La decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto que estableció el aumento del salario mínimo abrió un nuevo escenario en la discusión económica y política del país. En medio de esa determinación judicial, surgieron pronunciamientos desde distintos sectores, entre ellos el de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia.
De acuerdo con lo informado por Semana, la dirigente del Centro Democrático planteó que, pese a la medida adoptada por el alto tribunal, los empresarios mantengan el incremento decretado del 23,7 % en el salario mínimo. Su propuesta se conoció tras el anuncio de la suspensión provisional que afecta el aumento definido por el Gobierno nacional.
“Le pido a los empresarios y a los gremios de la producción que anuncien que mantendrán el aumento del salario del 23,7 % sin importar el resultado en el Consejo de Estado”, afirmó Valencia, quien también integra la Gran Consulta por Colombia. Su pronunciamiento se produjo en un contexto de incertidumbre frente al futuro del decreto.

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La solicitud de la congresista se centró en que el sector empresarial haga un anuncio oficial para sostener el pago con el incremento del 23,7 %, independientemente de lo que determine el Consejo de Estado en la revisión de fondo. Su mensaje estuvo dirigido tanto a empresarios como a gremios de la producción.
En paralelo, el presidente Gustavo Petro también se pronunció frente a la determinación judicial. A través de su cuenta personal en X, el mandatario hizo un llamado al empresariado para que continúe pagando el salario mínimo vital decretado mientras se expide un decreto transitorio desde la Presidencia.
“Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado. El Ministerio tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo a las normas. El salario mínimo vital decretado se mantiene hasta la expedición de un decreto transitorio de la presidencia”, dijo el presidente.
El jefe de Estado también señaló que se interpondrán recursos para aclarar el auto emitido por el magistrado. Según manifestó, en el texto no se incluye completo el criterio de la Corte Constitucional relacionado con el salario vital y móvil previsto en el artículo 53 de la Constitución. En ese sentido, indicó que respetará la prevalencia de dicho criterio.
“Pondremos unos recursos para que se aclare el auto, porque el magistrado no pone en el texto completo de la sentencia de la corte constitucional que obliga como criterio prevalente, entre los demás, el criterio del salario vital y móvil, del art. 53 de la Constitución nacional, para determinar el salario, así que el presidente respetará esa prevalencia. Aprovecho para invitar al gran empresariado a usar la comisión de concertación que, por decisión unilateral del gobierno, se convoca para establecer diálogo y acuerdo, antes del decreto transitorio”, expresó.
El mandatario añadió que la propuesta del Gobierno se enmarca en lo que denominó un pacto. “Es un Pacto por la Vida lo que se ha propuesto. El expresidente Uribe dice que lo que se quiere es que no vengan más impuestos y que no están en desacuerdo en el tema del salario vital. Pues es un avance; los impuestos en la emergencia económica van en contra de la acumulación de rentas, dado que estos acaban la ganancia y salarios productivos y estancan la economía. Así que un pacto por la vida y la producción es posible”, recalcó.
Las reacciones se producen en un momento en el que el Gobierno debe definir los pasos a seguir tras la suspensión provisional del decreto que estableció el aumento del salario mínimo. Mientras el Consejo de Estado estudia el fondo del asunto, desde el Ejecutivo se ha insistido en la vigencia del salario mínimo vital decretado hasta la expedición de una medida transitoria.
En este escenario, la propuesta de Paloma Valencia busca que el incremento del 23,7 % continúe aplicándose por decisión del sector privado, más allá del trámite judicial en curso. La discusión permanece abierta tanto en el ámbito jurídico como en el político, con llamados al diálogo entre el Gobierno y el empresariado a través de la comisión de concertación mencionada por el presidente.
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