El crecimiento de la población de hipopótamos en Colombia, originada por la introducción ilegal de cuatro ejemplares hace 40 años, está fuera de control a cinco meses del fin del mandato de Gustavo Petro.
Los riesgos ambientales y sociales en el Magdalena Medio aumentan, mientras el Estado no concreta acciones efectivas pese a que existen ofertas internacionales para trasladar a los animales.
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El problema persiste porque, aunque países como India, México, Filipinas y Ecuador presentaron propuestas formales para recibir a los hipopótamos asumiendo todos los costos, el Gobierno colombiano no avanzó en la gestión institucional necesaria para concretar estas alternativas.
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La falta de respuestas oficiales y la parálisis administrativa han impedido aprovechar soluciones viables, agravando el impacto sobre ecosistemas y comunidades locales.
Actualmente, la población de hipopótamos en Colombia supera los 220 ejemplares, según estimaciones de Cornare. La reproducción continúa sin control y, de no tomarse medidas drásticas, la cifra podría llegar a 1.000 individuos en 10 años.
Hasta ahora, el único esfuerzo implementado ha sido la esterilización de 35 animales, estrategia limitada por su complejidad y alto costo, que resulta insuficiente ante la velocidad de expansión de la especie invasora.
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Propuestas internacionales para el traslado de hipopótamos en Colombia
A finales de 2024, el santuario Vantara de India propuso una solución integral: financiar y coordinar el traslado de decenas de hipopótamos, proporcionar capacidad técnica y veterinaria a Colombia y apoyar la creación de santuarios locales para confinar y esterilizar a los animales restantes. El activista Nicolás Ibargüen aseguró en diálogo con El Colombiano que la propuesta buscaba disminuir la población “a menos de 30 individuos en 5 años”.
“Me pasaron una propuesta muy concreta para trabajar de la mano del gobierno de Colombia para reducir la población de los hipopótamos en Colombia a menos de 30 individuos en 5 años”, señaló el experto.
La oferta de Vantara exigía un acuerdo formal entre Estados, condición que requería acción tanto diplomática como administrativa. Especialistas como el abogado Luis Domingo Gómez destacaron la seriedad y el respaldo financiero del santuario.
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Sin embargo, ningún acuerdo se concretó a nivel institucional y otros países como México, Filipinas y Ecuador tampoco pudieron avanzar por el mismo motivo: la ausencia de permisos estatales del lado colombiano.
El traslado de hipopótamos implica retos logísticos y costos elevados, pero expertos sostienen que es técnicamente posible y que existen recursos internacionales dispuestos a asumir el proceso. Sin el respaldo y la coordinación estatal, las oportunidades ofrecidas por santuarios extranjeros quedaron bloqueadas en instancias gubernamentales.
Obstáculos y falta de respuesta del Gobierno ante la crisis
La gestión de las propuestas internacionales se vio frenada por cambios en el Ministerio de Ambiente. Tras la salida de Susana Muhamad y la llegada de nuevas ministras como Lena Yanina Estrada, los avances se detuvieron y no se restablecieron contactos formales.
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En julio de 2025, el presidente Petro mencionó públicamente la situación, pero no se firmaron acuerdos ni se emitieron autorizaciones para trasladar o erradicar a los hipopótamos.
“Llegó la ministra Lena Yanina Estrada y ahí frenó todo lo que habíamos adelantado. Con cinco meses en el ministerio también renunció y con eso el gobierno desistió de su interés”, señaló Ibargüen al diario nacional.
Asimismo, el Ministerio de Ambiente centralizó los trámites de exportación, como los permisos Cites, lo cual limitó la capacidad de acción de entidades regionales como Cornare. Esta corporación elaboró planes de manejo y priorizó la esterilización, pero la falta de financiación y respaldo estatal impidió su ejecución a mayor escala.
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En el ámbito legal, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó en 2024 la erradicación progresiva de los hipopótamos y dio un plazo de tres meses al Ejecutivo para reglamentar las medidas, que deben incluir caza de control y esterilización. La decisión sigue en segunda instancia, lo que perpetúa la incertidumbre sobre las acciones definitivas.
El jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad de Cornare, David Echeverri, confirmó que se han realizado 35 esterilizaciones quirúrgicas, una meta difícil de sostener sin apoyo constante del Estado. Advirtió que sería necesario intervenir al menos treinta hipopótamos cada año para frenar el crecimiento poblacional, objetivo inalcanzable bajo las condiciones actuales.
Entretanto, la presencia de hipopótamos está alterando los ecosistemas acuáticos del Magdalena Medio. Estos animales consumen grandes volúmenes de vegetación y, al defecar en ríos y lagos, contribuyen a la eutrofización y disminución del oxígeno, perjudicando especies como peces, nutrias de río, manatíes y chigüiros.
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El desplazamiento de fauna nativa se intensifica, mientras aumentan los riesgos para la seguridad humana: al menos dos ataques a personas y varios accidentes de tránsito han sido registrados. Además, el auge de la especie ha derivado en enfrentamientos mortales entre los propios hipopótamos, con cuatro muertes reportadas desde 2024.
Las comunidades locales han adoptado a los hipopótamos como símbolo cultural y atractivo turístico, fenómeno que a veces deriva en la comercialización ilegal de crías como mascotas. El manejo inadecuado del problema está transformando la vida social y económica en la región, mientras las amenazas ambientales y legales se agravan.
El Estado colombiano deja al próximo gobierno un reto creciente y sin resolver: controlar una especie que continúa expandiéndose sin regulación ni freno, con consecuencias profundas para la biodiversidad y las comunidades del Magdalena Medio.
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