Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, aseguró que el Consejo de Estado “se equivocó” al suspender decreto que aumenta el salario mínimo 2026

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el Consejo de Estado “se equivoca” al suspender el decreto que aumentaba el salario mínimo a dos millones de pesos para 2026, equivalente a un incremento del 23%.

Según Sanguino, la decisión judicial afecta directamente los derechos adquiridos de millones de trabajadores y contradice principios constitucionales que protegen la progresividad de los derechos laborales.

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“El salario vital es un mandato del Estado Social de Derecho y representa una garantía de dignidad, seguridad jurídica y respeto para todos los empleados colombianos”, subrayó Sanguino en declaraciones a Noticias Caracol.

Para el ministro, la suspensión del decreto antes del 24 de febrero —fecha límite para que se presentaran objeciones formales— constituye una acción “precipitada, irresponsable y nefasta”, que pone en riesgo la estabilidad de los ingresos y la confianza en el sistema laboral.

Sanguino defendió el incremento de 23 %, argumentando que no se trata de una decisión caprichosa, sino de un ajuste fundamentado en estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en variables macroeconómicas que incluyen la inflación real, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la contribución de los salarios al ingreso nacional.

“Un salario de dos millones de pesos para un trabajador colombiano no es un exceso. La economía tiene que tener alma y corazón, y eso significa garantizar que los ingresos de los empleados permitan una vida digna”, dijo.

El ministro enfatizó que los derechos laborales ya adquiridos son difíciles de revertir. “Los trabajadores ya han recibido el pago correspondiente al nuevo salario. Esto demuestra que el derecho ya se consolidó y cualquier intento de retroceso no solo sería injusto, sino que pondría en riesgo la confianza en el sistema legal y laboral del país”, señaló.

En respuesta a la providencia, el Gobierno convocó de manera urgente a una mesa técnica integrada por el Ministerio de Hacienda, la Agencia de Defensa del Estado y la Secretaría Jurídica de la Presidencia, con el fin de analizar en detalle la decisión de setenta y tres páginas del Consejo de Estado y diseñar la estrategia institucional de defensa del salario vital.

Sanguino mencionó antecedentes recientes que evidencian lo que considera un “bloqueo institucional”, incluyendo la suspensión de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional, retrasos en la reforma pensional y decisiones del Consejo Nacional Electoral que han complicado la implementación de políticas sociales.

“No se trata de política, sino de la forma en que se interpreta y aplica la ley en Colombia. Lamentablemente, las cortes han adoptado decisiones que generan incertidumbre y afectan la gobernabilidad”, aseguró.

Desde el punto de vista social, el ministro advirtió que la defensa del salario vital no se limitará a los tribunales. Anunció la posibilidad de recursos legales, tutelas e incluso jornadas masivas de protección al salario, denominadas “un tutelatón en defensa del salario”.

Su mensaje a los trabajadores fue contundente: “Sus sueños y su dignidad no pueden ser burlados ni ignorados de esta manera. Defenderemos este derecho en las calles, en los estrados judiciales y junto con el Gobierno”.

Sanguino señaló que el debate sobre el salario vital se sumará a otras discusiones económicas y sociales pendientes, y que la percepción de bloqueo institucional podría reforzar el discurso presidencial sobre la necesidad de garantizar la estabilidad de las políticas públicas frente a interpretaciones judiciales que considera extremas.

El Gobierno colombiano se enfrenta a un momento crítico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el Decreto 1469 de 2025, que fijaba el salario mínimo de 2026 en dos millones de pesos, generando incertidumbre sobre la continuidad de los derechos adquiridos por los trabajadores y la estabilidad jurídica de los pagos realizados desde enero.

La providencia, emitida con carácter urgente, obliga al Ejecutivo a expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días, dejando el futuro del salario vital en manos de la estrategia jurídica que diseñe la administración.