El asesinato de dos policías en el casco urbano del municipio de Anorí, en el Nordeste antioqueño, profundizó la crisis de inseguridad en Antioquia.
Este hecho volvió a encender las alarmas sobre la situación local y generó inquietud en las autoridades por el dominio de grupos armados ilegales, según reportó Blu Radio.
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La influencia del Frente 36 de las disidencias de las Farc abarca diversos aspectos de la vida en Anorí. Las autoridades locales, encabezadas por el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, hablaron de “anarquía” debido a la falta de control estatal.
Martínez explicó a Blu Radio que es imposible imponer comparendos o llamar la atención a ciudadanos por infracciones menores, ya que los funcionarios y habitantes enfrentan amenazas inmediatas de parte de integrantes del Frente 36.
Las disidencias de las Farc mantienen una injerencia constante en la dinámica del municipio. Esta organización ejerce presión sobre la población, lo que limita seriamente la acción de la Fuerza Pública y restringe actividades administrativas básicas.
Uno de los temas que más preocupa a las autoridades es el reclutamiento de menores. Blu Radio indicó que estos niños y adolescentes son utilizados por el grupo armado para labores de inteligencia y vigilancia, recibiendo armas y dinero a cambio.
Las cifras reales podrían ser mucho más altas que las reflejadas en los registros oficiales, dado el alto grado de subregistro detectado.
Este fenómeno se complica aún más porque, según lo advertido por Martínez y recogido por el medio mencionado, muchas familias del municipio mantienen lazos directos con miembros del Frente 36, dificultando cualquier reacción o control estatal.
Las autoridades anunciaron un refuerzo de la Fuerza Pública en Anorí y la puesta en marcha de estrategias especiales para combatir la cooptación de menores. Sin embargo, reconocen que la magnitud del desafío exige acciones más profundas y sostenidas.
La presencia y lazos familiares de los grupos armados hacen que la problemática desborde los límites de la seguridad pública, afectando los entornos domésticos y sociales de Anorí.
El Ejército Nacional dio de baja a alias Venezuela, jefe disidente de las Farc en Antioquia
Alias Venezuela, identificado como cabecilla de las disidencias de las Farc bajo la estructura de alias Calarcá en Antioquia, fue abatido durante un operativo militar en una zona rural del municipio de Anorí, según confirmó la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.
En el mismo procedimiento, las autoridades incautaron una pistola de 9 mm, municiones y dispositivos de comunicación, además de capturar a un presunto colaborador conocido como alias Ángel.
De acuerdo con la investigación oficial, alias Venezuela acumulaba más de 15 años de historial delictivo y figuraba en el cartel de los más buscados.
Las autoridades lo responsabilizaban de ataques de alto impacto, entre ellos un atentado con explosivos ocurrido el 21 de agosto de 2025 en Amalfi, donde resultaron muertos 13 policías tras el derribo de un helicóptero, así como el ataque que el 8 de febrero de 2026 provocó el asesinato de dos subintendentes de policía y el ataque del 30 de septiembre de 2025, que dejó un soldado muerto y tres uniformados heridos.
Se le investigaba también por el reclutamiento forzado de menores y la extorsión a mineros y comerciantes en áreas rurales y urbanas de Anorí, Santa Inés, Concha Media, Concha Baja, El Carmín, Naranjal, Chispero y Los Toros (en el municipio de Amalfi).
Las autoridades presumen que coordinaba los enfrentamientos armados contra el Clan del Golfo como parte de la disputa territorial. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó en su cuenta de X: “No habrá refugio para quienes eligen la violencia: el Sector Defensa seguirá actuando con contundencia para garantizar seguridad y confianza en todo el territorio”.
El 11 de febrero de 2026, fuerzas conjuntas destruyeron un megalaboratorio clandestino de cocaína en la vereda San Pablo de Caney, municipio de Guadalupe, con una capacidad de producción de dos toneladas semanales y un valor estimado de USD100 millones, lo que golpeó las finanzas y la logística del frente 36 de las disidencias.
En la operación participaron la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la DEA.
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