El Ministerio de Educación implementó una serie de acciones prioritarias para asegurar la continuidad de las clases en los institutos de educación básica y superior, a pesar de la primera temporada de lluvias de 2026 que afecta a buena parte del país.
Las medidas buscan responder de manera efectiva ante emergencias derivadas de lluvias intensas, vientos y oleaje, especialmente en las regiones del Caribe y el Pacífico colombiano, donde el riesgo de inundaciones, deslizamientos y mar de leva amenaza la infraestructura educativa y el acceso a las instituciones.
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El objetivo central es proteger la vida y la integridad de la comunidad educativa, así como garantizar, bajo condiciones seguras, el derecho a la educación. Las Secretarías de Educación, los establecimientos educativos y las instituciones de educación superior han sido instadas a activar las acciones previstas en la Resolución 06519 de 2025, a través de Comités Territoriales y Mesas Territoriales de Gestión Integral del Riesgo Escolar.
Todo esto se desarrolla respetando la autonomía institucional de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) y de cada centro educativo, según lo dispuesto por la normatividad vigente.
A continuación, se detallan las principales medidas adoptadas para enfrentar la emergencia y mantener la prestación del servicio educativo:
- Verificar de manera permanente los boletines y comunicados del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y autoridades locales.
- Articularse con los Consejos Municipales y Departamentales de Gestión de Riesgo de Desastres para obtener información actualizada sobre alertas y riesgos en cada región, y comunicar las afectaciones a las instancias pertinentes.
- Identificar infraestructuras educativas y dotaciones con mayor vulnerabilidad, así como amenazas existentes o potenciales que puedan poner en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa.
- Evaluar los posibles impactos de la emergencia en la infraestructura, vías de acceso, suministro de agua, techos y materiales, y definir estrategias para asegurar la continuidad del servicio educativo.
- Coordinar capacitaciones periódicas para docentes, estudiantes y padres de familia sobre gestión integral del riesgo escolar, incluidas medidas y estrategias de evacuación, respuesta y primeros auxilios.
En cuanto a la reducción del riesgo, las instituciones deben:
- Implementar las acciones recomendadas por Ideam, UNGRD y los consejos territoriales de gestión del riesgo.
- Fomentar el monitoreo del caudal de los ríos y de las condiciones climáticas, especialmente en las inmediaciones de los centros educativos.
- Consolidar un inventario de recursos físicos, técnicos y humanos disponibles para garantizar la prestación del servicio educativo, incluso en situaciones de emergencia, e implementar actividades de mantenimiento preventivo.
- Promover la participación de la comunidad educativa en simulacros y ejercicios prácticos para fortalecer la respuesta ante emergencias.
- Ajustar las estrategias de permanencia escolar, en coordinación con las autoridades, para asegurar la continuidad del servicio educativo.
Para el manejo de desastres y emergencias, el ministerio dispuso la Estrategia de Educación en Emergencias, estructurada en cinco componentes principales:
- Acceso: garantizar que todos los niños, adolescentes y jóvenes puedan ingresar o permanecer en el sistema educativo una vez superada la fase inicial de la emergencia. Esto incluye adaptar infraestructuras, flexibilizar trámites administrativos, identificar y reintegrar a estudiantes en riesgo de deserción, y ajustar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para mitigar la inseguridad alimentaria.
- Ambientes de aprendizaje: crear espacios seguros y propicios mediante la habilitación de infraestructuras temporales, distribución de material didáctico y tecnológico, desarrollo de estrategias de acompañamiento psicoemocional y capacitación en gestión del riesgo.
- Flexibilización curricular: adaptar ajustes al currículo en contenidos, metodologías y evaluaciones para resignificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo metodologías como el aprendizaje basado en proyectos y mecanismos flexibles de valoración.
- Recursos humanos: garantizar la presencia y capacitación de personal docente y de apoyo en contextos de emergencia, redistribuyendo recursos humanos según la demanda y sumando profesionales en acompañamiento psicosocial.
- Componente político-administrativo: establecer lineamientos normativos y administrativos para una respuesta eficiente y ágil, incluyendo la elaboración de normativas y planes territoriales para la gestión del riesgo escolar.
En el caso de las instituciones de educación superior, se ha dispuesto que, en el escenario de su autonomía, adopten medidas para asegurar los servicios de bienestar y apoyo institucional, así como la continuidad de las actividades académicas. Cuando sea posible, se recomienda el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para mantener los procesos de formación, investigación y extensión. Aquellas actividades que requieran presencialidad y no puedan realizarse temporalmente podrán ser reprogramadas dentro del calendario académico.
No es necesario contar con autorización previa del ministerio para implementar medidas temporales orientadas a mantener la continuidad académica, aunque sí deben ser informadas a la Dirección de Calidad para la Educación Superior para su seguimiento.
Finalmente, las instituciones que cuenten con Planes de Gestión del Riesgo de Desastres pueden coordinar con los consejos departamentales y municipales para recibir apoyo técnico en la planificación y verificación de cada acción.