Antioquia volvió a encender las alarmas: 14 presuntos feminicidios en lo que va de 2026 causan indignación

Las velas encendidas en el parque principal de Peque no solo alumbraron una noche de duelo. También se convirtieron en una forma de protesta. Habitantes del municipio caminaron en silencio para exigir justicia por el asesinato de Nelly Tuberquia Cano, uno de los casos más recientes en una seguidilla de crímenes que volvieron a poner a Antioquia en el centro de la conversación sobre feminicidios en el país.

La escena se repite en distintos puntos del departamento. En lo corrido de 2026, Antioquia suma 14 presuntos feminicidios, según datos entregados por la Secretaría de las Mujeres con corte al 5 de febrero. La cifra supera la del mismo periodo de 2025, cuando iban 12 casos, y vuelve a ubicar al territorio entre los más golpeados por esta forma extrema de violencia. El año pasado, de hecho, ocupó el tercer lugar a nivel nacional.

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En varios expedientes, las autoridades investigan a parejas o exparejas como presuntos responsables. En otros, los cuerpos fueron hallados en vías o espacios públicos. Todos los procesos siguen en etapa de investigación.

Desde la Secretaría de las Mujeres advirtieron que el comportamiento de las cifras no es aislado. “Observamos un pico que se presentó en los primeros días del mes de enero que, sin duda, se soporta o se sustenta en una problemática estructural. La violencia contra las mujeres, no solamente como un síntoma de las desigualdades, sino como una forma de perpetuarlas a través de ejercicios de dominación”, dice Carolina Lopera Tobón, secretaria de las Mujeres de Antioquia, en entrevista con El Espectador.

La funcionaria explica que varios de los hechos encajan en la categoría de feminicidio íntimo, es decir, cometidos por personas con vínculos afectivos cercanos. Sin embargo, el fenómeno no se agota allí. En Antioquia también confluyen asesinatos de mujeres asociados a estructuras criminales, disputas entre organizaciones ilegales y economías ilícitas.

Esa mezcla de factores es clave para entender el contexto. Carol Rojas Garzón, coordinadora del Observatorio Colombiano de Feminicidios de Republicanas Populares, sostuvo que, aunque el feminicidio responde a patrones estructurales presentes en todo el país, Antioquia tiene particularidades que agravan el panorama: la extensión del territorio, la presencia de grupos armados, las disputas por el control y un sexismo arraigado en prácticas culturales.

“Históricamente, este departamento ha tenido grandes expresiones de militarización y también tenemos un sistema patriarcal profundamente arraigado en ideas conservadoras, que se activa en este tipo de violencias”, explicó al medio antes mencionado. Según Rojas, más allá de las diferencias entre casos, se repiten patrones. Muchos de los crímenes se cometen con armas de fuego y las principales víctimas son mujeres de la clase trabajadora. La exposición de los cuerpos en espacios públicos no sería casual. Para la experta, allí hay un mensaje de poder y control.

En algunas dinámicas de bandas criminales, añadió, el asesinato de mujeres, incluidas parejas o exparejas de integrantes de estos grupos, se utiliza como advertencia para organizaciones rivales. En ese escenario, trabajadoras sexuales y mujeres con vínculos afectivos con miembros de estas estructuras quedan en mayor riesgo. “Ojo, no quiere decir que en las casas no esté sucediendo, sigue sucediendo. Y es cuando los hombres tienden el control del dominio sobre la mujer, sobre su compañera, sobre su hija, y entonces lo hacen en casa. Pero cuando estamos hablando sobre la militarización, generalmente ocurre en espacios públicos”, agregó Rojas.

Estas dinámicas muestran que no se trata únicamente de conflictos de pareja o ajustes de cuentas entre estructuras ilegales. El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia de género y de una discriminación histórica que mantiene a mujeres y niñas en mayor vulnerabilidad. En Colombia, la Ley 1761 de 2015 tipificó el feminicidio como delito autónomo en el Código Penal, con el propósito de garantizar su investigación y sanción cuando el crimen está motivado por razones de género.

Aun así, la impunidad sigue siendo un factor determinante. “La impunidad frente a la crueldad comunica que no somos dueñas de nosotras mismas, sino que le pertenecemos a un patrón, a un marido, a una banda o a alguien más. Es como una violencia que se puede ejercer y que se perpetúa por las condiciones económicas profundamente desiguales que tenemos las mujeres”, mencionó Rojas.

Frente a este panorama, la Gobernación de Antioquia incrementó a más de $14 mil millones, un 43% más que en 2025, el presupuesto destinado a fortalecer mecanismos de atención, protección y prevención de las violencias contra las mujeres, según informó la entidad. El dato contrasta con otra cifra: en 2025 se registraron 108 asesinatos de mujeres en el departamento, el balance más bajo en siete años, de acuerdo con el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez. Sin embargo, la reducción frente a otros periodos no significa que el problema esté resuelto.