El paro campesino en Santander y Norte de Santander llegó a su fin tras seis días de bloqueos que alteraron la movilidad y golpearon la economía regional. La decisión se tomó luego de un acuerdo firmado entre voceros de los manifestantes y el Gobierno nacional, lo que abrió paso a la reapertura de las principales vías afectadas.
La jornada de cierre se registró después de intensas conversaciones en las que ambas partes lograron puntos de entendimiento frente a las reclamaciones del sector rural. Con la firma del acta, los líderes del paro anunciaron el levantamiento inmediato de las protestas, que también tuvieron eco en zonas como Armenia y varios municipios de Boyacá.
El fin de la jornada de movilización se produjo luego de un proceso de diálogo que avanzó por etapas y que tuvo como eje central la revisión de los avalúos catastrales. Aunque inicialmente el acta no contaba con la firma del ministro del Interior, Armando Benedetti, los voceros señalaron que el documento sería suscrito posteriormente, lo que dio respaldo institucional al acuerdo; con esto, se autorizó el despeje de los corredores viales y el retorno progresivo de la movilidad en el departamento.
Diálogo entre Gobierno y manifestantes permitió reabrir vías
Armando Benedetti anunció a través de su cuenta oficial en la red social X que se levantó el paro en los departamentos, tras alcanzarse un acuerdo entre los voceros de los manifestantes y el Gobierno nacional. Según su post, el entendimiento se logró con el acompañamiento de las autoridades en un proceso de diálogo orientado a destrabar los bloqueos que afectaron la región.
En su mensaje, el funcionario señaló que el acuerdo contempla ajustes en los avalúos catastrales en los municipios involucrados, además de la instalación de mesas técnicas con la participación de alcaldes y voceros campesinos.
“Se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno nacional para ajustar los avalúos catastrales en cada uno de los municipios afectados en Santander, mesas técnicas con los alcaldes y voceros, entre otros puntos”, escribió Benedetti.
Eduard Achila, uno de los voceros de la protesta, explicó que el entendimiento alcanzado contempla la realización de nuevos estudios prediales en cada municipio. Según su declaración para Noticias Caracol, el objetivo es “hacer un estudio de nuevo para aclarar y hacer unos avalúos justos a nuestros predios”, al advertir que los ajustes actuales generaron inconformidad entre los campesinos por presuntos incrementos desproporcionados.
En medio de la conversación, el representante de los manifestantes afirmó que la situación llegó a tal punto que el cierre de vías se convirtió en la única herramienta de presión. “Es lamentable que para hacernos sentir del Gobierno tengamos que bloquear la vía”, dijo, al tiempo que atribuyó responsabilidad al Gobierno nacional por el manejo del proceso catastral.
El acuerdo contó con la participación de autoridades departamentales y municipales. Según lo expresado, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, el alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez Calderón, y una mesa técnica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) intervinieron en la construcción del documento que permitió destrabar el conflicto y avanzar hacia el levantamiento del paro.
Estos son algunos de los puntos a los que llegaron a un acuerdo
Dentro de los compromisos establecidos se incluyó la revisión integral de la información catastral en cada territorio. Los equipos técnicos deberán analizar datos de notaría, registros prediales y demás soportes administrativos con el fin de identificar posibles errores, inconsistencias o sobrevaloraciones en los avalúos.
El vocero explicó que el proceso no se limitará a una revisión general, por lo que señaló que en los predios considerados especiales se hará una verificación caso por caso, con visitas técnicas y acompañamiento institucional, con el fin de resolver las inconformidades planteadas por los propietarios rurales.
Otro de los puntos centrales del acuerdo se relaciona con la instalación de mesas de trabajo en los municipios. Estas iniciarán en Lebrija y contarán con la participación de autoridades locales, concejales y delegados técnicos, que tendrán la tarea de revisar las reclamaciones de manera directa en cada territorio.
Durante la negociación también se discutió el tiempo requerido para la atención de las quejas, mientras el Igac propuso un plazo de dos semanas, desde la Gobernación de Santander se planteó extender el proceso a un mes, con el fin de analizar de forma detallada cada caso y evitar decisiones apresuradas.
Con el levantamiento del paro, las autoridades iniciaron el proceso de verificación del restablecimiento total del tránsito. Transportadores y comunidades rurales comenzaron a retomar sus actividades habituales, mientras los sectores productivos evalúan los impactos económicos dejados por los días de bloqueo.