El presidente Gustavo Petro defendió la decisión de su gobierno de reestructurar el sistema de salud colombiano y justificó la intervención sobre las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Lo anterior, luego de señalar por medio de un mensaje que compartió desde su cuenta de X la mañana del viernes 27 de febrero de 2026, que “la situación de las EPS es en general mala porque están quebradas”.
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Con esta afirmación, Petro ahondó en lo que él señala como la crisis que desembocó en la promulgación del Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, una reforma que afecta de manera directa a millones de usuarios del sistema de salud en Colombia, restringe la libertad de elección y redistribuye la población afiliada entre las EPS autorizadas.
Según el presidente, la raíz del problema radica en la gestión financiera de las aseguradoras: “Simplemente no dejaron las reservas técnicas que toda aseguradora financiera debe hacer y entraron en causal de liquidación antes de nuestro gobierno”.
Petro puntualizó que la administración actual decidió mantener activas a las EPS que ya estaban en situación crítica “solamente esperando que se apruebe el proyecto de ley de reforma a la salud en el Congreso en marzo, para transformarlas en entidades no financieras y no giradoras de recursos. Solo así sobrevivirían en el sistema de salud”.
Adicional a lo anterior, el jefe de Estado agregó que “si la ley no se aprueba, se liquidarán de acuerdo a la ley”.
El decreto firmado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, establece una serie de restricciones inéditas sobre la operación de las EPS en el territorio nacional.
Solo podrán continuar funcionando aquellas que cumplan con umbrales mínimos de afiliados, definidos en función de la población de cada departamento y municipio.
Por ejemplo, en departamentos con más de dos millones de habitantes, únicamente seguirán las EPS que agrupen al menos el 5% de los afiliados locales; en regiones intermedias la exigencia sube al 10%, y en las más pequeñas, de 100.000 a 390.000 habitantes, el umbral será del 15%.
En el plano municipal, el decreto es aún más estricto: solo las EPS con al menos el 3% de los afiliados podrán operar en ciudades de más de 500.000 habitantes, mientras que en localidades de menos de 20.000 residentes, solo una EPS estará autorizada.
La consecuencia inmediata de este rediseño es el traslado obligatorio de más de 6,6 millones de usuarios, en un proceso que prioriza la estabilidad fiscal y la equidad territorial.
Al respecto, Petro explicó que “los usuarios de las EPS que entren en liquidación pasarán a las pocas que queden”, y resaltó su intención con el fin de que las deudas con proveedores sean cobradas a los patrimonios de los dueños de las EPS, incluyendo entidades públicas.
El proceso de reasignación está estructurado en varias etapas. Tras identificar las EPS que deben dejar de operar en un territorio, la Superintendencia Nacional de Salud enviará en cinco días hábiles el listado de entidades receptoras al Ministerio de Salud, que dispondrá de otros cinco días para asignar formalmente a los afiliados.
Las EPS receptoras tendrán al menos cinco días para reorganizar su operación antes de recibir a los nuevos usuarios, con lo que el ciclo completo no podrá exceder los veinte días hábiles.
En este mecanismo, la Nueva EPS, Savia Salud y SOS serán las principales entidades receptoras, absorbiendo la mayor parte de los traslados. Dentro de este universo, más de 3,1 millones de personas serán asignadas a la Nueva EPS.
Por lo anterior, Petro defendió el papel central de la Nueva EPS y detalló: “La Nueva EPS ya lo está haciendo, ahora que es controlada por el gobierno por adquirir un 1 % más de sus acciones, pienso pasarla directamente adscrita al ministerio de salud”.
El presidente reconoció que, aunque esta entidad también tuvo prácticas financieras irregulares —“a pesar del acto delictivo de esconder sus deudas cuyos autores están siendo procesados”—, su estructura es distinta.
“La mitad de esa EPS es del gobierno y la mitad de su deuda es de la Nación desde su origen, porque era el antiguo Instituto de Seguros Sociales que privatizaron en su mitad y se lo robaron”, explicó el jefe de Estado.
La normativa impone restricciones a la libertad de elección de los usuarios: quienes sean trasladados deberán permanecer al menos 60 días en la nueva EPS antes de poder solicitar un cambio, y después solo podrán migrar entre las entidades autorizadas en su municipio o departamento.
Si en una zona solo queda una EPS, el derecho a elegir desaparece de manera temporal.
Para evitar impactos financieros graves en las EPS receptoras, el decreto incluye una excepción transitoria: durante el primer año, los usuarios reasignados no se contabilizarán en ciertos indicadores financieros asociados a patologías de alto costo.
Por lo tanto, Petro mencionó la necesidad de proteger los recursos públicos: “No pagaremos con dinero público las deudas de ninguna EPS cuya responsabilidad sea privada, eso, que proponen varios candidatos presidenciales, sería uno de los mayores desfalcos a la nación”.
El presidente criticó los rescates realizados en el pasado y enfatizó que, cuando recibió el gobierno, “la deuda con sus proveedores en vez de disminuir había aumentado y estaban ya en quiebra”.
El mandatario sacó pechó por los resultados logrados por su administración tras fortalecer el sistema público y avanzar hacia un modelo preventivo:
“Hoy el sistema de salud ya construido por mi gobierno, de tipo preventivo, primario y con fortalecimiento de la red pública con hospitales en todos los niveles de complejidad, ha logrado mejoramiento en los indicadores fundamentales de la salud en la sociedad colombiana y en términos de mortalidad infantil y materna son sustanciales e históricos”, escribió Petro en su extenso mensaje en X.
Petro también mencionó la atención a determinantes sociales de la salud, como el acceso al agua potable, la mejora de la calidad del aire y la reducción del hambre y la pobreza.
El rediseño del aseguramiento en salud, que estará vigente por al menos cinco años, consolida a la Nueva EPS como la mayor entidad del país y redefine las reglas del sistema, bajo la supervisión del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), utilizando la Base de Datos Única de Afiliados (Bdua).