La designación de Sandra Ramírez como vicepresidenta de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de Colombia, cargo que se oficializó el 25 de marzo de 2026, habría dejado al descubierto, una vez más, la polarización reinante sobre el rol que han cumplido los exguerrilleros, como ella, exmiembros de las extintas Farc, en dignidades claves del órgano legislativo, al que le restan tres meses.
La crítica más aguda contra la congresista provino de la senadora y exprecandidata presidencial por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, que a través de las redes sociales señaló este nombramiento como una nueva afrenta a las víctimas del conflicto armado en Colombia. En un contexto en el que se conoció que este grupo, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reclutó a cerca de 18.677 niños.
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“Ahora vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Otra ofensa para las víctimas de la guerrilla“, afirmó Cabal, en una declaración que sintetiza la postura de un sector de la oposición y de colectivos de víctimas, que consideran que figuras con pasado en la estructura armada que firmó el Acuerdo de Paz en 2016 no deberían ocupar posiciones de liderazgo en materia de derechos humanos.
Ramírez, cuyo nombre legal es Griselda Lobo, y que no pudo revalidar su permanencia en el órgano legislativo para el periodo 2026-2030, fue escogida de manera unánime como parte de la renovación de las mesas directivas en las comisiones legislativas. Una nueva distinción a su presencia en la corporación, luego de que en la vigencia 2020-2021 ejerciera como una de las vicepresidentas del Senado de la República.
En consecuencia, su nombramiento adquirió una dimensión adicional, pues llega apenas tres semanas después de las elecciones legislativas del 8 de marzo, en las que su partido, Comunes, fusionado con Fuerza Ciudadana, no alcanzó el umbral de votos requerido para mantener la personería jurídica, lo que sitúa este cargo como uno de los últimos de alto perfil que ocupará antes de perder su curul y la representación.
La senadora explicó que para ella la vicepresidencia de la comisión representa un “honor y un gran reto” en términos de transformar la relación del Estado con las comunidades en los territorios, y puso el foco en el diálogo y las garantías fundamentales, según manifestó en su primera intervención. Este nombramiento se interpreta entre sus seguidores como un reconocimiento a su activismo por la paz y los derechos humanos.
“He sido elegida por unanimidad como vicepresidenta de la @DdhhSenado. Un honor y un gran reto para seguir avanzando en la transformación social de los territorios y escuchando con atención a las comunidades. La violencia no debe ser el destino de Colombia, debe ser la paz”, indicó Ramírez al recibir esta designación, con lo que marcó cuál será su objetivo en los tres meses que le restan como senadora.
Sandra Ramírez: una figura con pasado en las Farc que divide al Congreso y a las víctimas
Ramírez es reconocida tanto por su papel activo en la firma de la paz como por haber integrado las filas de las extintas Farc desde 1981, a las que ingresó a los 17 años y ejerció como enfermera y radista (encargada de las comunicaciones). En las negociaciones de La Habana desempeñó funciones en el mecanismo de monitoreo del cese al fuego y desde 2018 ocupa una curul en el Senado representando al partido Comunes.
Pese a su desmovilización y reincorporación, organizaciones de víctimas y voces opositoras cuestionaron de manera enfática su “autoridad moral” para conducir debates en materia de derechos humanos. El rechazo radica en testimonios y denuncias, algunos bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia y la JEP, que la mencionan en hechos graves como presunto reclutamiento forzado y violencia sexual.
Pese a esto, y como se mencionaba, la senadora ya había ostentado cargos de relevancia en el Legislativo, como la Segunda Vicepresidencia del Senado en 2020 y la Presidencia de la Comisión Sexta en 2025. El nombramiento en Derechos Humanos, a solo semanas de que el partido Comunes pierda la personería jurídica y su representación en el Congreso, ha provocado que los cuestionamientos vuelvan a aparecer en su contra.