La pobreza multidimensional en Antioquia registró una reducción en 2025, llegando al 9,5% de la población, según cifras del Dane. Esta cifra representa una baja de 1,4 puntos porcentuales respecto al 10,9% reportado durante 2024.
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) evalúa no solo ingresos, sino también condiciones de vida, identificando carencias en salud, educación, servicios públicos y empleo.
El análisis revela que las principales dificultades para los hogares del departamento se concentran en el bajo logro educativo, con un 35,1%, y el rezago escolar, que afecta al 16,4% de la población. Otra preocupación es el desempleo de larga duración, que pasó del 13,3% en 2024 a 15% en 2025.
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El indicador IPM, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, evidencia mejoras, aunque persisten desafíos en educación y acceso a oportunidades laborales para la población antioqueña.
Pronunciamiento de Andrés Julián Rendón: “Es el resultado de un trabajo colectivo”
Antioquia logró que 93.000 personas salieran de la pobreza durante el último año, según lo destacó el gobernador Andrés Julián Rendón en un mensaje difundido a través de la red social X.
El mandatario atribuyó este avance a un esfuerzo conjunto entre la administración departamental, el sector privado y la ciudadanía. “Este es el resultado de un trabajo colectivo: de nuestro Gobierno, del sector privado y de mis paisanos”, afirmó.
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Entre las estrategias implementadas, Rendón resaltó la importancia del pago del impuesto vehicular y una política de austeridad que permitió generar ahorros significativos, así como una cultura de cumplimiento fiscal que refleja la confianza de la población en la gestión gubernamental.
“Hoy estamos impulsando una revolución en infraestructura, en la lucha contra el hambre, en la calidad de vida de las mujeres y en la atención a la primera infancia”, señaló.
El gobernador subrayó que, a pesar de la falta de apoyo del Gobierno Nacional al Icbf y del congelamiento de recursos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), Antioquia ha mantenido su compromiso con la niñez.
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“Con nuestro programa Arrullos, liderado por mi esposa Susana, y la destinación del impuesto vehicular a la alimentación escolar, hemos fortalecido la atención a la primera infancia y aumentado la asistencia escolar”, explicó Rendón.
El mandatario insistió en la importancia de sostener estos esfuerzos, advirtiendo que “aún persisten muchos desafíos”.
En materia de salud, el panorama es motivo de preocupación para la administración departamental. Rendón alertó sobre dificultades crecientes en el acceso a servicios médicos, atribuibles a decisiones tomadas desde el Ejecutivo nacional.
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“Las barreras de acceso que construyó el gobierno Petro están afectando a todos: entre 2024 y 2025 casi se duplicó el número de antioqueños con dificultades para acceder a servicios de salud”, denunció.
El gobernador indicó que la afiliación al sistema ya no garantiza atención efectiva ni la entrega puntual de medicamentos, lo que ha derivado en un escenario de “dolores y muertes” para la población.
Rendón calificó el modelo de salud vigente como “fracasado”, responsabilizando a la intervención de las EPS y la ineficacia en el cumplimiento de promesas oficiales. A pesar de los obstáculos, la administración departamental anunció que mantendrá su enfoque en la superación de la pobreza, el fortalecimiento de la infraestructura social y la protección de los derechos de la infancia y la población vulnerable en Antioquia.
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Estas son las zonas más afectadas en Colombia
El reciente informe del Dane sobre pobreza multidimensional revela retrocesos significativos en zonas rurales. En Guainía, la incidencia subió 8,5 puntos porcentuales; en Cesar, el aumento fue de 8,3 puntos y en Meta se registró un alza de 8,2 puntos.
“Los mayores deterioros se concentran en la ruralidad”, indicó el documento, que utiliza el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) como base de análisis.
Este indicador examina dimensiones como educación, niñez, salud, empleo y acceso a servicios esenciales. Aunque el panorama nacional muestra una reducción general, persisten focos críticos en territorios puntuales.
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El estudio emplea proyecciones del Censo de 2018 y pone énfasis en las tasas de incidencia, reflejando desigualdades persistentes en áreas rurales del país.