Las diligencias programadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a finales de febrero podrían marcar un punto de inflexión en el esclarecimiento de la relación entre actores estatales, empresas privadas y estructuras paramilitares durante el conflicto armado colombiano.
En el desarrollo del Caso 08, la Sala de Reconocimiento de Verdad citó a declarar en calidad de terceros civiles al exgobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez, y a Luis Felipe Castillo Santos, exgerente de relaciones públicas de la empresa petrolera Perenco.
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Según informó la JEP, la comparecencia de Pacheco Álvarez está prevista para el próximo 24 de febrero, mientras que Castillo Santos deberá rendir versión voluntaria el 26 del mismo mes.
Ambas diligencias se enmarcan en la investigación sobre crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, funcionarios estatales y civiles en colaboración con organizaciones paramilitares, con énfasis en el Subcaso Ariari, Guayabero, Guaviare, Caguán, Florencia y zonas del suroriente colombiano.
La citación de estos dos comparecientes busca profundizar en el análisis de patrones criminales relacionados con la consolidación y expansión de estructuras paramilitares, particularmente del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre los años 1997 y 2005.
De acuerdo con la jurisdicción, las versiones podrían aportar elementos clave para establecer responsabilidades individuales y colectivas en el fortalecimiento de estos grupos armados ilegales.
El caso del exgobernador Álvaro Pacheco Álvarez reviste especial relevancia debido a sus antecedentes judiciales.
Pacheco fue condenado por la justicia ordinaria por el delito de concierto para delinquir agravado, tras comprobarse su participación en la promoción y respaldo de grupos paramilitares en Caquetá durante el período comprendido entre 1997 y 2006.
Su comparecencia ante la Sala de Reconocimiento de Verdad permitirá contrastar lo ya establecido por la justicia ordinaria con los objetivos de verdad plena que persigue la justicia transicional.
Por su parte, la citación de Luis Felipe Castillo Santos pone nuevamente bajo escrutinio el papel de la empresa petrolera Perenco en las dinámicas del conflicto armado. }
Castillo Santos enfrenta una investigación en curso por su presunta participación en la promoción y financiación de las operaciones del Bloque Centauros y del grupo conocido como Los Buitragueños, durante la expansión paramilitar desde Casanare hacia Guaviare.
De acuerdo con informes conocidos por la JEP, la petrolera habría ocultado, bajo distintas modalidades, recursos entregados a estructuras paramilitares, presuntamente con conocimiento de exdirectivos de la compañía.
La identificación de la procedencia, los mecanismos de entrega y el destino final de estos fondos será uno de los ejes centrales de la diligencia judicial.
El Caso 08, puesto en marcha por la JEP, tiene como objetivo esclarecer la articulación entre agentes estatales, grupos paramilitares y terceros civiles, ya sea de forma directa o indirecta, como consecuencia del conflicto armado.
La jurisdicción busca determinar cómo estas alianzas contribuyeron a la comisión de delitos como homicidios, masacres, desplazamiento forzado, desapariciones, torturas, amenazas, violencia sexual y detenciones ilegales.
Según el Grupo de Análisis de la Información de la JEP, los informes revisados hasta ahora atribuyen 15.710 víctimas a acciones de la fuerza pública, 56.502 a estructuras paramilitares y 280 a otros agentes estatales.
Solo en el caso de los uniformados, se documentan 8.345 homicidios, además de miles de casos de desplazamiento forzado, amenazas, torturas y desapariciones forzadas, concentrados en un 51% entre los años 2000 y 2009.
La Sala de Reconocimiento priorizó cinco regiones críticas para el desarrollo inicial del Caso 08: el Gran Magdalena, Montes de María, Antioquia, Magdalena Medio y la región Ariari-Guayabero-Guaviare-Caguán-Florencia.
Estas zonas fueron seleccionadas por la magnitud de la violencia, la diversidad de actores armados involucrados y las profundas transformaciones sociales, económicas y territoriales derivadas de los crímenes.
Actualmente, 2.840 presuntos responsables mencionados en los informes ya se han sometido a la JEP, entre ellos miembros de la fuerza pública, agentes estatales no uniformados y civiles.
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