El representante a la Cámara Miguel Polo Polo cuestionó públicamente la cifra tradicionalmente atribuida a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
En un mensaje publicado en su red social de X, el congresista aseguró que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no cuenta con los 6.402 nombres de víctimas y sostuvo que el número real sería 1.934, según datos revelados por la propia entidad.
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De acuerdo con Polo Polo, la cifra original habría sido usada “para hacer politiquería, para perseguir a adversarios políticos y para manchar el nombre de nuestra fuerza pública”.
La declaración del legislador se produce poco después de que según Polo Polo, la JEP informara sobre el número de registros que actualmente tiene en su poder, lo que reavivó el debate sobre la transparencia en la documentación de los casos vinculados a los llamados “falsos positivos”, aludiendo a los muertos que ocurrieron durante la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2.002-2010).
El representante enfatizó que aún existe incertidumbre sobre la composición de esos 1.934 nombres y planteó dudas acerca de la inclusión de “guerrilleros que fueron metidos como falsos positivos, nombres repetidos o nombres que ni siquiera pueden ser soportados con números de cédula”.
Para Polo Polo, esto “pone en entredicho la integridad de los datos que se han difundido acerca de uno de los capítulos más oscuros del conflicto interno colombiano”.
En contraste, el congresista subrayó la existencia de otro dato que calificó como incuestionable: “Este número sí está respaldado, sí está acreditado y sí está verificado”.
Polo Polo se refirió así a los 18.677 menores de edad que, según cifras oficiales, “fueron secuestrados, reclutados, obligados a cargar un arma en vez de estar jugando a la pelota en sus escuelas, varios de ellos violados y muchos de ellos asesinados por varios miembros que hoy están aquí sentados en el Congreso de la República”.
El mensaje de Polo Polo también incluyó una crítica directa a quienes, según él, “le quieren dar lecciones de moral a uno que no tiene las manos manchadas de sangre como ellos”.
Polo Polo denunció manipulación de cifras de falsos positivos y subrayó gravedad del reclutamiento infantil - crédito @MiguelPoloP/X
El congresista afirmó que, mientras la cifra asociada a los falsos positivos “va decreciendo a medida que la verdad sale a la luz”, la relacionada con el reclutamiento forzado de menores “va en aumento en este gobierno”.
La controversia sobre los números reales de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento infantil continúa generando divisiones en la opinión pública y entre sectores políticos.
La JEP, creada para esclarecer violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, ha reiterado su compromiso con la verificación rigurosa de los datos y la identificación de las víctimas. El debate se mantiene abierto sobre la exactitud de los registros y la responsabilidad de los actores involucrados.
“El peor de los crímenes es meterse con un niño”, concluyó Polo Polo en su intervención, frase que resalta el tono de denuncia adoptado por el congresista frente al fenómeno del reclutamiento forzado en Colombia.
Defensa y Procuraduría apelan fallo de la JEP contra coronel (r) Mejía Gutiérrez por falsos positivos
El futuro judicial del coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez continúa sin definición tras la apelación presentada por la Procuraduría ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), solicitando la reducción de la condena de 20 años por la muerte de 72 civiles en los llamados falsos positivos bajo su mando en el Batallón La Popa, Valledupar.
El Ministerio Público argumentó errores en el cálculo de la pena y cuestiona la motivación del fallo, destacando la privación preventiva de libertad durante una década. Además, criticó la insuficiente ponderación de factores atenuantes como la ausencia de antecedentes penales y advirtió que la sentencia no clarificó la razón para imponer el máximo legal.
La Procuraduría también cuestionó la anticipación sobre la redención de pena, condicionada a la satisfacción de las víctimas, lo que podría afectar el proceso transicional.
La defensa de Mejía, liderada por Germán Guillermo Navarrete Riveros, también solicitó la revocatoria parcial de la sentencia, alegando falta de pruebas para los delitos imputados y pidió restablecer los derechos del acusado. La Sala de Segunda Instancia de la JEP decidirá si ratifica o modifica la condena.
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