La crisis administrativa de la Torre Barcelona, uno de los complejos de vivienda estudiantil más representativos del centro de Bogotá, entró en una nueva fase de tensión que podría desembocar en denuncias penales contra el empresario Manuel Grau Pujadas y la firma operadora Smart Rooms.
El conflicto, que enfrenta a copropietarios e inversionistas con antiguos operadores del inmueble, se concentra en presuntos incumplimientos financieros, posibles irregularidades en el manejo de recursos y un esquema contractual que, según los reclamantes, habría limitado sus derechos de control.
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La Torre Barcelona, edificio de 28 pisos y cerca de 28.000 metros cuadrados, alberga actualmente a 143 estudiantes.
El 8 de enero de 2026 se produjo el punto más álgido de la disputa, cuando la empresa The Spot denunció que fue retirada del inmueble mediante lo que calificó como una “toma forzosa”, tras una votación adversa de los copropietarios, de acuerdo con el medio Semana.
Según esa versión, el personal fue desalojado y se desconocieron propuestas de negociación que buscaban garantizar una transición ordenada en la administración.
En contraste, los copropietarios –representados por la firma Defensa Inmobiliaria– sostienen que se trató de una “recuperación pacífica” de la administración. Argumentan que la decisión respondió a reiterados incumplimientos contractuales y financieros por parte del operador saliente, y aseguran que la prioridad fue proteger el patrimonio de los inversionistas y la estabilidad de los residentes.
De acuerdo con el medio citado, el núcleo del conflicto radica en la rentabilidad prometida al momento de la comercialización del proyecto. De acuerdo con los voceros de los copropietarios, se ofreció un retorno anual del 7,92% durante 10 años.
Sin embargo, afirman que los rendimientos reales apenas alcanzaron cerca del 3%, pese a que el edificio habría generado ventas aproximadas de 10.000 millones de pesos anuales. Esta brecha entre lo proyectado y lo recibido encendió las alarmas y motivó que en mayo de 2025 el 82% de los propietarios votara por denunciar una supuesta vulneración de su derecho de inspección.
Los inversionistas cuestionan además la estructura fiduciaria mediante la cual se administraban los recursos. Señalan que los ingresos eran canalizados a través de un fideicomiso que, según su versión, restringía la participación directa de los propietarios y concentraba el control financiero.
En ese contexto, han solicitado a las autoridades investigar posibles delitos como estafa, administración desleal, abuso de confianza y fraude procesal. También se menciona la necesidad de revisar la actuación de Credicorp Capital Fiduciaria ante la Superintendencia Financiera.
Por su parte, la defensa de The Spot Centro S.A.S. ha rechazado las acusaciones y afirma contar con documentación que demostraría que en determinados meses sí se alcanzaron rendimientos cercanos al 7%. Además, sostiene que Manuel Grau no tiene vínculo actual con la gestión operativa del inmueble en Bogotá y que su nombre ha sido incluido de manera indebida en la controversia.
No obstante, la figura de Grau ha permanecido en el centro del debate. El empresario colombo-catalán ha sido relacionado en distintos reportes con el diseño inicial del modelo de negocio del proyecto a través de Smart Rooms. Aunque su defensa insiste en que no participa en la administración vigente, los copropietarios consideran que su rol histórico debe ser escrutinado.
La controversia tomó mayor visibilidad pública en noviembre de 2025, cuando el diario sueco Expressen publicó imágenes de Grau junto a Verónica Alcocer durante una salida en Estocolmo.
El episodio generó preguntas sobre la cercanía del empresario con figuras de alto perfil del Gobierno colombiano, entre ellas el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, más allá del impacto político, el foco jurídico de la disputa en Bogotá se mantiene en los presuntos incumplimientos contractuales y en la gestión de los recursos de la Torre Barcelona.
Mientras tanto, la administración actual trabaja en un plan de transición para garantizar la continuidad del servicio a los estudiantes y evitar afectaciones académicas o contractuales. La prioridad, según los representantes de los copropietarios, es normalizar la operación y transparentar los estados financieros.
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