El partido Alianza Verde inicia formalmente su proceso de escisión tras la aprobación de la propuesta presentada por el senador Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, ante la Dirección Nacional de la colectividad.
La medida, impulsada tras meses de tensiones internas y desacuerdos sobre la orientación partidaria frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, fue avalada con 31 votos a favor, uno en contra y una abstención. Ahora, la validación de la solicitud será analizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tendrá la última palabra sobre la fragmentación del partido.
Así mismo, la figura también fue anunciada por Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, al considerar que la colectividad ya no cuenta con los principios y valores que lo caracterizaron en la política nacional.
“Yo estaba lista para anunciar mi apoyo a la exalcaldesa Claudia López… hoy íbamos a hacer el anuncio (...) pero esto es la demostración de que el petrismo ganó lo que quería y era destruir al Partido Verde”, comentó en diálogo a Blu Radio.
Según lo expuesto por Juvinao a la cadena radial, el partido quedaría fragmentado en tres sectores: uno que respalda la negociación con el progresismo de Cepeda y el actual gobierno; un segundo inclinado hacia la derecha política u otros sectores alternativos, y un tercero, liderado por Juvinao y la senadora Angélica Lozano, que buscaría una alternativa de centroizquierda inspirada en la “Ola Verde” que impulsó Antanas Mockus en 2010.
La representante explicó que estos pasos responden a la necesidad de recuperar lo que representaba la Ola Verde. “Nos parece el momento oportuno para recuperar lo que representaba la Ola Verde”, afirmó Juvinao al anunciar la inminente presentación de la solicitud de escisión.
Esto no solo generó un cúmulo de reacciones al interior de la colectividad verde, tanto a favor como en contra. También, ha reactivado la discusión sobre este mecanismo que es poco comprendida por la opinión pública.
En qué consiste la escisión política
A diferencia de una simple renuncia, la escisión política implica una ruptura colectiva, regulada en Colombia por la Ley 1475 de 2011 y supervisada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Este mecanismo, aunque poco frecuente en la historia política reciente, tiene consecuencias profundas: no solo otorga la posibilidad de crear una nueva fuerza o reubicarse en otra existente, sino que exige pruebas de autonomía electoral con el reto de superar el umbral del 3% de votos válidos a nivel nacional para mantener representación.
El procedimiento de escisión requiere que la decisión se tome en los órganos de dirección del partido y que el CNE la apruebe. El aval del Consejo Nacional Electoral es determinante porque habilita al nuevo grupo para otorgar avales, recibir financiación estatal y participar legalmente en elecciones, funciones reservadas solo a agrupaciones reconocidas como partidos por la personería jurídica.
En términos prácticos, los legisladores que forman parte de una escisión pueden mantener sus curules en el Congreso y conservar su espacio institucional.
Esta autonomía les concede libertad para diseñar alianzas y estrategias electorales propias, elemento crucial para quienes buscan influir en el escenario político con independencia de la estructura partidista original.
La proliferación de escisiones en el sistema partidista colombiano incrementa la fragmentación del escenario político. La multiplicación de siglas en el tarjetón electoral, sumada a la pérdida de disciplina de bancada, introduce mayor confusión en un electorado que se enfrenta a una oferta cada vez más dispersa, generando dificultades tanto para la gobernabilidad como para la identificación de proyectos políticos.
Historia de la escisión política en Colombia
La figura de escisión política ha transformado en dos ocasiones el panorama partidista en Colombia, permitiendo que sectores disidentes consoliden partidos nuevos con reconocimiento legal y representación propia, un proceso con importantes repercusiones sobre la arquitectura del sistema político nacional.
El antecedente pionero de este mecanismo se remonta a 2020, cuando el senador Jorge Enrique Robledo, al frente del sector del MOIR dentro del Polo Democrático Alternativo (PDA), impulsó por primera vez una escisión formal en la historia política reciente de Colombia. El desencadenante fueron diferencias irreconciliables sobre la postura frente a Gustavo Petro y la definición de la identidad política del partido.
La separación se realizó de común acuerdo: en octubre de 2020 el Congreso Nacional del Polo aprobó, con mayoría amplia, que el sector de Robledo se desprendiera de la colectividad, con autorización para conservar una proporcionalidad en la personería jurídica.
Este punto fue determinante para el aval posterior del CNE, que reconoció la naturaleza formal y colectiva —y no meramente individual— de la escisión. Así, en marzo de 2021, quedó formalmente constituido el partido Dignidad, el primero en Colombia nacido bajo esta figura jurídica.
Recientemente, el partido En Marcha, liderado por el exministro Juan Fernando Cristo, protagonizó una prolongada batalla judicial que redefinió los límites legales de la escisión partidista. Tras su salida del Partido Liberal en 2018 —en desacuerdo con la dirección de César Gaviria—, Cristo encabezó un sector que exigió reconocimiento formal de sus derechos como disidencia organizada.
El reconocimiento inicial fue concedido por el CNE entre 2022 y 2023, pero fue anulado posteriormente por el Consejo de Estado, al considerar que la agrupación no había acreditado el umbral legal de votos bajo su nueva denominación.
Sin embargo, en una etapa posterior, la Corte Constitucional ordenó restituir su personería mediante una acción de tutela, fijando un precedente para los derechos de facciones disidentes electas en acuerdos políticos previos.