Un caso de intolerancia ocurrido en un barrio popular de Cali generó un amplio debate social y jurídico, luego de que una riña entre dos mujeres terminara en tragedia. Una de ellas murió tras recibir una puñalada, mientras que la otra, inicialmente detenida por la Policía Nacional de Colombia como presunta agresora, fue dejada en libertad tras considerarse de forma preliminar que habría actuado en “defensa propia”.
El incidente tuvo lugar en una zona residencial donde, según versiones de autoridades y testigos, dos mujeres protagonizaron una fuerte discusión que pronto se convirtió en una pelea física. Los informes preliminares indican que ambas portaban cuchillos durante el enfrentamiento. El altercado estaría relacionado con una situación sentimental vinculada a un hombre.
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En medio del forcejeo y las amenazas mutuas, una de ellas fue herida de muerte —de nacionalidad venezolana—. La Policía llegó al lugar y capturó a la sobreviviente, que fue puesta a disposición de la Fiscalía, pero poco después fue liberada ante la hipótesis inicial de legítima defensa.
La decisión de dejar en libertad a la sospechosa, que aún no ha sido identificada oficialmente, generó controversia entre los habitantes del sector y en redes sociales, en las que expresan opiniones encontradas sobre lo ocurrido. Algunos consideran que la actuación fue un acto de legítima defensa ante una amenaza real; mientras que otros argumentan que, incluso en ese contexto, la agresora debió enfrentar cargos más severos.
En redes sociales, los comentarios reflejan la polarización sobre el tema. Usuarios como @flavioflorescz afirman que la mujer de amarillo actuó en defensa propia tras ser amenazada varias veces con un cuchillo. Otros, como @Blue8GoldJoker, opinan que, aunque ambas estaban armadas, la acción de lanzar una puñalada mortal no puede justificarse completamente bajo el argumento de legítima defensa, señalando que existían otras opciones antes de llegar a un desenlace fatal. “Ambas estaban en una riña y una mató a la otra, debe pagar porque es un homicidio”, escribió uno de los internautas.
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Algunos testigos sostienen que, en las imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas en redes, la víctima fue quien inició el ataque, amedrentando a su contraparte con amenazas y movimientos intimidatorios. Según estos relatos, la mujer que sobrevivió solo reaccionó al verse acorralada y bajo riesgo inminente. “Fue de cazadora y terminó siendo la presa. Legítima defensa”, opinó otro usuario.
No obstante, también hay quienes consideran injustificable el uso de un arma letal aun bajo amenaza y cuestionan la normalización de que personas circulen armadas en la vía pública. “¿Acaso es normal que las mujeres anden con cuchillo en las calles? La de amarillo estaba atenta esperando la ocasión para agredir y lo hizo con una herida mortal, esa mujer debe ir a la cárcel”, expresó @donalex2012.
Este episodio se suma a los desafíos de seguridad y convivencia ciudadana en Cali. De acuerdo con la Policía Metropolitana, entre enero y febrero de 2026 se registraron 165 homicidios en la ciudad, una cifra que representa una disminución del 1,8% frente al mismo periodo de 2025, aunque sigue por encima de la mediana de los últimos años. El barrio Mojica destaca como el sector con mayor número de homicidios en 2026, con un incremento notable respecto al año anterior.
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Las estadísticas también muestran que los homicidios tienden a concentrarse en horas de la noche, particularmente entre las 9:00 y las 11:59 p. m., y que los sábados son los días de mayor incidencia, aunque se observa una reducción de casos los domingos. Algunos barrios, como Saavedra Galindo y Sector Alto De Los Chorros, han visto incrementos preocupantes, mientras que otros presentan descensos o estabilidad.
Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para que, ante cualquier altercado, busque la mediación y evite la escalada de violencia, recordando que la portación y uso de armas blancas en la vía pública es penalizada y puede tener consecuencias fatales.
El episodio sigue bajo investigación por parte de la Fiscalía, que deberá determinar con pruebas y testimonios si se trató efectivamente de un acto de defensa propia o si existen elementos para reabrir el caso bajo cargos más graves.
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