El 20 de mayo, una moto bomba dejó heridos a tres niños y dos policías. Semanas después, el 12 de junio, otra explosión en el centro del municipio cambió la vida de Rafael González, un migrante venezolano que trabajaba cuidando motos. Murió tras quedar gravemente herido por la onda expansiva.
Los ataques continuaron en cadena. Hubo explosiones en Robles, hostigamientos en Potrerito que obligaron a cientos de estudiantes a refugiarse en un coliseo, y un hecho especialmente doloroso en julio, la muerte de un niño de 10 años en el cañón del Micay, tras un ataque con explosivos.
Para 2025, la violencia no dio tregua. Solo en Cali, cinco atentados con explosivos dejaron 11 personas muertas. Dos de los más graves ocurrieron en junio y agosto, cuando ataques coordinados impactaron barrios como Meléndez, Los Mangos y Manuela Beltrán. Las víctimas, en su mayoría civiles, también dejaron un rastro de viviendas destruidas y familias afectadas.
En agosto de ese año, un atentado cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, con camiones cargados de cilindros, dejó seis muertos y 70 heridos. La magnitud del ataque evidenció el nivel de riesgo al que se enfrentan las ciudades del suroccidente.
El Cauca, por su parte, ha sido escenario constante de hostigamientos. En Balboa, cinco militares murieron en 2025 tras un ataque a tropas. En la vía Panamericana, varios atentados han dejado muertos y heridos, incluyendo el caso del patrullero Juan David Grande Cantero, asesinado en marzo de 2026.
A esto se suma el uso creciente de drones para lanzar explosivos, especialmente en la zona rural de Jamundí, donde la gobernadora Dilian Francisca Toro alertó sobre al menos 28 ataques de este tipo en un solo mes.
En medio de este panorama, el atentado del 24 de abril en Cali se convierte en una pieza más de un rompecabezas complejo. La violencia, lejos de ser esporádica, muestra una persistencia que preocupa a las autoridades y mantiene en alerta a la población.
Mientras avanzan las investigaciones, la pregunta sigue abierta: cómo frenar una dinámica que, con distintas formas, continúa golpeando a una de las regiones más estratégicas del país.