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El Gobierno Nacional incluirá a ‘Diego Optra’ y ‘Mapaya’, líderes de los Shottas y los Espartanos, en los diálogos de paz en Buenaventura

El siguiente paso consistirá en definir criterios sociales que permitan reconstruir la confianza perdida en la ciudadanía y en los jóvenes desvinculados

La iniciativa pública busca facilitar el desmonte de organizaciones delictivas mediante conversaciones directas con cabecillas, con el propósito de promover el abandono de la violencia y la incorporación a la vida cívica - crédito Comisionado de Paz

El proceso de paz en Buenaventura avanza hacia una nueva etapa tras el anuncio del delegado del Gobierno Nacional sobre la intención de incluir a los líderes conocidos como Diego Optra y Mapaya en los diálogos con las bandas Shottas y Espartanos.

El enfoque principal de este esfuerzo es el desmantelamiento de estructuras criminales y la transición a la vida civil de quienes han sido parte de estos grupos.

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El Gobierno nacional tiene como prioridad establecer un diálogo directo con los cabecillas de las bandas criminales en Buenaventura. El objetivo es desarticular estas organizaciones y abrir posibilidades reales para que sus integrantes abandonen la violencia y adopten un modelo de convivencia dentro de los derechos y deberes ciudadanos.

“Queremos avanzar nosotros de manera mucho más estratégica. Y hoy estamos diciendo: vamos a adelantar un proceso de conversación con los líderes de las bandas, hoy están en manos de las autoridades, con el propósito de construir con ellos un camino que permita el desmonte de sus estructuras”, afirmó el delegado del Gobierno nacional.

Alias Diego Optra, líder de los Shottas - crédito Colprensa

El portavoz oficial envió un mensaje a Shottas y Espartanos: “El Gobierno nacional también está construyendo una ruta que allane y facilite el proceso de transformación de sus vidas, de tránsito a la vida civil, a una vida de derechos y deberes.”

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Ruta de transición y condiciones para la reintegración

“Nosotros queremos generarle condiciones para que esos muchachos que han estado atrapados en la violencia en Buenaventura tengan la oportunidad de reivindicar sus vidas y, de paso, de reconciliarse con la sociedad, con la comunidad de Buenaventura, que tanto daño le han hecho”, afirmó el delegado del Gobierno nacional.

El delegado sostuvo que la apuesta del Gobierno es real y que se centra en quienes estén dispuestos a dejar atrás la criminalidad, siempre bajo el compromiso de integrarse plenamente a la vida ciudadana.

El compromiso de desmantelamiento y las definiciones sobre la paz

El representante del Gobierno hizo énfasis en la importancia de este momento: “Entonces, nosotros creemos que llegó la hora de la verdad, llegó la hora de tomar decisiones y la vida nos impuso condiciones para que esa, para que esa ruta la asumamos desde ahora”.

Jorge Isaac Campaz, alias Mapaya, cabecilla de los Espartanos - crédito Policía Nacional

Además, recalcó la urgencia de la meta inmediata: “Y desde ahora tiene que terminar justamente con el desmonte de las bandas criminales en Buenaventura”.

El funcionario subrayó que, si bien esta iniciativa no constituye una paz completa, constituye un paso necesario para propiciar un nuevo escenario social y jurídico en la ciudad.

Según el delegado, el proceso constituye un avance imprescindible para quienes esperan una transformación verdadera en Buenaventura, aunque no implique una solución definitiva al conflicto.

Las bandas Shottas y Espartanos dominan el puerto colombiano con extorsiones

Buenaventura, el principal puerto del Pacífico colombiano, enfrenta una ola de extorsión sistemática que afecta tanto a grandes como a pequeños comerciantes, quienes se ven obligados a entregar sumas que pueden llegar a 50 millones de pesos mensuales para evitar represalias de las bandas criminales Shottas y Espartanos.

La reiterada presión de estos grupos no solo erosiona la economía local. También perpetúa un clima de miedo e incertidumbre que se refleja en la vida cotidiana y la educación, según la alerta emitida por monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de la ciudad.

Imagen de referencia. Bandas colombianas desatan ola de violencia en Santiago de Chile - crédito Colprensa

El monto exigido a los comerciantes por las estructuras criminales no es homogéneo: mientras los dueños de negocios más amplios pagan sumas de hasta 50 millones de pesos al mes, la mayoría de los pequeños empresarios debe entregar pagos de entre cinco millones hasta un millón de pesos mensuales, de acuerdo con el informe oficial.

La situación es aún más dramática para quienes viven con menores ingresos. Monseñor Rubén Darío Jaramillo detalló a medios locales que “una persona de un estrato bajo, que tiene una tienda pequeña, debe pagar $300.000 o $400.000 cada mes, casi que trabajan para los bandidos, así nadie resiste”. La presión ejercida conduce a numerosos cierres de negocios, lo que agrava el panorama socioeconómico y deja secuelas directas en la vida cotidiana de los habitantes de Buenaventura.

Las consecuencias trascienden el ámbito financiero. La violencia y la amenaza constante de las bandas criminales han provocado una marcada inasistencia escolar, según el artículo de Infobae: “las calles están vacías e incluso los padres no están mandando a sus hijos a estudiar ni al colegio, ni a la universidad”.

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