El representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, solicitó el martes 7 de abril a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, que ejerza la excepción de inconstitucionalidad para dejar sin efecto las resoluciones del Gobierno de Gustavo Petro que otorgan la calidad de gestores de paz a integrantes de estructuras criminales, lo que ha derivado en la suspensión de órdenes de captura.
Cadavid, que resultó electo senador para el periodo 2026-2030, planteó que la función de la Fiscalía es defender la Constitución por encima de las directrices del Ejecutivo, y advirtió sobre los riesgos institucionales que, considera, implica la continuidad de estas suspensiones para la población civil, que ha sido víctima del accionar de estas bandas que operan, según las autoridades, en Medellín y el Valle de Aburrá.
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Durante 2025, la Fiscalía suspendió un total de 23 órdenes de captura contra líderes de bandas criminales vinculados a negociaciones con el Gobierno nacional por el proyecto de ‘Paz Total’. Con la resolución 0079 se revocó la suspensión de 16 de estas órdenes de captura, con lo que permanecieron activas solo siete suspensiones, entre ellas la de Gustavo Adolfo Pérez, alias El Montañero, cabecilla de la banda El Mesa.
El pronunciamiento de Cadavid se sumó a otros que expresaron una fuerte crítica al proceso de paz urbana que lidera la administración del presidente de la República, Gustavo Petro. Según el congresista de oposición, “esas estructuras son los aliados del Gobierno para quedarse con las elecciones presidenciales. Su obligación es con la Constitución y no con el Gobierno”, afirmó en la plenaria de la Cámara.
¿Qué es la excepción de inconstitucionalidad?
La figura de excepción de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 4 de la Constitución, es el instrumento que el representante señala para que la Fiscalía desatienda las resoluciones que, a su juicio, “alcahuetean a esa cantidad de delincuentes”. Por ello, en su intervención Cadavid enfatizó que, aunque fue ternada por el presidente, “cuando usted se posesionó como fiscal juró defender la Constitución, no a un Gobierno”.
Cadavid hizo una especial petición. “Inaplique cada una de esas resoluciones que han revestido como gestores o voceros de negociaciones de paz a los cabecillas de esas estructuras”, refirió el parlamentario del Centro Democrático, que aludió a casos puntuales, como el de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, al que se le evitó la extradición, y Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, liberado tras un retén militar en julio de 2024.
“El alias Araña, al que le salvaron la extradición; el alias Calarcá, que ya había sido capturado en Antioquia y una vez liberado por orden del Gobierno, fue y explotó un helicóptero con trece policías en Amalfi, Antioquia. Las bandas criminales de Medellín, de Buenaventura, las de Bogotá, que lo ha dicho el alcalde Carlos Fernando Galán hoy", refirió el parlamentario, que equiparó al Gobierno con la delincuencia, pues actúan “por parejo”.
“Este país ya no solamente tiene que confrontar a la delincuencia, sino también al Gobierno por parejo. Su deber principal, señora fiscal Camargo, no es con el presidente, es con la institucionalidad, es con su propia carrera, es con la Fiscalía General de la Nación y es con los colombianos”, sostuvo el congresista, que no ocultó su indignación frente a lo sucedido en estos casos, que aprovechó para apuntar al ente acusador.
En su argumentación, por su parte, Camargo recalcó que si en el listado remitido por el Gobierno se hubiesen incluido los alias de las personas beneficiadas, la Fiscalía habría identificado que se trataba de condenados, evitando así la solicitud. “De verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas”, afirmó a Caracol Radio.