La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció sanciones por más de $1.379 millones a Bayer S.A. y a Comfenalco Quindío por vender medicamentos con sobreprecios de hasta 400% respecto a los valores máximos regulados.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó públicamente a la decisión y calificó los hechos de grave afectación a los recursos públicos destinados a la salud.
Asimismo, el jefe de Estado en su publicación reconoció el trabajo que viene realizando el superintendente de Industria y Comercio
En una publicación en X, Petro afirmó: “Bayer y Comfenalco subían el precio de los medicamentos hasta un 400% para estafar a la nación llevándose los dineros públicos destinados a la salud”. El mandatario añadió: “Buen trabajo superintendente de industria y comercio”.
De acuerdo con el comunicado oficial de la SIC, las sanciones recayeron sobre Bayer S.A., en calidad de laboratorio farmacéutico, y sobre la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Quindío, en su rol de mayorista en la ciudad de Armenia.
La autoridad constató la venta de medicamentos por encima de los precios máximos fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.
Las resoluciones expedidas por la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la SIC corresponden a investigaciones independientes. Las sanciones se originaron tras comprobar que ambas entidades comercializaron medicamentos en canales institucionales con precios superiores a los autorizados.
El comunicado detalla que, en el caso de Comfenalco Quindío, la SIC identificó que durante 2023 se vendieron al menos 26 medicamentos con sobrecostos que alcanzaron hasta el 400% sobre el precio máximo permitido.
Dentro de esos ejemplos, la autoridad citó el caso de Ferinject, un medicamento utilizado para el tratamiento de la anemia, que tenía un precio máximo de $82.752 y fue vendido por $413.760. También mencionó el medicamento Depo-Medrol, empleado para tratar enfermedades como la artritis, enfermedades autoinmunes, reumáticas y pulmonares, cuyo precio máximo era de $5.029 y se comercializó por $23.425.
La SIC enfatizó en su comunicado: “Exceder los precios regulados de medicamentos no es una irregularidad menor: es una conducta que afecta directamente los recursos públicos de salud, el acceso de los pacientes a tratamientos y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
Además, la entidad subrayó la sensibilidad del tema, considerando que los medicamentos sancionados son de uso frecuente y se emplean en tratamientos para enfermedades crónicas y hormonales.
El organismo supervisor explicó que las decisiones se adoptaron mediante las resoluciones No. 18856 de 2026 y No. 16791 de 2026. Ambas forman parte de las atribuciones legales de inspección y vigilancia sobre el régimen de control de precios de medicamentos.
El comunicado añade: “La SIC continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control en toda la cadena de comercialización de medicamentos -laboratorios, mayoristas, gestores farmacéuticos, IPS y demás agentes- para garantizar el cumplimiento de los precios regulados, el acceso de los pacientes a los medicamentos y la protección de los recursos del sistema de salud”.
La autoridad precisó que estas decisiones constituyen fallos de primera instancia y que contra ellas proceden los recursos de reposición y apelación.
Por su parte, la publicación de Gustavo Petro puso de relieve la magnitud de las irregularidades detectadas, al expresar que los sobreprecios representaban un grave perjuicio para los fondos públicos destinados a garantizar el acceso a la salud de la población.
La SIC concluyó que continuará ejerciendo su función de vigilancia sobre laboratorios, mayoristas, gestores farmacéuticos, IPS y otros agentes del sector, con el objetivo de asegurar la protección de los recursos públicos y el acceso de los pacientes a los tratamientos médicos regulados.
"La SIC continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control en toda la cadena de comercialización de medicamentos -laboratorios, mayoristas, gestores farmacéuticos, IPS y demás agentes- para garantizar el cumplimiento de los precios regulados, el acceso de los pacientes a los medicamentos y la protección de los recursos del sistema de salud. Estas decisiones corresponden a fallos de primera instancia y contra ellas proceden los recursos de reposición y apelación", aseveró la SIC.