Las amenazas de muerte contra la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, conocidas el domingo 12 de abril de 2026, obligaron al Gobierno a detallar los mecanismos de seguridad habilitados para proteger a todos los aspirantes. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, desde el 19 de junio de 2025 se han activado medidas sin precedentes para blindar el proceso electoral en el país.
Según el jefe de la cartera política en su perfil de X, en la que previamente había rechazado las intimidaciones contra la congresista, estas garantías se establecieron incluso antes de que los precandidatos formalizaran su inscripción. Lo anterior, por desgracia, tras el atentado sufrido por el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio de 2025, que derivó en su muerte.
De acuerdo con los datos de Benedetti, el volumen de recursos destinados a la protección es inédito: en las consultas del 8 de marzo de 2026, el Gobierno asignó 253 personas de protección, 381 policías, 92 vehículos blindados y 52 vehículos convencionales para resguardar a 77 precandidatos presidenciales y vicepresidenciales; a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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Y, ya en la campaña formal, el contingente se ajustó con 100 escoltas, 129 policías, 37 vehículos blindados y 24 vehículos convencionales destinados a los aspirantes definitivos: que en la actualidad son 13, tras la reciente renuncia de la congresista Clara López, que adhirió a la candidatura de su colega, Iván Cepeda, considerado ficha del oficialismo para buscar la reelección del proyecto político.
Benedetti precisó que la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales ha garantizado el acompañamiento permanente de la Policía, el Ejército y la Armada en todos los desplazamientos de campaña en el territorio nacional. Con ello, quiso dar un parte de tranquilidad a los que adelantan su ejercicio político con miras a la jornada del 31 de mayo de 2026 en el país.
¿Cuáles fueron las amenazas de muerte contra la senadora Paloma Valencia?
La congresista y su equipo expusieron que circuló en redes un montaje digital con su foto en blanco y negro, una corona de flores, el mensaje “Descanse en paz” y las fechas “1978-2026”. Una publicación que se sumó a los actos de vandalismo en su sede en Bucaramanga, el sábado 11 de abril, y otros hostigamientos digitales. Estos sucesos causaron una fuerte reacción en la escena política.
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Frente a esto, la senadora insistió en la urgencia de “una Colombia sin miedo y segura” y agradeció públicamente las muestras de solidaridad recibidas, entre ellas la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el también aspirante Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay e, incluso, del candidato Iván Cepeda, que rechazó cualquier expresión violenta contra los candidatos que están en la disputa.
“No vamos a parar hasta conseguir una Colombia segura, una Colombia donde cualquiera pueda expresar lo que piensa sin que lo amenacen, sin que le destruyan su sede, sin que podamos tener un país donde los violentos deciden a dónde pueden ir los candidatos y a dónde no, y donde los violentos le dicen a los colombianos por quién votar. Estamos para cambiar todo eso”, expresó la senadora.
Luego de conocerse estas intimidaciones, el Ministerio de Defensa reiteró que sigue vigente el ofrecimiento de hasta $1.000 millones por información que conduzca a identificar a los responsables de ataques o amenazas contra candidatos presidenciales. Con ello, se buscarían agilizar las investigaciones en curso dentro de la Fiscalía General de la Nación y desactivar cualquier amenaza.
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Por su parte, la defensora del Pueblo Iris Marín también se unió a los llamados de protección y exigió priorizar la búsqueda de los responsables de los hostigamientos y garantizar el ejercicio de la oposición política, tras el pedido expreso a la Fiscalía. Así, a 49 días de la primera vuelta presidencial, el Ejecutivo prevé que todos los participantes de este proceso electoral puedan tener plena seguridad.