El concejal Julián Forero anunció la preparación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por lo que califica como un presunto esquema de corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.
La denuncia, que también se radicará ante la Procuraduría, apunta a prácticas irregulares en la expedición de resoluciones sancionatorias de tránsito, donde se habrían utilizado sistemas automatizados basados en inteligencia artificial (IA) para sancionar a miles de conductores sin cumplir con los procedimientos legales establecidos.
Automatización masiva y violación del debido proceso
De acuerdo con el análisis jurídico presentado por Forero, la Secretaría de Movilidad estaría imponiendo multas de tránsito mediante resoluciones sancionatorias generadas de forma automática, sin la intervención real y personal de un inspector de tránsito.
El concejal sostiene que esta práctica vulnera el debido proceso consagrado en la legislación colombiana, ya que toda sanción administrativa debe estar precedida de un procedimiento formal que garantice el derecho de defensa y la valoración de pruebas.
El artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, modificado por el Decreto Ley 019 de 2012, exige que, en caso de que el ciudadano no comparezca tras un comparendo, la autoridad debe continuar el proceso en audiencia pública, practicar pruebas, valorar los hechos y motivar debidamente el fallo. El comparendo, por sí solo, no constituye prueba suficiente para la imposición de una sanción.
Según cifras oficiales de la Secretaría de Movilidad, en 2025 se impusieron 855.467 comparendos. Solo 1.792 conductores (el 0,2%) ejercieron su derecho a impugnar, mientras que 853.675 no lo hicieron y quedaron sujetos a procesos sancionatorios automáticos. La investigación de Forero puso en evidencia que la gran mayoría de estos procedimientos habrían sido resueltos sin audiencia, sin práctica de pruebas y sin motivación individualizada de las resoluciones.
El Sistema Fénix y las resoluciones a ritmo imposible
El eje de la denuncia se centra en el uso del sistema automatizado de inteligencia artificial conocido como “Sistema Fénix”. De acuerdo con la información recabada por el concejal, este sistema habría permitido que, solo en julio de 2025, una sola autoridad de tránsito firmara 89.912 actos administrativos sancionatorios.
Forero expuso que, bajo condiciones ordinarias de trabajo (ocho horas diarias, de lunes a viernes), esa cifra equivaldría a resolver aproximadamente nueve procesos por minuto, o una resolución cada seis segundos. Este ritmo resulta materialmente inviable si se respetaran las etapas y garantías del debido proceso.
En un video difundido en redes sociales, Forero afirmó: “Cuando a un conductor le ponen un comparendo, tiene dos caminos: impugnar ante la Secretaría para defenderse, o no comparecer y quedar sujeto a un trámite que, según la ley, debe hacerse ante una autoridad humana, con audiencia, revisión de pruebas y fallo motivado. Lo que ocurre es que la Secretaría está expidiendo resoluciones de manera automática, sin intervención real, y esto es ilegal”.
Implicaciones jurídicas y alcance de la denuncia
La denuncia subraya que estas prácticas no solo harían ilegales las multas, sino también todas las actuaciones derivadas de ellas: cobros persuasivos, procesos de cobro coactivo, embargos y suspensiones de licencias. Forero invoca la teoría del “fruto del árbol envenenado”, según la cual todo acto derivado de un procedimiento ilegal es igualmente nulo.
El concejal señaló que la legislación colombiana no permite que una IA reemplace a la autoridad de tránsito en la expedición de actos administrativos. Solo una persona puede decretar y practicar pruebas, valorar los hechos y firmar resoluciones, conforme a la Constitución y la ley. El incumplimiento de estos requisitos podría configurar el delito de prevaricato por acción, tipificado en el artículo 413 del Código Penal, por la expedición de resoluciones manifiestamente contrarias a la ley.
Próximos pasos y llamado a la investigación
Forero anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía contra la secretaria de Movilidad, el subdirector de Contravenciones y otras autoridades de tránsito que hayan prestado su nombre y firma para este procedimiento automatizado. “Seguiremos defendiendo los derechos de los bogotanos. Esto podría llegar a ser el escándalo más grande de la Secretaría de Movilidad”, afirmó.
La denuncia solicita una investigación exhaustiva para determinar la legalidad de las sanciones y la eventual responsabilidad penal, disciplinaria y administrativa de los funcionarios involucrados. Forero hizo un llamado a los conductores afectados para que estén atentos y ejerzan su derecho a la defensa, advirtiendo que la batalla legal por el respeto al debido proceso en materia de tránsito apenas comienza.