Militares que han confesado su implicación en ejecuciones extrajudiciales ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denuncian que reciben ofrecimientos de dinero, amenazas y presiones para modificar sus declaraciones y proteger a altos mandos retirados.
El clima de inseguridad para los testigos del macrocaso 03 sobre falsos positivos en Colombia es cada vez mayor, según los testimonios obtenidos por Semana.
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Sobornos de hasta 20 millones de pesos, así como amenazas de muerte, atentados y presiones psicológicas son los mecanismos, que según los denunciantes, buscan que guarden silencio o asuman individualmente la responsabilidad por los crímenes, mientras la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP evalúa riesgos y asigna medidas de protección.
Sin embargo, los afectados consideran que la respuesta no es suficiente y temen por su seguridad y la de sus familias.
Santiago Martínez —nombre ficticio por seguridad— declaró al medio mencionado, que tras confesar su implicación en la muerte de 20 personas en el Caribe y señalar a ocho superiores, le ofrecieron 20 millones de pesos en Bogotá para asumir en solitario la culpa y guardar silencio.
Algunos uniformados indicaron que los ofrecimientos provienen de exoficiales señalados ante la JEP, e incluyen inversiones para montar negocios o emprendimientos, con montos de cinco a 15 millones de pesos.
“Mi coronel me dijo que me retirara de decir lo que estaba diciendo. Si no, no me iba a dejar pensionar. Le dicen a uno que no hable más en la JEP, que no los miente a ellos, que ellos lo único que pedían eran resultados, que nunca nos mandaron a matar a nadie, sabiendo que por radio solo decían: ‘Bajas, den bajas. Si no, no salen de permiso’”, explicó un soldado anónimo en diálogos con el medio mencionado.
Por su parte, el medio mencionado accedió a audios y mensajes que muestran cómo la condición era deslindar a comandantes retirados y aceptar toda la culpa.
Un militar denunció que un coronel retirado lo presionó para no testificar, condicionando el acceso a su pensión y asegurando mantener influencia en la institución.
Los testimonios también refieren promesas económicas y advertencias políticas: se afirma que la JEP podría desaparecer en el futuro y que revelar información solo traería complicaciones. Además, se ofrecen asesoría jurídica, “apoyo” y consejos para bajar el tono de las declaraciones, siempre a cambio de proteger a los mandos superiores.
La abogada Tania Parra, representante de varios comparecientes, explicó (en diálogo con el medio citado) que las amenazas y hostigamientos también afectan a los abogados y los familiares, generando miedo y autocensura. Señaló: “Hay un temor generalizado para hablar, sobre todo por el hostigamiento de las personas que no quieren comparecer”.
El mayor (r) Daladier Rivera, que admitió 63 ejecuciones extrajudiciales y pidió perdón a las víctimas, fue víctima de un atentado en julio de 2025 durante un velorio en Norte de Santander. Recibió tres disparos, y su cuñado falleció en el ataque.
Tras recuperarse, recibió mensajes intimidatorios como: “Se salvó, hijo de puta. Estamos esperando que salga. No descansaremos hasta darlo de baja por sapo” y “Oigan, gran hptas sapos. ¿Van a seguir buscando? ¿No aprendieron la lección? No se les olvide que tienen la lápida pegada al culo, así como sus hijos o por donde más les duela, sapos hptas”.
Rivera y otros exmilitares reportan constantes amenazas a sus teléfonos cuando se acercan audiencias o difunden información sobre hechos y responsables.
La intimidación no solo alcanza a quienes atestiguan, sino también a sus defensores legales, con advertencias explícitas de daño a ellos o a sus familias. Parra sostiene que esto ha llevado a que algunos uniformados eviten declarar información relevante ante la JEP.
Protección e inseguridad: la respuesta de la JEP
Las denuncias señalan deficiencias en la protección por parte de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, encargada de salvaguardar a testigos y comparecientes.
Un soldado que acusó a los altos mandos de promover falsos positivos en el Caribe contó a Semana que sufrió un atentado en noviembre y no recibió atención oportuna de la Jurisdicción. “La JEP no nos está protegiendo y les está dando la espalda a los intervinientes”, manifestó bajo reserva.
Otro militar retirado expresó una percepción similar: “Protege más a los guerrilleros que a uno. Uno dice que lo amenazan y no le paran bolas. Dicen que eso no es nada. Que se autoproteja...”.
Parra considera que los recursos del tribunal son insuficientes para brindar protección efectiva a quienes se convierten en testigos, aumentando su riesgo y el nivel de hostigamiento. Destacó: “El peligro para un compareciente significa hostigamiento, persecución, amenazas y atentados contra su vida”.
Por su parte, la Unidad de Investigación y Acusación informó que actúa ante cualquier riesgo, realiza estudios y asigna medidas de protección si es necesario. Respecto a los militares retirados, actualmente hay 27 clasificados con riesgo extraordinario: 10 con medidas blandas y 17 con medidas fuertes. La Unidad indica que aplica criterios objetivos y que las evaluaciones pueden ser revisadas a solicitud de los afectados.
El 19 de marzo, la defensa del general (r) Paulino Coronado, el oficial de mayor rango que ha reconocido su participación en ejecuciones extrajudiciales, denunció que hombres encapuchados armados ingresaron a su residencia en Cúcuta, lo que generó nuevas alarmas sobre la protección de los implicados. Las autoridades investigan el hecho.
Estos casos generan preocupación por la posibilidad de manipulación y silenciamiento de testigos mediante sobornos, amenazas y atentados, lo que pone en riesgo la verdad en los juicios de los falsos positivos.
Solo en el macrocaso 03, la JEP ha registrado 4.653 víctimas y ha recibido testimonios de 867 exintegrantes de la fuerza pública. Además, el tribunal ha imputado a 173 militares y ha remitido a 21 comparecientes a su Unidad de Investigación y Acusación por no aceptar su responsabilidad.
La falta de confianza en la protección institucional lleva a los comparecientes a advertir que las víctimas podrían no conocer la verdad sobre lo ocurrido si persisten las presiones y el miedo que buscan mantener el silencio entre los responsables.