A pesar de que su labor consiste en proteger a la ciudadanía y, en principio, deberían ser ejemplo de comportamiento para la sociedad, en Colombiase han documentado varios casos en los que funcionarios y uniformados han sido capturados por violar la ley de diversas maneras.
Un episodio reciente que ha causado indignación en Magdalena ocurrió en Santa Marta, capital del departamento, donde un operativo conjunto del Gaulay la Dirección Nacional del CTI resultó en la captura de dos funcionarios de la Sijín y un fiscal, acusados de extorsionar a un comerciante local.
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De acuerdo con El Heraldo, en la tarde del 12 de febrero las autoridades capturaron al fiscal seccional del grupo antinarcóticos de la región, Leopoldo Montes Dávila, y los funcionarios Javier Tapias Madera y Wladimir Sanjuan Márquez, que serán imputados por los delitos de concusión y falsedad en documento público.
El medio citado entregó detalles del informe del caso, en el que se menciona que la denuncia contra el fiscal y los funcionarios se reportó el 1 de febrero de 2026, cuando un ciudadano que afirmó dedicarse al comercio de repuestos de vehículos aseguró que estaba siendo víctima de las tres personas mencionadas.
La presunta víctima aseguró que, con ayuda de un asistente de la seccional, los sujetos incautaron de manera irregular una tractomula con la mercancía que él había adquirido. El denunciante mencionó que en el informe se reportó que el vehículo de carga transportaba narcóticos, pero horas más tarde fue contactado por los capturados, que le pidieron un pago de 300 millones de pesos por liberar la mercancía.
Luego de la denuncia, la investigación fue asumida por el Tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con ayuda del Gaula Élite y de la seccional del CTI en Magdalena.
Además de las órdenes de captura, que fueron avaladas por un juez de control de garantías y ejecutadas por las autoridades, comenzó el registro y allanamiento de la oficina del fiscal Leopoldo Eduardo Montes Dávila.
Cabe mencionar que el fiscal mencionado tiene varias anotaciones en su contra en el sistema Spoa, en el que se registran investigaciones por delitos como prevaricato por acción y omisión, abuso de autoridad y concusión.
En las próximas horas se llevarán a cabo las audiencias de legalización de la captura para que comience el proceso legal en contra de los tres individuos.
Posibles consecuencias para los capturados
En Colombia, la concusión y la falsedad en documento público son delitos graves sancionados por el Código Penal. La concusión ocurre cuando un servidor público exige o induce a alguien a entregar dinero u otro beneficio, abusando de su cargo. Este delito se castiga con prisión de seis a quince años e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo.
Por otra parte, la falsedad en documento público puede ser ideológica o material. La falsedad ideológica se presenta cuando un funcionario consigna información falsa u omite la verdad en un documento público y la pena es de 64 a 144 meses de prisión.
La falsedad material, que implica la alteración o fabricación de un documento público, conlleva penas de 48 a 144 meses de prisión según la responsabilidad del autor. Estos delitos también pueden acarrear inhabilidades y se agravan si son cometidos por servidores públicos.
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