El Ministerio de Defensa, en cabeza de Pedro Sánchez, anunció que, salvo imprevistos, el contrato para el sistema que protegerá a las Fuerzas Armadas frente a drones ilegales se adjudicará antes de la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo de 2026.
La decisión responde a la orden del presidente Gustavo Petro el 19 de diciembre de 2025, un día después de que siete soldados murieran en Aguachica (Cesar), por explosivos lanzados desde un dron de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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Ese mismo día, Petro comunicó que el Gobierno nacional usaría la figura de urgencia manifiesta para adquirir de inmediato un sistema antidrones que proteja a las tropas en zonas donde los grupos armados ilegales operan dispositivos controlados a distancia, fácilmente adquiribles en plataformas comerciales.
“Si se quiere ganar la guerra, un pelotón no va a salir a atacar si no tiene antidrones, porque va derechito a la muerte (…) necesitamos antidrones ya; como sea”, aseguró el presidente.
Estos son los recursos para la adquisición de la tecnología y las fases del contrato
El 29 de diciembre, Petro instruyó al ministro de Defensa priorizar esta compra y preparar un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) por $13 billones, aprobado el 27 de marzo de 2026. Además, el 9 de enero, Pedro Sánchez anunció la creación del ‘Escudo Nacional Antidrones’, con un valor total de $6.3 billones y una fase inicial de $1 billón. El contrato se ejecutará directamente con la empresa seleccionada, con acompañamiento diplomático del país fabricante.
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Desde el 16 de enero, el Ministerio de Defensa desarrolló deliberaciones con decenas de empresas del sector defensa. Hasta el 18 de abril, estas compañías participan en pruebas técnicas que evalúan la capacidad de interceptar drones hostiles; la decisión final sobre la contratación se tomará a partir de los estudios previos que incluyan los resultados de estas pruebas.
El contrato estaría previsto para adjudicarse el 7 de mayo, si nada extraordinario ocurre. De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso la revista Cambio, en él participan 41 empresas, entre ellas Baruc, Galileo, BTC, Nabco, Helios, Simplez, Geomarket y Dedrone, entre otras. Los estudios técnicos se desarrollan en condiciones de estricta confidencialidad.
Estas son las tecnologías clave en el proceso
El escudo nacional antidrones no funcionará como un sistema de defensa antimisiles de otro país. Según los documentos internos a los que la revista tuvo acceso, la cartera que lidera Pedro Sánchez exige que los sistemas sean aptos para unidades tácticas de pelotones, vehículos, sistemas semifijos y fijos. Los dispositivos deben detectar drones mediante sensores especializados, evitando falsos positivos con aves o aeronaves comerciales.
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Se evalúa también la tecnología ‘micro Doppler’, que identifica cambios de frecuencia en ondas reflejadas por objetos en movimiento, y la ‘munición antidrones’, proyectiles diseñados para neutralizar los aparatos en vuelo, en lo que se conoce como solución “Hard Kill”; este sistema debe derribar drones a una distancia mínima de 800 metros.
Otro componente contempla dispositivos de radiofrecuencia, por lo que los sistemas tácticos tipo “RF Rifle” bloquean la señal entre dron y operador, mientras que los “Detector RF” detectan frecuencias emitidas por drones en un radio de dos kilómetros y en un tiempo máximo de 10 segundos.
Protección de tropas y reducción de amenazas aéreas
El valor total de $6.3 billones se calculó según las necesidades de Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía, tomando como referencia contratos anteriores. Por ejemplo, en diciembre de 2024, Dedrone Defense Inc. recibió $116.800 millones por equipos antidrones para el Ejército y la Fuerza Aérea. La Policía Metropolitana de Popayán adquirió un sistema C-UAS por $10.233 millones y otras ciudades realizaron compras similares.
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Una vez finalicen las pruebas técnicas, el Ministerio de Defensa iniciará la etapa de prenegociación con las empresas, evaluará ofertas y firmará contratos con acuerdos Offset, que obligan a los contratistas a compensar al Estado de manera determinada. Todo apunta a que el escudo antidrones entrará en funcionamiento en el menor tiempo posible, garantizando protección frente a las amenazas aéreas ilegales.
Los documentos internos muestran la tecnología que se usará y componentes aún no divulgados, reflejando la importancia estratégica y la confidencialidad del proceso, aunque podrían ser cuestionados por la oposición, conocida por escrutar cada movimiento del Gobierno.