La representante a la Cámara Karen Manrique fue trasladada a una guarnición militar en el municipio de Malambo, departamento del Atlántico, para cumplir una medida restrictiva, ordenada por la Corte Suprema de Justicia mientras avanza la investigación por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La defensa de Manrique solicitó este sitio de reclusión debido a las amenazas que habría recibido en los últimos días.
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Manrique fue ubicada en el Batallón de Ingenieros de Combate N.° 2 General Francisco Javier Vergara y Velasco, tras ser capturada por orden del alto tribunal. Inicialmente, había sido llevada a la cárcel del Buen Pastor y como parte de las medidas para reforzar su seguridad se determinó su traslado a la guarnición militar.
La investigación que involucra a Manrique forma parte de un proceso más amplio sobre supuestas irregularidades en la asignación de recursos y contratos dentro de la Ungrd. Según las autoridades, la representante habría recibido beneficios indebidos, como contratos o proyectos, a cambio de emitir votos favorables al Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y respaldar iniciativas oficiales en el Congreso. Estos acuerdos estarían relacionados con proyectos en Córdoba, Arauca y Bolívar, y el entramado de corrupción incluiría a otros funcionarios y congresistas.
La Corte Suprema de Justicia acusa a Karen Manrique y a otros legisladores, entre ellos Wadith Manzur, del delito de cohecho impropio por presuntamente aceptar dádivas que comprometían su función parlamentaria. “La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera”, señala un comunicado de la Corte.
Los beneficios para los congresistas consistían en el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Ungrd en distintos departamentos. Las autoridades investigan si estos recursos públicos habrían sido utilizados como mecanismo para asegurar apoyos políticos en el Congreso.
La defensa de Manrique sostiene que la representante es inocente y que colaborará con la justicia para esclarecer los hechos. Su reciente reelección para un segundo periodo en las curules de paz por Arauca queda en entredicho, pues la posesión prevista para el 20 de julio podría verse obstaculizada si continúa detenida.
Manrique y Manzur, señalados de coordinar acuerdos ilícitos en la Ungrd, según investigación judicial
Las investigaciones judiciales señalan que Karen Manrique y Wadith Manzur habrían tenido un papel central en el esquema de corrupción detectado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. De acuerdo con la investigación, los congresistas participaron en reuniones con funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la Ungrd, en las que se coordinaron beneficios a cambio de respaldar proyectos clave para el Gobierno en el Congreso.
El esquema habría operado a través de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en la que ambos legisladores tenían influencia directa. Según la Corte Suprema, los acuerdos incluían la asignación de contratos y de los recursos públicos para obras y proyectos en departamentos como Córdoba, Arauca y Bolívar. A cambio, Manrique y Manzur habrían emitido votos favorables y gestionado apoyos legislativos en favor de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.
Entre las pruebas recabadas figuran registros de encuentros, comunicaciones y testimonios de exfuncionarios y colaboradores judiciales. Estos elementos apuntan a que, en distintas reuniones celebradas entre septiembre y diciembre de 2023, se definieron montos y proyectos específicos que beneficiarían a los congresistas involucrados. En el proceso, Wadith Manzur habría asumido el liderazgo en la interlocución con funcionarios del Gobierno, mientras que Karen Manrique se encargó de supervisar la ejecución de los acuerdos y mantener el enlace con las entidades responsables.
Los testimonios recogidos por las autoridades describen cómo ambos legisladores habrían actuado en coordinación para asegurar la asignación de recursos y el direccionamiento de contratos, consolidando así una red de favores políticos y beneficios económicos dentro de la Ungrd.