Las recientes declaraciones del Clan del Golfo tras el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ilustran la tensión que rodea el proceso de negociación con el Gobierno colombiano.
El anuncio sobre la inminente neutralización de varios capos del narcotráfico, incluyendo a alias Chiquito Malo, generó una reacción inmediata desde las filas de la organización criminal.
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En nombre del grupo, alias Jerónimo enunció: “Extendemos un saludo especial de parte del comandante Javier, quien por razones de seguridad no pudo acompañarnos en esta reunión debido a las múltiples operaciones con fuerzas especiales y el anuncio del ministro de Defensa de neutralizarlo de manera inmediata por el compromiso que adquirió el presidente de Colombia con los Estados Unidos”, según recogió la comunicación dirigida al Gobierno y a los países mediadores.
La organización expresó no solo inquietud, sino sorpresa ante el giro en la postura oficial. Jerónimo afirmó: “Los anuncios riobantes, tanto del presidente como del ministro de Defensa, nos tomaron por sorpresa, teniendo en cuenta los compromisos y significativos avances en tan solo dos ciclos de diálogos en Doha, Catar”.
La postura del Clan del Golfo frente al discurso y las acciones gubernamentales fue categórica. “No podemos aceptar el lenguaje y las vías de hecho lamentables de algunos funcionarios del Gobierno nacional, que en vez de construir patria, invitan a la carnicería humana, exponiendo a nuestro máximo comandante Javier como un objetivo de alto valor a quienes quieren neutralizar a toda costa, inclusive a costa de los inmensos esfuerzos de paz”, sostuvo Jerónimo en la declaración.
La organización también manifestó gratitud por la solidaridad del comisionado de Paz tras la muerte de uno de sus líderes. En sus palabras: “Agradecemos el gesto del consejero comisionado de Paz por el sentido pésame por la muerte del comandante Wellington, una gran pérdida no solo para nuestro Ejército Gaitanista, sino para todo el país, su familia y el proceso de paz”.
El mensaje se extendió a la comunidad internacional, con Jerónimo subrayando: “A la comunidad internacional, el Emirato de Catar, Reino de España, Reino de Noruega, la Confederación Suiza, la Conferencia Episcopal y a la OEA, nuestro agradecimiento por su indeclinable apoyo en este proceso”.
Antes de concluir, el líder del bloque político instó a la ciudadanía a descartar los mensajes alarmistas: “A nuestro pueblo, estén tranquilos, continuaremos con todos los esfuerzos para lograr una paz en nuestros territorios. No caigan en el amarillismo de algunos medios de comunicación y de políticos que quieren hacer de la guerra su lema de campaña. Seguimos comprometidos con el proceso de paz. Una paz con el Estado, sin trampas, con objetivos claros y concretos”, según la posición oficial expresada por el Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia.
El pronunciamiento se produjo en un contexto de creciente fricción institucional. Días antes, el Clan del Golfo había anunciado la suspensión provisional de la mesa de negociación con el Ejecutivo, decisión que coincidió con el endurecimiento del discurso oficial tras la reunión de Petro con Trump en la Casa Blanca.
De acuerdo con versiones conocidas por medios regionales, en ese encuentro el mandatario colombiano habría reiterado su compromiso de intensificar las acciones para capturar a jefes de organizaciones armadas ilegales, entre ellos alias ‘Chiquito Malo’, así como a otros cabecillas como ‘Pablito’ e ‘Iván Mordisco’.
La respuesta del Estado se materializó también en el plano judicial. La Fiscalía General de la Nación rechazó la solicitud del comisionado de Paz, Otty Patiño, para suspender la orden de captura con fines de extradición contra “Chiquito Malo”.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, explicó que la entidad carece de competencia para detener por decisión propia este tipo de medidas y que cualquier suspensión debe ceñirse estrictamente a lo establecido por la ley.
“La petición del comisionado no consulta lo establecido en la norma”, afirmó, al subrayar que la Fiscalía no puede emitir actos administrativos para frenar órdenes de captura ni solicitudes de extradición.
Camargo sustentó su postura en el artículo 8 de la Ley 2272 de 2022, que regula los acercamientos con grupos armados organizados y fija los plazos y condiciones para eventuales suspensiones de órdenes judiciales.
Según la fiscal, dichas decisiones no dependen de la voluntad del ente acusador, sino de mandatos legales expresos.
Además, precisó que la Fiscalía tampoco tiene atribuciones para garantizar “seguridad humana y jurídica” a los integrantes de organizaciones armadas que se trasladen o permanezcan en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) creadas por el Gobierno.