El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió este jueves 29 de enero de 2026 sobre la necesidad de una depuración interna en la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, ante los riesgos de traición y la participación de algunos miembros en actividades delictivas.
La declaración se dio durante el relanzamiento de la estrategia Metropolitana bonita y segura en Bucaramanga.
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“Si no depuramos la Policía Nacional, si no depuramos las fuerzas militares, nos asesinarán a un uniformado más”, aseguró Sánchez, quien subrayó que no se tolerará la presencia de “traidores” ni de quienes convivan con el delito dentro de las instituciones.
El ministro también alertó sobre la filtración de información desde las organizaciones de seguridad, que puede afectar tanto a los uniformados como a la ciudadanía: “No toleraremos que se filtre información que vaya en contra de las instituciones, en contra del buen nombre, en contra de la cohesión”, indicó, instando a denunciar cualquier acto de corrupción.
Sánchez resaltó el compromiso y la labor de los cuerpos de seguridad, recordando que la Policía Nacional mantiene un índice de favorabilidad del 64,4%, lo que refleja el sacrificio y entrega de sus integrantes.
Sobre quienes intentan desprestigiar a la institución, enfatizó: “Ni tampoco aquellos que suministran desinformación para calumniar, para atacar o para generar odio a algún miembro de la institución”.
Caso Bucaramanga: policía implicado en intento de robo a joyería
Uno de los ejemplos más recientes ocurrió el 29 de noviembre en Bucaramanga, durante un intento de robo a una joyería en el Centro Comercial Cuarta Etapa que terminó con la muerte del intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño.
Las investigaciones revelaron que un miembro de la Policía Metropolitana estaba presuntamente implicado, facilitando información clave a los delincuentes sobre la ubicación de patrullas y las rutas de escape, e incluso acordando recibir parte del botín.
Según las autoridades, la participación del oficial incluía coordinación interna para dificultar la labor de los investigadores y garantizar que los asaltantes tuvieran ventajas sobre la respuesta policial.
Durante el enfrentamiento, los delincuentes armados intentaron sustraer las joyas mientras los investigadores de la Sijin respondían vestidos de civil. La balacera resultó fatal para el intendente jefe y dejó a varios de los asaltantes heridos.
Debido al temor de filtraciones internas, los investigadores optaron por comunicarse por celular en lugar de la radio institucional, evitando que los delincuentes conocieran sus movimientos y ubicación en tiempo real.
La captura del oficial implicado se realizó el 5 de diciembre en un operativo conjunto de la Dijin, la Sijin y la Fiscalía, junto con otros miembros del grupo delincuencial. Algunos de los involucrados aún permanecen prófugos.
La Fiscalía señaló que la participación del policía no solo incluía la entrega de información estratégica, sino también la coordinación activa para asegurar que los asaltantes pudieran escapar.
Este caso evidencia cómo la corrupción interna pone en riesgo la vida de los uniformados y de la ciudadanía, comprometiendo la confianza en la institución y reforzando la urgencia de los llamados del Ministerio de Defensa a depurar las filas y sancionar a quienes traicionan la confianza de la sociedad.
Caso Bogotá: red de corrupción en Policía y CTI
Otro caso que resalta la gravedad de la infiltración criminal y la corrupción en la fuerza pública se registró recientemente en Bogotá.
Una decisión judicial envió a ocho funcionarios de la Policía Nacional y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a la cárcel de manera preventiva, por su presunta participación en una red de corrupción que exigía fuertes sumas de dinero para manipular procesos judiciales relacionados con lavado de activos y extinción de dominio.
El juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías legalizó las capturas, mientras que un funcionario adicional recibió detención domiciliaria.
Entre los involucrados se encuentran el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo.
También fueron capturados servidores del CTI y exfuncionarios de la Fiscalía, incluyendo a Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.
Según la Fiscalía, desde 2014 los procesados exigieron entre $400 y $1.000 millones a familiares de Juan Carlos Ramírez Taborda, alias Manicomio o El Piloto, quien cumplió condena en Estados Unidos por narcotráfico. Los pagos se habrían realizado para eludir medidas cautelares sobre bienes, bloquear órdenes de captura y frenar otras acciones judiciales.
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