La Asociación para la Gestión de Asuntos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Raíces Afro), vinculada anteriormente a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, ha gestionado más de 40.000 millones de pesos en recursos estatales durante el Gobierno Petro.
Las dudas sobre la transparencia en la adjudicación y supervisión de estos fondos públicos han cobrado fuerza tras la expansión acelerada de la organización.
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Raíces Afro fue fundada en 2018 por Indra María Núñez Anaya en Agustín Codazzi (Cesar). Su patrimonio inicial era de cinco millones de pesos, formando una red orientada a la defensa de derechos y el desarrollo de proyectos para comunidades afrodescendientes.
En sus primeros años, la capacidad financiera era reducida, con un patrimonio de 6,5 millones de pesos en 2019 y poco más de 7 millones en 2020. A partir de 2021, se reportó un alza hasta 42.6 millones, manteniéndose esa cifra en 2022 con ingresos limitados.
El salto financiero ocurrió en 2023, cuando el patrimonio ascendió a 100 millones de pesos y se modificaron los estatutos para abarcar sectores como educación, salud, cultura, medioambiente y economía solidaria enfocados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El balance de 2024 reportó cerca de 3.900 millones de pesos y, en 2025, superó los 4.000 millones, según lo reveló Semana.
Las hermanas Guerrero ocuparon posiciones clave en la asociación antes de ejercer funciones estatales. Juliana Guerrero Jiménez, exviceministra de Juventudes, aparece como coordinadora pedagógica de Raíces Afro desde enero de 2019 hasta julio de 2024, experiencia central en su recorrido laboral.
Verónica Guerrero declaró haber sido asistente administrativa y logística en la entidad desde enero de 2018 hasta marzo de 2022, pero el acta de constitución de la organización es de mayo de 2018 y un certificado ubica el inicio de labores en enero de 2019. Además, Verónica figuró como directiva en documentos presentados antes de ingresar al sector público.
El despegue económico de Raíces Afro ha ido en paralelo con el acceso de las hermanas Guerrero a cargos de relevancia en la administración pública. La entidad recibió reconocimiento formal del Ministerio del Interior como representante de las comunidades Narp, facilitando el acceso directo a fondos del Sistema General de Regalías (SGR).
El abogado David Gregorio Rodríguez, consultado por el medio mencionado, explicó que la ley destina un 1,1% de los recursos del SGR directamente a dichas comunidades.
La asociación, que en 2021 contaba con poco más de 42 millones de pesos, reportó ganancias cercanas a 100 millones en 2023 y una consolidación financiera destacada en 2024 y 2025.
La expansión de la organización se reflejó en la firma de 26 convenios entre 2023 y 2025, la mayoría mediante contratación directa y en municipios con limitada supervisión administrativa. Solo en el Meta, Raíces Afro ejecutó ocho proyectos orientados a la población afro y mujeres, por un acumulado superior a 13.500 millones de pesos.
Entre los principales contratos se destacan uno de más de 2.500 millones en Acacías (Meta) y otro de 3.400 millones para fortalecimiento empresarial en La Jagua de Ibirico. Otra beneficiaria central fue la Fundación Social Avivar Afro, dirigida por Rogers Paul Álvarez, que recibió casi 12.500 millones para proyectos en tres departamentos.
Asimismo, Raíces Afro participa en la formulación y ejecución de dos proyectos aprobados para 2025 y 2026, que suman más de 5.800 millones adicionales. La asociación también ha cooperado en la formación de comunidades indígenas y el apoyo a sectores agrícolas.
El procedimiento para adjudicar y supervisar estos recursos ha sido cuestionado por el uso extendido de contratación directa y la escasa divulgación de documentos. La mayoría de los acuerdos se inscribieron en la plataforma Secop I, que exige menos requisitos y ofrece menor visibilidad ciudadana en comparación con sistemas más actualizados.
Pese al volumen y cobertura de los convenios hubo dificultades para rastrear detalles sobre la formulación, selección de ejecutores y resultados efectivos.
Juliana Guerrero afirmó haberse desvinculado oportunamente de la asociación: “Me retiré hace un tiempo de esa asociación cuando mi tiempo de trabajo finalizó”.
Sobre la situación de Verónica Guerrero, añadió que “su paso y vinculación con la asociación finalizó cuando cumplió con su trabajo dentro de esta” y que desconoce información sobre un eventual cargo directivo.
Ambas negaron influencia alguna en el manejo reciente de los recursos de regalías. Al cierre de la investigación, el Sistema General de Regalías, el Departamento Nacional de Planeación y la propia Indra Núñez no habían respondido a las consultas de Semana.