Gobierno ofreció millonaria recompensa para dar con los responsables del asesinato de dos policías en Anorí, Antioquia

La madrugada del domingo 8 de febrero, el municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia, fue escenario de un ataque armado que dejó como saldo la muerte de dos uniformados de la Policía Nacional.

El hecho ocurrió en el parque principal, donde los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez cumplían labores de control y cierre de establecimientos nocturnos. Cuatro sujetos armados que se movilizaban en motocicletas dispararon contra los policías, causando la muerte de ambos en el lugar.

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La noticia generó una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Pedro Sánchez, ministro de Defensa, anunció a través de la red social X una recompensa de hasta $200 millones para quien aporte información que conduzca a la identificación y captura de los responsables.

“Rechazamos de manera categórica el cobarde y vil asesinato de nuestros subintendentes, quienes cumplían labores de protección a la población de Anorí. Su sacrificio enluta a la institución y a todo el país, pero también refuerza nuestro compromiso de honrar su memoria con verdad, justicia y resultados”, manifestó el ministro.

Hipótesis sobre los autores y despliegue de operativos

Durante un Consejo Extraordinario de Seguridad realizado a nivel departamental, las autoridades establecieron las principales hipótesis sobre los autores del ataque. Según información oficial, la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá o Primo Gay, figura entre los principales sospechosos. La posibilidad de participación del ELN o del Clan del Golfo tampoco se descarta, dado el historial de disputas por el control territorial y las rentas ilícitas en la zona.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general William Castaño Ramos, indicó que se activó un plan de defensa de instalaciones y se desplegaron unidades del Ejército Nacional para asegurar tanto el área urbana como la rural del municipio. Se revisan cámaras de seguridad y se coordinan acciones con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para avanzar en la investigación.

“Hay muchas personas que quieren hablar, pero el temor las limita; por ello, vamos a abrir canales de comunicación a través de una línea de celular para que puedan entregar información”, afirmó el general, en declaraciones públicas.

Perfil de las víctimas y antecedentes de violencia

Los subintendentes asesinados, ambos de 38 años, eran oriundos de Medellín y Vegachí. Castaño Morales tenía 18 años de servicio en la institución, mientras que Arismendy Pérez acumulaba 16 años de trayectoria. El ataque ocurrió cuando un tercer policía, que acompañaba a los subintendentes, logró repeler la acción y alertar a la estación, permitiendo la activación del plan de defensa.

Desde enero de 2025 hasta la fecha se presentaron 11 casos en los que fueron asesinados 25 policías en Antioquia, según datos presentados por el Ministerio de Defensa. De estos, nueve casos, que concentran el homicidio de 21 uniformados, ya se resolvieron mediante captura o abatimiento de los responsables.

“Este crimen no será la excepción; por ello, ofrecemos hasta $200 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables”, reiteró el ministro Sánchez. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita esclarecer el crimen, garantizando absoluta reserva.

Las líneas habilitadas para recibir datos son el número celular 314 358 7212 y las líneas 107, 157, 147, 165 y 141, dirigidas a combatir el crimen y el reclutamiento infantil. “Ofrecemos absoluta confidencialidad para quienes decidan colaborar”, aseguró el general Castaño Ramos.

Mientras tanto, continúan las investigaciones y operativos en Anorí y municipios cercanos, con el objetivo de dar con el paradero de los responsables y restablecer la seguridad en la zona, un territorio marcado por la presencia de grupos armados ilegales y reiterados hechos de violencia contra la fuerza pública.