La relación entre el Gobierno y el Banco de la República entró en uno de sus momentos más tensos en la tercera reunión de la Junta Directiva de 2026. Lo que normalmente sería una discusión técnica sobre tasas de interés terminó convertido en un episodio político y jurídico que podría tener consecuencias incluso sobre el funcionamiento de la política monetaria del país.
Ese día, la Junta decidió subir la tasa de interés en 100 puntos básicos hasta el 11,25%. La votación no fue unánime: cuatro miembros apoyaron el aumento, dos votaron por una reducción de 50 puntos básicos y uno por mantenerla sin cambios. Pero lo que realmente marcó la reunión no fue la decisión, sino el retiro del ministro de Hacienda, Germán Ávila, en pleno desarrollo de la sesión y el posterior anuncio de una ruptura del Gobierno con la autoridad monetaria.
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El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, defendió la decisión señalando que se tomó en cumplimiento del mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de la moneda. Explicó que la inflación volvió a subir en los primeros meses del año, en enero y febrero se ubicó en 5,4% y 5,3%, por encima del 5,1% con el que había cerrado 2025. La inflación básica también aumentó hasta 5,5%.
Según Villar, la subida de tasas busca evitar que la inflación vuelva a desbordarse y permitir que regrese a la meta del 3% hacia 2027. También rechazó la idea de que las decisiones del Banco beneficien al sector financiero, argumentando que los bancos también se ven afectados cuando suben las tasas porque el dinero que piden prestado al Banco de la República se encarece. Aun así, reconoció que se trata de decisiones difíciles y que siempre hay sectores perjudicados.
El ministro Ávila, sin embargo, sostuvo que los directores del banco central “obedecen exclusivamente a los intereses del sector financiero” y confirmó el distanciamiento del Gobierno con la Junta. El presidente Gustavo Petro respaldó esa postura desde su cuenta en X, donde afirmó que la Junta estaba en “actitud de matar la economía colombiana” y que “la mayoría de la Junta Directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros”.
Villar recordó que, si el ministro no puede asistir por fuerza mayor, se puede designar un ministro ad hoc. Sin embargo, el Gobierno no ha anunciado esa opción y la situación es inédita, no se trata de una ausencia por incapacidad o viaje, sino de una decisión política de retirarse de la Junta. Ese vacío jurídico podría terminar resolviéndolo el Consejo de Estado.
Este nuevo episodio no es aislado. Hace parte de una serie de choques entre el Gobierno y distintas instituciones del Estado que se han repetido a lo largo del mandato de Petro. Antes del Banco de la República, las tensiones ya se habían presentado con el Consejo de Estado y con las altas cortes.
Uno de los casos más visibles ante el Consejo de Estado fue el decreto del salario mínimo, que fue suspendido de manera provisional el 13 de febrero de 2026 mientras el tribunal pedía al Gobierno sustentar técnicamente los parámetros utilizados para fijar el aumento del 23%. La reacción del presidente fue convocar marchas en la Plaza de Bolívar y calificar la decisión como parte del “cerco” institucional contra su Gobierno.
El Consejo de Estado también anuló varios nombramientos del Ejecutivo por irregularidades en los procesos de selección. Entre los casos más sonados estuvo la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de Interconexión Eléctrica (ISA), que fue anulada por vicios en el proceso. El presidente Petro calificó esa decisión como un “golpe político” orientado a devolver la empresa al grupo empresarial antioqueño. Otros nombramientos suspendidos fueron los del exministro de la Igualdad Juan Carlos Florián y la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.
Las tensiones también llegaron a la Corte Constitucional. El choque ocurrió cuando el Gobierno intentó sortear al Congreso mediante estados de excepción después del hundimiento de la ley de financiamiento. Petro decretó la emergencia económica y social argumentando que el Congreso había bloqueado la ley y puesto en riesgo derechos básicos.
La Corte Constitucional suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 mediante una votación 6-2. Fue la primera vez en la historia que se aplicaba una suspensión provisional a un decreto de emergencia económica. El presidente reaccionó señalando que la Corte estaba “prejuzgando” y aseguró que la decisión se debía a que “es un decreto de mi gobierno y porque suspende, rápidamente, los impuestos a los sectores más ricos de Colombia”.
Sin embargo, el primer gran frente de choque fue el Congreso. Allí se hundieron o se modificaron varias de las reformas bandera del Gobierno, como la reforma a la salud, la primera reforma laboral, la ley de financiamiento, la consulta popular, la reforma tributaria y la reforma política. El Gobierno calificó esa oposición como un “bloqueo institucional y omisiones legislativas” que, según sus propios documentos, han “limitado la garantía efectiva de derechos fundamentales y erosionado la confianza ciudadana”.
No obstante, esa narrativa ha sido cuestionada porque el Congreso también aprobó varias iniciativas del Gobierno, entre ellas la reforma tributaria, la reforma pensional, la laboral, la creación de la jurisdicción agraria, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la reforma al Sistema General de Participaciones, la reforma a la Ley 30 y la ley que prohíbe las corridas de toros.
Tras esos enfrentamientos, el Gobierno empezó a escalar el conflicto institucional. Primero habló de romper relaciones con las comisiones económicas del Congreso y luego impulsó la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Entre los cambios que se mencionaron estaría modificar el funcionamiento de la Corte Constitucional y suprimir la autonomía del Banco de la República, lo que muestra que el choque con las instituciones no solo es coyuntural, sino que también tiene un componente estructural.
Visto en conjunto, lo que comenzó como un enfrentamiento político por reformas terminó convirtiéndose en un pulso con varias de las instituciones que tienen autonomía o funciones de control sobre el Gobierno: el Congreso, las altas cortes, el Consejo de Estado y ahora el Banco de la República.