La Defensoría del Pueblo informó que en Colombia se han registrado más de 11.900 quejas relacionadas con la entrega de medicamentos, durante la mesa técnica sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) realizada en la Corte Constitucional.
El informe fue presentado por Claudia Vaca, delegada de la Defensoría del Pueblo, quien expuso un balance sobre las principales dificultades en el acceso a los servicios de salud en el país, con base en información recopilada en distintas regiones y fuentes institucionales.
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La entidad explicó que las dificultades del sistema tienen un carácter estructural, pero en los últimos años se ha evidenciado una mayor presión sobre el acceso a servicios, en particular en la disponibilidad y entrega de medicamentos.
La Defensoría señaló además que la principal causa de reclamos en salud corresponde a la oportunidad en la entrega de medicamentos, con más de 11.900 quejas registradas en 2025.
Además, indicó que la negación o entrega incompleta de medicamentos representa el 32% de las quejas a nivel nacional, lo que refleja una problemática recurrente en el suministro de tratamientos a los usuarios del sistema.
El informe también detalla que el 67% de las quejas recibidas se concentran en cinco tipos de afectaciones relacionadas con el acceso a servicios de salud, entre ellas demoras en citas médicas, medicina general y atención especializada.
Intervención de Claudia Vaca ante la Corte Constitucional
Durante su intervención en la mesa técnica sobre la UPC, Claudia Vaca presentó cifras del sistema de salud y explicó que los mayores problemas se concentran en el acceso a medicamentos incluidos dentro del plan de beneficios.
La funcionaria señaló que la información disponible evidencia un incremento sostenido de las barreras de acceso, con impacto directo en la entrega de tratamientos y servicios básicos.
En su exposición también indicó que el comportamiento de estas cifras se relaciona con la forma en que se financian los medicamentos dentro del sistema, especialmente aquellos cubiertos por la UPC.
Presión financiera y aumento del gasto en salud
La Defensoría informó que el gasto en medicamentos alcanzó en 2025 más de 88 billones de pesos, lo que representa una de las principales cargas dentro del sistema de salud.
De acuerdo con la entidad, esta situación se desarrolla en medio de dificultades en el flujo de recursos y diferencias entre los actores del sistema sobre las cifras de deuda, lo que afecta la estabilidad financiera general.
La Defensoría también señaló que, aunque el país destina más del 8% del Producto Interno Bruto al sistema de salud, persisten problemas relacionados con la eficiencia en la administración de los recursos.
Aumento de tutelas y presión sobre el sistema
Según el informe presentado ante la Corte Constitucional, las acciones de tutela en salud aumentaron un 34% entre enero de 2024 y julio de 2025.
La entidad explicó que este incremento refleja el uso frecuente de mecanismos judiciales por parte de los ciudadanos para garantizar la entrega de medicamentos y el acceso a servicios médicos, ante dificultades en la atención oportuna.
Gasto de bolsillo en los hogares
La Defensoría también reportó cambios en el gasto de los hogares en salud. El gasto de bolsillo pasó de 15,8% en 2019 a 17,2 % en 2024, con variaciones significativas entre regiones del país.
En algunos departamentos, este indicador puede llegar hasta el 30%, lo que representa una mayor carga económica para los hogares, especialmente aquellos con menores ingresos.
Factores asociados a la situación del sistema
La entidad identificó varios factores que inciden en las dificultades del sistema de salud, entre ellos el flujo irregular de recursos, la falta de transparencia en la gestión financiera y las diferencias en las cifras de deuda reportadas por los actores del sector.
También mencionó la inestabilidad en la operación del sistema como un elemento que afecta la prestación de servicios y la continuidad en la entrega de medicamentos.
Llamado institucional
La Defensoría del Pueblo señaló la necesidad de garantizar la liquidez del sistema de salud para su adecuado funcionamiento y de avanzar en una discusión sobre la sostenibilidad del plan de beneficios.
Asimismo, planteó la importancia de fortalecer la gobernanza del sistema, mejorar la transparencia en la administración de recursos, reforzar la rendición de cuentas y definir con mayor claridad las responsabilidades de los actores públicos y privados en la garantía del derecho a la salud.