Consejo de Estado admite demanda contra decreto que prohíbe exportaciones de carbón a Israel y activa trámite judicial

El Consejo de Estado admitió una demanda que pretende la nulidad del decreto mediante el cual el Gobierno nacional prohibió las exportaciones de carbón a Israel.

La acción judicial fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho y quedó formalmente en estudio del alto tribunal, que consideró cumplidos los requisitos legales para iniciar el trámite correspondiente, según informó Semana.

La decisión del alto tribunal implica que, dentro de un plazo de al menos 30 días, varias entidades del Estado deberán responder a la acción jurídica.

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Entre las instituciones llamadas a pronunciarse se encuentran los ministerios de Hacienda, Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, Relaciones Exteriores, así como la Presidencia de la República. También será notificada la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, encargada de coordinar la defensa del Gobierno en este tipo de procesos.

La admisión de la demanda está relacionada con el Decreto 949 de 2025, expedido por el Ejecutivo y actualmente bajo revisión judicial. Esta norma estableció la prohibición de exportar carbón colombiano a Israel, una medida que fue adoptada en el contexto de la posición asumida por el Gobierno de Gustavo Petro frente al conflicto armado en Medio Oriente y el apoyo expresado por Colombia a la causa palestina.

De acuerdo con los antecedentes citados en el proceso, la decisión del Gobierno se sustentó en “la gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina con ocasión de la operación militar llevada a cabo por Israel después del 7 de octubre de 2023”.

Esa argumentación fue expuesta en comunicaciones oficiales y en intervenciones públicas del presidente Petro, quien defendió la suspensión de las exportaciones como una medida de carácter político y humanitario.

En mensajes divulgados en su momento, el jefe de Estado sostuvo que “con el carbón construyen las armas del genocidio”, frase que fue ampliamente replicada y que hizo parte del debate público sobre el impacto económico y diplomático de la decisión.

La demanda ahora admitida busca que el Consejo de Estado evalúe la legalidad del decreto a la luz del ordenamiento jurídico colombiano y de los compromisos internacionales del país.

Tras la admisión, el alto tribunal realizó una invitación formal a 9 instituciones académicas, con el fin de que presenten conceptos técnicos y jurídicos que puedan aportar elementos de análisis al proceso. Este tipo de participación es habitual en casos de alto impacto, en los que se discuten medidas de política pública con implicaciones económicas y de relaciones exteriores.

En el ámbito económico, distintos informes han dado cuenta de los efectos de la prohibición. Según datos divulgados por la Asociación Colombiana de Minería (ACM), las exportaciones de carbón colombiano hacia Israel se redujeron tras la entrada en vigor del decreto. Durante el primer trimestre de 2025, se registraron envíos por aproximadamente 600.000 toneladas, cifra inferior a la reportada en periodos anteriores a la restricción.

Análisis económicos citados en el debate público estiman que las pérdidas asociadas a la suspensión de ventas del mineral a Israel podrían ascender a cerca de 650.000 millones de pesos, teniendo en cuenta el volumen exportado, los precios internacionales del carbón y los contratos vigentes antes de la expedición del decreto. Estos cálculos han sido mencionados por gremios del sector minero-energético en distintos escenarios.

El contexto internacional también ha influido en la discusión. En octubre del año pasado se anunció un alto al fuego en el conflicto, aunque posteriormente se reportó la continuidad de ataques, de acuerdo con información difundida por CNN. Estos desarrollos han sido citados como parte del entorno en el que se tomó y se analiza la decisión del Gobierno colombiano.

Con la demanda ya admitida, el proceso entra en una fase en la que las entidades involucradas deberán exponer sus argumentos y defender la legalidad del decreto ante el Consejo de Estado.