La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió la confesión del general (r) Francisco José Ardila Uribe por 79 ejecuciones extrajudiciales en Meta, durante su mando en la Séptima Brigada entre 2006 y 2007.
Esta información fue revelada por El Tiempo, que accedió al documento enviado por Ardila a la JEP, en el que aceptó responsabilidad por los hechos de manera “libre, consciente y voluntaria”.
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Uno de los casos es el de José Fabio Rodríguez Benavides. Su cuerpo apareció en Granada (Meta) con disparos, botas de caucho de talla mayor y un arma en la mano derecha, aunque era zurdo.
El Ejército Nacional lo reportó como “guerrillero muerto en combate”, pese a que había sido parte de esa institución antes de retirarse por una fractura. Su familia lo buscó durante días y solo identificó el cadáver cuando el CTI les mostró una foto. Fue enterrado como N.N.
La JEP imputó al general (r) Ardila Uribe por los 79 casos, ocurridos durante su comando en la Séptima Brigada.
En su versión voluntaria ante la JEP, Ardila respondió “correcto” cuando le preguntaron si los documentos conocidos por la justicia mostraban irregularidades en las bajas y asesinatos de civiles.
Además, afirmó: “Sí, doctora, precisamente por ese conocimiento que tuve en ese momento se ordenó que se abrieran con prioridad esas investigaciones”.
Durante el periodo investigado, el Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (Bivar) realizó 16 operativos en los que murieron 23 personas, todas presentadas como bajas en combate.
Según la JEP, los hechos se presentaron bajo tres modalidades: ubicación y asesinato de víctimas con ayuda de informantes para reportarlas como bajas, homicidios de civiles en zonas militares y atracción de civiles mediante engaños para asesinarlos. Cuatro casos más no se pudieron clasificar por falta de información.
El Grupo de Acción Militar Especial (Gamet) ejecutó 30 operaciones ilegales que resultaron en el asesinato de 56 personas, también reportadas como bajas en combate.
El magistrado Alejandro Ramelli, que investiga el caso, sostuvo: “La sala cuenta con bases suficientes para entender que Francisco José Ardila Uribe era consciente de la situación de conflicto armado que se presentaba en el departamento del Meta, durante el periodo en el que se desempeñó como comandante de la Séptima Brigada”.
Ramelli indicó además que Ardila implementó una “política de presiones e incentivos para el aumento de bajas en combate sobre los efectivos del Bivar y el Gamet”.
El análisis judicial estableció que Ardila Uribe conoció denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos y no adoptó medidas eficaces para detenerlas.
Según la JEP, el general retirado “conoció de las denuncias referidas a la comisión de asesinatos y desapariciones forzadas por parte de sus subordinados y omitió la realización de un control efectivo para verificar la legalidad de las bajas reportadas y se abstuvo de adoptar medidas adecuadas en materia operacional y disciplinaria para evitar que la ejecución de esos crímenes se repitiera, se esclareciera lo sucedido y se sancionara a sus responsables”.
La Sala de la JEP consideró que estas omisiones crearon un riesgo sobre los derechos fundamentales de los habitantes del Meta. “Las conductas del señor Ardila Uribe crearon un riesgo jurídicamente desaprobado sobre los derechos fundamentales de los habitantes del departamento del Meta”, concluyó.
El Tiempo informó que tras aceptar responsabilidad, Ardila Uribe participará en un proceso restaurativo de seis meses antes de la audiencia de reconocimiento.
El magistrado Ramelli señaló que, hasta ahora, la JEP ha imputado a 20 generales en el caso de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, de los cuales seis han admitido responsabilidad. Además, hay cuatro generales imputados por hechos en Urabá y dos más en el caso del genocidio de la Unión Patriótica.
Las víctimas esperan la comparecencia del general (r) Mario Montoya, excomandante del Ejército, frente a los procesos por ‘falsos positivos’ a nivel nacional. El Tiempo indicó que se aguarda el escrito de acusación al Tribunal para iniciar la siguiente etapa judicial.