Las denuncias públicas de acoso sexual cobraron relevancia en los medios colombianos, impulsando reformas en los protocolos internos de compañías como Caracol Televisión y generando consecuencias legales tanto en el ámbito judicial como social.
Tras la activación de investigaciones contra dos periodistas de la cadena, la empresa activó de inmediato los mecanismos internos y legales previstos para la atención y seguimiento de estos casos, priorizando la protección y el acompañamiento de las víctimas.
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El riesgo de exponer estas situaciones mediante redes sociales, bajo el amparo del derecho al escrache (manifestación popular de protesta contra una persona), está respaldado por precedentes legales pero presenta peligros concretos: la persona que realiza la denuncia puede ser demandada por injuria y calumnia si sus afirmaciones se consideran falsas.
Este escenario ya cuenta con antecedentes en Colombia; según recordó el abogado Sebastián Rondón a Asuntos Legales, la Corte Constitucional ha ratificado la posibilidad de que “víctimas de violencia de género o de delitos sexuales expongan estas situaciones, incluso a través de redes sociales”, siempre y cuando la denuncia provenga de quien ha sido afectado directamente y cuente con base en hechos que le constan.
Rondón, socio fundador de Lafaurie y Rondón Abogados Asociados, explicó al medio citado que el escrache constituye un mecanismo constitucional “amparado y protegido” que permite hacer pública una denuncia como forma de control social y exigencia institucional, paralelo a la justicia ordinaria del Estado.
Sin embargo, el especialista resaltó que la protección jurídica solo ampara a la víctima cuando sus declaraciones son verídicas.
Ante la posibilidad de que una denuncia realizada en redes sociales contenga información falsa, Rondón advirtió: “Si la víctima, o la presunta víctima, cuando realiza la denuncia a través de estos canales miente, es decir, es consciente de que lo que manifiesta es contrario a la verdad, se puede ver inmersa claramente en la comisión del delito de calumnia”.
El experto señaló la importancia de la exceptio veritatis, la figura penal que excluye la calumnia si las acusaciones pueden probarse como verdaderas: “Si las manifestaciones deshonrosas o presuntamente deshonrosas que yo realizo sobre otra persona son ciertas, no son sujeto de calumnia; si son falsas, sí lo son. La excepción de verdad”.
Tras el anuncio formal de Caracol Televisión, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación y habilitó un canal electrónico para recibir denuncias con enfoque de género, buscando proteger los derechos fundamentales de las víctimas y evitar su revictimización. El comunicado oficial de la empresa remarcó que se garantizará “el debido proceso, la confidencialidad y el respeto de las familias y partes involucradas”.
En caso de que la investigación interna en Caracol Televisión culmine con la absolución de los presentadores denunciados, estos tendrían el derecho de formular acciones legales por injuria y calumnia si consideran que su reputación se ha visto afectada injustamente por la exposición pública de acusaciones.
El proceso contempla que la verdad de los hechos sea la barrera determinante entre la protección constitucional del escrache y la comisión de delitos penales.
Existen antecedentes que ilustran este riesgo legal. El director de Rtvc, Hollman Morris, fue denunciado públicamente por Lina Castillo por presunto acoso sexual y laboral. En consecuencia, Morris inició un procedimiento judicial por injuria y calumnia en contra de Castillo, caso que actualmente se encuentra en trámite judicial.
El proceso legal para denunciar acoso sexual en Colombia puede implicar tanto recorridos judiciales ordinarios, como la exposición en espacios públicos o digitales. Cada uno de estos caminos presenta garantías, pero también límites explícitos: los marcos constitucionales actuales protegen la libertad de denuncia de las víctimas sólo si sus afirmaciones son auténticas y se fundan en hechos verificables.
Dónde interponer denuncias por acoso sexual en Colombia
Ante una situación de acoso sexual en Colombia, las víctimas pueden recurrir a la Fiscalía General de la Nación a través de la Línea 122 para instaurar denuncias penales, o acudir a Caivas, URI y a la Policía Nacional para recibir atención.
En el ámbito laboral, la Ley 2365 de 2024 establece que las denuncias deben presentarse ante el Comité de Convivencia Laboral de la empresa o, en instancia posterior, ante los inspectores del Ministerio de Trabajo. La nueva normativa garantiza confidencialidad, prohibición de enfrentamiento directo con el denunciado y protección frente a posibles despidos.
La Línea 155 funciona las 24 horas y proporciona orientación a mujeres víctimas de violencia de género, mientras que la Línea 141 del Icbf está disponible para situaciones que involucren menores de edad. Adicionalmente, se puede recurrir a la Defensoría del Pueblo, Comisarías de Familia, Personería y cualquier centro médico para recibir atención integral.
Las ARL tienen la obligación de ofrecer atención emocional y psicológica a quienes denuncien acoso laboral, según lo estipulado por la normatividad vigente.