A través de un comunicado, portavoces oficiales de la cadena de farmacias Cruz Verde Colombia anunciaron que no se renovará el convenio de dispensación de medicamentos con Sanitas EPS, el cual finalizará el 30 de septiembre de 2026.
La decisión ya fue notificada por la cadena de droguerías a la EPS y a las autoridades competentes, según informaron los voceros de la empresa.
Durante el periodo restante del contrato, en Cruz Verde se garantizará la continuidad en la entrega de medicamentos a los usuarios de Sanitas, conforme a los términos acordados, y brindará acompañamiento tanto a la EPS como a los nuevos gestores farmacéuticos que sean designados para asumir la prestación del servicio.
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“Cruz Verde reconoce la importancia de mantener el acceso de los usuarios a medicamentos y otros productos necesarios para asegurar el goce efectivo de su derecho fundamental a la salud” constó en el documento oficial.
Desde la empresa farmacéutica indicaron que la decisión se notificó con seis meses de anticipación para permitir “una transición ordenada” y asegurar el acceso de los usuarios a los medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
También reiteraron su compromiso con la salud y el bienestar de los colombianos, de manera que continuarán operando como cadena de droguerías en todo el país.
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Informe de la Procuraduría cuestionó la gestión estatal en EPS intervenidas y alerta sobre crisis financiera
Un informe de la Procuraduría General de la Nación evidenció graves deficiencias en la gestión de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo intervención estatal, con pérdidas patrimoniales superiores a $12 billones y una deuda que alcanzó $30,4 billones a finales de 2024.
El reporte, divulgado por Semana, adviertió que el 75% de las aseguradoras incrementó sus gastos administrativos tras la entrada del Ejecutivo en su operación y que siete de cada diez EPS intervenidas reportaron mayor siniestralidad que antes de la intervención.
La procuradora delegada para el sector salud, Mónica Ulloa, señaló que el sistema exhibe una marcada fragilidad financiera y funcional, lo que ha afectado el acceso oportuno y de calidad para el 44% de los afiliados.
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El informe cuestionó la ausencia de planes claros y de control efectivo por parte de los interventores, así como la falta de respuestas de fondo del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud frente a los requerimientos del órgano de control.
"No hay plan, no hay vigilancia concreta ni medidas efectivas por parte de esos agentes interventores para garantizar la entrega oportuna de medicamentos y la prestación del servicio de salud en oportunidad, calidad y eficiencia“, dijo.
El documento también detalló sanciones a interventores de varias EPS por incumplimientos e ineficiencias. Entre marzo y los meses siguientes de 2025, la Procuraduría suspendió temporalmente a los responsables de Savia Salud, Servicio Occidental de Salud (SOS), Coosalud, AsmetSalud y Capresoca, debido a aumentos en siniestralidad, deterioro financiero, incremento de tutelas y peticiones ciudadanas, así como considerables pérdidas patrimoniales.
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En el caso de la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con más de 11 millones de afiliados, la Procuraduría alertó sobre la falta de auditoría y de estados financieros actualizados tras el vencimiento de la intervención estatal en abril de 2025. Esta situación ha generado incertidumbre jurídica y administrativa, mientras el Gobierno evalúa una posible extensión de la medida de intervención.
El informe revela, además, que los mecanismos judiciales, como las tutelas, se han convertido en la principal vía para exigir el acceso a servicios de salud.
Hasta diciembre de 2024, la Corte Constitucional registró más de 312.000 tutelas por fallas en el sistema, el doble respecto a 2022, y los incidentes de desacato aumentaron 183%, evidenciando una violación reiterada al derecho a la salud de los usuarios de EPS intervenidas.
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