La Fiscalía General de la Nación habría revisado cerca de 13.000 interceptaciones telefónicas legales, avaladas por jueces y realizadas a través de la Plataforma Esperanza, y no habría encontrado ninguna que se esté adelantando sobre el número del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
Así lo reveló Blu Radio, en medio de la controversia generada por declaraciones del presidente Gustavo Petro, lo que abriría interrogantes sobre el origen de la información divulgada desde la Casa de Nariño.
De acuerdo con la emisora, la verificación se habría iniciado luego de que el mandatario hiciera referencia pública a supuestas interceptaciones relacionadas con el candidato.
A partir de ese momento, la Fiscalía habría activado un proceso interno de revisión, teniendo en cuenta que es la única entidad autorizada en Colombia para ordenar y ejecutar interceptaciones legales, siempre bajo control judicial.
Según lo reportado por Blu Radio, el análisis habría incluido aproximadamente 13.000 interceptaciones vigentes, todas solicitadas por fiscales en el marco de investigaciones judiciales y avaladas por jueces de la República.
Estas diligencias se canalizarían mediante la Plataforma Esperanza, el sistema oficial que centraliza las interceptaciones en el país y que cuenta con estrictos controles legales.
Tras el barrido técnico, la conclusión preliminar —según la emisora— sería que no existiría ninguna interceptación en curso dirigida al número telefónico de De la Espriella.
Este resultado debilitaría las versiones que empezaron a circular desde sectores del Gobierno sobre la supuesta información en poder del presidente y pondría en entredicho la narrativa oficial que se había construido tras sus declaraciones.
La controversia, sin embargo, empezó tras las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien señaló públicamente la existencia de comunicaciones que vincularían al candidato presidencial Abelardo de la Espriella con miembros de la familia Bautista, relacionados con la firma Thomas Greg & Sons.
Estas declaraciones fueron calificadas como “gravísimas” por la fiscal general Luz Adriana Camargo, según lo expuesto en entrevista con Caracol Radio. Camargo expresó preocupación no solo por la gravedad de los señalamientos, sino por el conocimiento anticipado que demostró el presidente sobre procesos judiciales de carácter reservado.
De acuerdo con sus declaraciones, la Fiscalía General de la Nación maneja actualmente más de 13.000 interceptaciones activas, todas bajo orden judicial y vinculadas a miles de investigaciones, lo que refleja la dimensión del sistema de seguimiento legal en el país.
En ese contexto, la fiscal reiteró que estos procedimientos tienen un carácter “reservadísimo” y que no es posible acceder a su contenido sin la autorización de un juez y un fiscal.
“No hay forma de conocer el detalle ni el contenido”, explicó, subrayando que se trata de actuaciones que implican una intromisión legal en la vida privada y que, por tanto, están estrictamente reguladas.
La situación también generó una fuerte reacción por parte de De la Espriella, quien rechazó categóricamente cualquier vínculo con los llamados “hermanos Bautista” o con la empresa mencionada. El candidato retó al presidente a presentar pruebas de sus afirmaciones y aseguró que, de comprobarse los hechos, renunciaría a su aspiración presidencial.
En paralelo, el equipo jurídico del candidato interpuso una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Petro y funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, por una supuesta interceptación ilegal de comunicaciones.
Este recurso está sustentado en el artículo 192 del Código Penal, que sanciona la interceptación ilícita de datos.
El impacto político fue inmediato. Sectores de la campaña del candidato advirtieron que se trataría de un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, al involucrar presuntamente al jefe de Estado en la divulgación de información sensible en pleno proceso electoral.
Además, se señaló que, debido a alertas de seguridad, el candidato tuvo que modificar parte de su agenda en regiones como Córdoba y Sucre, lo que evidencia el nivel de tensión generado por la controversia.
Por su parte, la fiscal Camargo indicó que, aunque la revisión sigue en curso, no se ha podido establecer la existencia de interceptaciones directas contra el candidato. No obstante, aclaró que algunas líneas de investigación podrían incluir interlocutores indirectos, lo que mantiene abierta la verificación.