En medio de la incertidumbre en Ecopetrol por la decisión del Fondo Soberano Noruego que el 26 de febrero de 2026 vendió la totalidad de sus acciones de la petrolera estatal, se conocen nuevos detalles de las motivaciones del organismo internacional.
De hecho, en la mañana de este martes 3 de marzo se reveló el documento de 26 países que emitió desde el año pasado el Consejo Ético del fondo, y en el que hizo la recomendación expresa de abandonar las inversiones en la compañía.
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El fondo determinó que la venta se justifica por la reiteración de derrames de petróleo en los oleoductos Caño Limón-Coveñas y Trasandino, que han afectado de manera persistente a territorios indígenas en Colombia.
El Consejo Ético argumentó en agosto de 2025 que, si bien muchos derrames se deben a ataques o robos por parte de grupos armados, la respuesta de Ecopetrol ha sido insuficiente para garantizar los derechos colectivos de estas comunidades a un ambiente sano, la salud y la pervivencia cultural, de acuerdo con normativas internacionales y fallos judiciales recientes.
El análisis del Consejo Ético advirtió la existencia de “un riesgo inaceptable de que la compañía esté contribuyendo a violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y de los pueblos indígenas”.
Según el informe, revelado por Caracol Radio, los constantes impactos de los derrames por ataques a los oleoductos han generado una situación recurrente de vulnerabilidad sobre los pueblos U’wa y Awá.
Aunque la empresa sostiene que muchos daños se deben a acciones de terceros, el informe enfatiza la obligación de una “responsabilidad empresarial independiente”, que implica la prevención y mitigación efectiva de los daños.
Según el documento oficial, Ecopetrol sostiene en sus comunicaciones al Consejo Ético que es víctima del conflicto armado; además, señaló que ataques y robos de crudo por parte de terceros son la causa principal de los derrames.
La empresa afirma cumplir la normativa mediante la implementación de “planes de contingencia” y otras medidas, además de coordinar respuestas inmediatas junto a autoridades ambientales.
En 2014, tras un atentado, la compañía enterró el 99% del oleoducto Caño Limón-Coveñas y, en 2023, suspendió temporalmente la operación del oleoducto Trasandino en territorio Awá por seguridad.
Sin embargo, el Consejo Ético del Fondo Soberano Noruego afirma que las acciones tomadas no han sido suficientes ante la magnitud y persistencia del riesgo.
El informe recalca que la “responsabilidad empresarial independiente” significa prever y controlar los impactos recurrentes, y que la persistencia del daño evidencia el incumplimiento del deber de diligencia debida, respaldado por los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Contexto del conflicto armado y situación de derechos humanos en la región
Colombia mantiene uno de los conflictos armados más prolongados del mundo, con consecuencias agudas en territorios indígenas ricos en recursos naturales. El 37% de los bloques petroleros se superpone a tierras indígenas, lo que aumenta la exposición de estas comunidades a desplazamientos forzados, violencia y degradación ambiental.
Los U’wa y Awá figuran entre los 71 pueblos señalados por la Corte Constitucional de Colombia como “en riesgo de exterminio”. Tanto el informe del Consejo Ético como decisiones judiciales evidencian cómo la violencia armada, la militarización y la fragmentación social se relacionan estrechamente con los daños ambientales derivados de la actividad petrolera. En el territorio Awá, instancias judiciales han reconocido sus espacios como sujetos de derechos y actores directos en la defensa legal de su entorno.
El Consejo Ético concluye que los derrames reiterados no constituyen incidentes aislados, sino que representan un patrón de afectación estructural que amenaza de manera grave la integridad y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas vinculados a las zonas petroleras.
Mientras las medidas que buscan evitar que los derrames vulneren los derechos de pueblos como los U’wa y Awá sigan resultando insuficientes, la confianza internacional hacia la gestión corporativa de Ecopetrol continuará en entredicho y el caso permanecerá como ejemplo de la demanda global por responsabilidad ética en la industria extractiva.
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