El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, arremetió públicamente contra la administración de Gustavo Petro tras la decisión presidencial de trasladar a Bogotá a los internos de la cárcel La Paz de Itagüí implicados en la reciente fiesta vallenata celebrada en el penal.
En una declaración ante medios, Gutiérrez sostuvo que “ya se acabó su gobierno. Ya hicieron los bandidos lo que querían hacer durante cuatro años de su gobierno. ¡Qué daño le hizo al país!. Él se prestó para todo esto”, responsabilizando directamente al Ejecutivo de permitir la consolidación de estructuras criminales en los centros de reclusión.
El mandatario local también solicitó que se realicen investigaciones profundas sobre las actividades ilícitas ordenadas desde las cárceles en los últimos años, preguntando: “¿Cuántos homicidios ordenaron desde la cárcel durante estos años? ¿Cuántas extorsiones? ¿Cuántos secuestros? ¿Cuánta maldad desde adentro? Y lo peor, con la complacencia del Gobierno nacional, lo peor, con la complacencia de personas hoy que ostentan una curul en el Senado”.
Gutiérrez insistió en que la política de Paz Total impulsada por el gobierno Petro generó un ambiente favorable para el accionar de grupos delincuenciales, señalando a miembros del Congreso y funcionarios de alto nivel por, supuestamente, intervenir en favor de los cabecillas detenidos.
El alcalde cuestionó la presencia recurrente de la senadora Isabel Cristina Zuleta en la cárcel de Itagüí y la acusó de obstaculizar procesos judiciales contra familiares de los internos, mencionando que la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, habría confirmado parte de estas denuncias en declaraciones recientes a la prensa.
Contexto del escándalo en la cárcel de Itagüí
La controversia surgió tras la difusión de videos en los que se observa una parranda vallenata, con presencia del cantante Nelson Velásquez, licor, comida y equipos de sonido, realizada dentro de uno de los patios de la cárcel La Paz de Itagüí, un penal catalogado de máxima seguridad.
El evento, cuyo costo habría superado los $500 millones, habría sido organizado por cabecillas de bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, entre quienes figuran Albert Antonio Henao Acevedo (alias Albert), Rodrigo Henao Acevedo (Perica), Jhon Fredy Yepes Hoyos (Clemente), Mauricio de Jesús Morales Múnera (El Abogado), Andrés Dimaría Oliveros Correa (Mundo Malo), Fredy Alexander Henao Arias (Naranjo) y Gustavo Adolfo Pérez Peña (El Montañero).
La revelación de estos hechos generó una fuerte reacción política y social, poniendo en cuestión la capacidad del sistema penitenciario para ejercer control sobre los internos de alto perfil.
La fiesta fue considerada por el alcalde Gutiérrez como la “gota que rebosa el vaso” en una serie de irregularidades y delitos que, según él, se han cometido desde las cárceles con conocimiento del Gobierno nacional y la complicidad de algunos legisladores.
Respuesta del gobierno Petro y repercusiones
El presidente Gustavo Petro respondió días después de conocerse el escándalo, durante un consejo de ministros realizado en Ipiales, Nariño. El mandatario ordenó el traslado inmediato de los implicados a centros penitenciarios de Bogotá, afirmando: “Los señores que hicieron la fiestica salen de la cárcel, entran a otra trasladados, y es en Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”.
No obstante, para Gutiérrez, la medida resulta insuficiente y no aborda el trasfondo del problema. El alcalde sostuvo que durante los cuatro años de la administración Petro, las estructuras criminales han operado con mayor libertad desde los penales, y que la política de Paz Total solo ha servido para fortalecer el poder de los cabecillas.
En sus palabras: “Hay que acabar esa ley de paz total, porque no hubo paz total, hubo una entrega total del territorio a las estructuras criminales”.
El mandatario local también denunció amenazas directas contra su equipo de seguridad y contra él mismo, presuntamente ordenadas desde la cárcel, y reiteró que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y consignados en actas de los consejos de seguridad.
La polémica en torno a la fiesta en la cárcel de Itagüí salpicó a figuras del Pacto Histórico, especialmente a la senadora Isabel Zuleta, que lidera el equipo negociador del gobierno Petro con cabecillas criminales del Valle de Aburrá.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, confirmó que existen al menos cuatro indagaciones abiertas sobre la congresista, relacionadas con presuntas irregularidades en la cárcel, su rol en la negociación de paz y controversias previas.
El alcalde exigió al Congreso derogar la ley que respalda esta estrategia, asegurando que ha permitido la designación de gestores de paz y la excarcelación de personas vinculadas a organizaciones criminales. Al cierre de su declaración, Gutiérrez afirmó: “Nosotros aquí sí vamos a seguir dando la pelea en contra de las estructuras criminales, así nos amenacen, con la complacencia del Gobierno nacional inclusive”.