El 16 de abril se llevó a cabo el segundo día de la audiencia de consolidación de aportes de verdad por parte de 38 exmilitares que participaron de los “falsos positivos” registrados en Boyacá y Santander.
Los comparecientes que pertenecieron al Grupo de Caballería Mecanizado General José Miguel Silva Plazas participaron de siete ejecuciones extrajudiciales que presentaron como bajas en combate entre 2006 y 2008 en Belén, Paipa, Duitama y La Uvita, en Boyacá; y en dos hechos registrados en Onzaga, Santander.
La diligencia fue presidida por el magistrado Mauricio García, que resaltó que en estos procesos se busca resolver la situación jurídica de aquellos comparecientes no considerados como máximos responsables en crímenes.
Sumado a ello, mencionó que los comparecientes deben cumplir con requisitos estrictos como aportar verdad detallada, reconocer su responsabilidad y comprometerse a llevar a cabo acciones de reparación para las víctimas y las comunidades de los municipios mencionados.
Uno de los hechos abordados fue el asesinato de Martín Rodríguez Núñez, registrado el 31 de marzo de 2008 en Paipa, Boyacá, en donde la víctima habría sido llevada a un lugar bajo engaños para ser presentada falsamente como un resultado operacional.
Durante la lectura se afirmó que el teniente Marcos Andrés Cristancho Acosta ordenó contactar a un intermediario para ubicar a una persona que pudiera ser presentada falsamente como baja en combate, bajo la presión por mostrar resultados operacionales, llegando al punto de que ofreció dos millones de pesos por la víctima.
Precisamente, Cristancho afirmó que su labor era “recolectar información, reunirme con fuentes, apoyar los procesos de judicialización y lograr la desmovilización de integrantes de la estructura del ELN que operaba, para ese momento, en el departamento de Casanare y en Boyacá”.
El exmilitar reconoció que los altos mandos en la región sabían de las irregularidades que se registraban. “Desde 2006, ya era costumbre que hicieran montajes. Lo puse en conocimiento y me dijeron que si no servía para inteligencia, me iban a dar de baja del Ejército y empecé a recibir presiones. Y terminé involucrándome en esta actividad ilegal”.
Otro caso destacado fue el narrado por el compareciente Omar Ricardo González, que confirmó la versión de Cristancho en otros casos de ejecuciones extrajudiciales, y señaló a un coronel de ordenar el traslado de las víctimas.
“El coronel Rivera estaba enterado de todo y todo se hacía porque él lo ordenaba. Sí había muchas presiones, tal como lo narró Cristancho”.
En la diligencia, el exmilitar José Antonio Pinzón Jaime confirmó la versión de los otros comparecientes y le pidió perdón a Esther Núñez Cruz, madre de Martín Rodríguez, presentado como un guerrillero abatido en combate.
“Agradezco a Dios la oportunidad de tenerla en frente de mí para decirle que yo le terminé la vida a usted y no sabe cuánto me arrepiento y me avergüenzo de todo lo que hice. Pero nada repara el daño y acepto mi responsabilidad, y no estoy en condiciones de pedirle perdón. No me excuso en las órdenes que me dieron mis comandantes”, dijo Pinzón, que recibió un abrazo por parte de la madre de uno de los jóvenes que asesinó.
“Esté tranquilo, mijo. Realmente, arrepiéntase de corazón. Por mí no sufra, no hay odio en mi corazón”, respondió Esther Núñez, lo que provocó que el magistrado se pronunciara para destacar la importancia de este tipo de procesos de reparación
“Nos están enseñando a vivir, a ser mejores seres humanos, a aprender y a recapacitar. Es un llamado a cambiar a Colombia”, indicó el magistrado García, que el 17 de abril presidirá la tercera y última audiencia por los nueve hechos de “falsos positivos” de este proceso.