La exministra de Justicia Ángela María Buitrago denunció presiones, críticas y amenazas en las mesas de negociación con la Oficina de Envigado vinculadas con el proceso de paz en Colombia, advirtiendo que estas prácticas generan riesgos graves para la integridad de los mecanismos de diálogo y la implementación de la política penitenciaria.
En declaraciones a La FM, Buitrago cuestionó el uso del poder en los espacios de negociación y subrayó que se debe analizar con rigor la legitimidad de las acciones que afectan tanto al sistema carcelario como a la política de paz.
Uno de los datos más singulares aportados por la exfuncionaria es la afirmación de haber recibido amenazas directas mediante llamadas y mensajes, en las que fue advertida de ser considerada responsable de una eventual ruptura del proceso de paz.
Al referirse a una senadora cuyo nombre no reveló, la exministra relató: “La presión y la permanente crítica, con incluso amenazas muy fuertes”, y enfatizó que fue testigo directo de esas comunicaciones intimidatorias, reiterando: “En donde me amenazaba con que yo iba a ser responsable de la ruptura del proceso de paz”, según recogió el medio citado.
La crítica al otorgamiento de privilegios y el caso de la cárcel de Itagüí
La exministra Ángela María Buitrago advirtió que no es aceptable conceder beneficios indebidos a quienes participan en las mesas de negociación. “No por estar sentados a la mesa se le pueden dar privilegios”, aseguró en su análisis sobre decisiones recientes en materia penitenciaria.
En particular, sobre el manejo carcelario a partir del allanamiento realizado en la cárcel de Itagüí, Antioquia. De acuerdo con su testimonio a La FM, aunque ella no ordenó el procedimiento, tras el operativo hubo insistentes reclamos para que se restituyeran elementos incautados como prohibidos a personas privadas de la libertad. Buitrago ligó estos reclamos a la senadora Isabel Zuleta, que, según la extitular de la cartera de Justicia, habría mostrado interés en la destinación de los objetos decomisados durante la intervención penitenciaria.
La solicitud para organizar un evento dentro del recinto, que terminó en una fiesta en el interior de la cárcel, fue realizada por una persona responsable de coordinar las mesas sociojurídicas, detalló Buitrago en su diálogo con el informativo radial. En efecto, sostuvo que las personas asistentes provenían de distintos reclusorios y que la petición no cumplía los requisitos de ley. Conforme a su relato, “esas personas que estaban allí incluso estaban en cárceles separadas y a través de una petición que encuentro yo que no cumplía los requisitos de ley”.
En la crítica sobre el manejo de los internos y el tipo de eventos permitidos dentro del establecimiento, Ángela María Buitrago fue taxativa: “Esto es impensable en un centro carcelario”, remarcando que este tipo de actuaciones resultan “absolutamente contrario a las leyes del manejo de las cárceles”, según afirmó a La FM.
Al insistir en la gravedad de las irregularidades identificadas, la exministra de Justicia postuló que los acontecimientos deben ser sometidos a un análisis minucioso dentro del debate sobre la paz y el funcionamiento del sistema penitenciario, ya que comprometen la legitimidad y eficacia de la política criminal colombiana.
Gustavo Petro ordena traslado a Bogotá de presos por parranda vallenata en cárcel de Itagüí
El presidente Gustavo Petro anunció el traslado inmediato de los cabecillas de bandas criminales implicados en la fiesta celebrada dentro de la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, hacia un centro penitenciario en Bogotá. La declaración se realizó durante el consejo de ministros de este lunes 13 de abril, tras la polémica generada por la difusión de imágenes en las que se observa una celebración con la participación del cantante Nelson Velásquez.
“Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra, trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, afirmó Petro. El mandatario expuso que la medida busca poner fin a las irregularidades que se evidenciaron y restablecer la autoridad en el sistema penitenciario.
Además, advirtió a quienes pretendan aprovechar los diálogos de paz para actividades ilícitas y mencionó una reducción reciente de cultivos de hoja de coca en el país, atribuyendo estos resultados a las políticas de su administración.