La obligación bajo amenaza a un equipo médico para atender a un disidente herido en una zona rural de Tuluá generó alerta en las autoridades y en la comunidad del Valle del Cauca.
Según informó Caracol Radio, hombres armados ingresaron al puesto de salud de Barragán y sacaron a la fuerza a un médico, un auxiliar y el conductor de la ambulancia, que fueron trasladados a una finca para prestar atención a una persona con una herida de bala, presuntamente resultado de enfrentamientos entre grupos disidentes.
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El secretario de Gobierno de Tuluá, Martín Hincapié, condenó el hecho y subrayó el riesgo que enfrentan los trabajadores de la salud en este contexto.
“Fueron sacados de su sitio el conductor de la ambulancia, el médico y el auxiliar, de manera obligada por actores armados, quienes los llevaron a una finca. Allí los obligaron a atender a una persona herida de bala, presuntamente en medio de confrontaciones entre dos grupos de disidencias”, explicó el funcionario al medio citado.
Hincapié recalcó que este tipo de situaciones no solo pone en peligro la integridad física del personal médico, también vulnera el Derecho Internacional Humanitario (DIH). El funcionario insistió en que “el personal de salud debe poder ejercer su labor sin presiones ni amenazas”.
Hincapié hizo un llamado urgente a los actores armados para respetar la misión médica y pidió la intervención de autoridades nacionales e internacionales para reforzar la seguridad en la región.
Llamado a proteger la misión médica
El episodio en Barragán se inscribe en un escenario de creciente violencia en el suroccidente colombiano, donde la presencia de grupos armados ilegales continúa afectando a la población civil y a los trabajadores de sectores esenciales.
Hincapié afirmó: “Suficiente es que, a veces, un médico, una enfermera o personal de la salud quieran ir a prestar los servicios. ¿Cómo, si ni siquiera se respetan los mínimos del conflicto armado? Eso es lo que nos tiene preocupados. Por eso queremos hacer un llamado e incluso pedir la intervención de entes del orden nacional e internacional”.
El secretario pidió al Gobierno nacional adoptar medidas urgentes, como el aumento de la presencia de la fuerza pública para garantizar la protección tanto de la comunidad como de quienes integran la misión médica. Las autoridades locales advierten que los profesionales de la salud pueden verse atrapados en medio de los combates y ser utilizados por los actores armados, lo que vulnera tratados internacionales que protegen la labor humanitaria.
Antecedentes de instrumentalización de civiles y menores
El panorama de seguridad se complica aún más por otros recientes incidentes en la región. Integrantes del Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Iván Mordisco, ingresaron a escuelas rurales del sector del Naya, en la zona montañosa entre Cauca y Valle del Cauca, para entregar cuadernos y útiles escolares acompañados de propaganda del grupo armado.
Un video difundido en redes sociales muestra a los disidentes interactuando con estudiantes, lo que generó rechazo y preocupación entre las comunidades y las autoridades.
El presidente de la Asociación de Personeros del Valle, William Espinoza, declaró a Blu Radio: “Bajo la entrega de cuadernos se estaría generando una indebida injerencia sobre la población estudiantil. Estas acciones no son ayuda social, son una grave vulneración de derechos y podrían configurar instrumentalización de menores, lo cual es absolutamente inaceptable”.
La presencia de integrantes del frente Jaime Martínez en centros escolares rurales ha incrementado la alarma por posibles vulneraciones a derechos de la infancia y ha puesto en alerta a defensores y autoridades del Cauca y Valle del Cauca - crédito Telegram
Violencia y disputas territoriales en el Valle del Cauca
La situación de orden público en este departamento se ha visto deteriorada por la presencia simultánea de varias organizaciones armadas, entre ellas el ELN, disidentes de las Farc del EMC y la Segunda Marquetalia, además de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como el Clan del Golfo.
De acuerdo con un informe de la Red Regional de Observatorios de Seguridad, estos grupos se disputan el control territorial y las economías ilícitas en tres focos principales: el sector de López de Micay y el Naya, el Bajo Calima en zona rural de Buenaventura y el cañón de Garrapatas.
Las personerías de municipios como Tuluá y Palmira reportaron secuestros, desapariciones y asesinatos de campesinos, líderes sociales, agricultores y comerciantes. La complejidad del escenario de seguridad dificulta la labor del Estado para proteger tanto a la población civil como a los trabajadores de sectores estratégicos.
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