En el marco de los esfuerzos humanitarios para mitigar los impactos del conflicto armado y los desastres naturales en Colombia, diversas organizaciones han intensificado su apoyo a las comunidades más vulnerables. Las intervenciones de emergencia se han vuelto fundamentales para atender a poblaciones en riesgo, especialmente aquellas desplazadas o confinadas, que enfrentan barreras críticas para acceder a servicios esenciales y cubrir sus necesidades más básicas.
Estas organizaciones humanitarias y entidades comunitarias, han brindado atención integral a las comunidades más afectadas por el conflicto armado, con un enfoque particular en las poblaciones desplazadas y confinadas.
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Un ejemplo de esto es que desde 2023 hasta la fecha, Acción contra el Hambre ha atendido a más de 302.000 personas a nivel nacional, con un enfoque en mujeres, niñas y niños y comunidades indígenas y afrocolombianas. La respuesta al desplazamiento y confinamiento ha sido una prioridad, destacando intervenciones en Norte de Santander, Chocó, Nariño, La Guajira y otras regiones afectadas por el conflicto armado.
Las intervenciones de esta organización se centran en ofrecer una respuesta humanitaria que aborde de manera efectiva las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas, adaptándose a las realidades locales y promoviendo la participación activa de las personas en su proceso de recuperación.
Además, se han implementado procesos de sensibilización y fortalecimiento comunitario, asegurando que las comunidades sean parte activa en su propia recuperación y desarrollo. Este enfoque integral no solo cubre las necesidades inmediatas, sino que también contribuye a la resiliencia y el desarrollo sostenible de las poblaciones.
Crisis humanitaria en curso y respuesta continua
El Catatumbo, región clave de Colombia, enfrenta las consecuencias masivas del conflicto armado, como desplazamientos masivos, confinamientos y restricciones a la movilidad, especialmente en las áreas rurales e indígenas. Solo durante el primer semestre del año 2025, más de 69.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, lo que representa un aumento del 482% respecto al año 2024; uno de los desplazamientos masivos más grandes de la última década.
Las comunidades más afectadas, como los resguardos indígenas Motilón-Barí y Catalaura, han enfrentado violaciones de derechos humanos y violencia armada. Según datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el 30% de la población del Catatumbo, unas 113.000 personas, se encuentra en situación de necesidad, recurriendo a estrategias de supervivencia como reducir las comidas diarias o vender activos esenciales.
Ante esta emergencia, la organización ha mantenido una presencia activa en la región, operando desde su base en Cúcuta y proporcionando asistencia humanitaria en los municipios más afectados y ruralidad dispersa en El Tarra, Ocaña, Teorama, Convención, Hacarí, San Calixto y Tibú.
“La finalidad es estar en los lugares más afectados y de difícil acceso. Nuestro quehacer se enfoca en la resiliencia de las comunidades, con el fin de ayudarlas a sobrepasar las situaciones de emergencia. Estos compromisos hacen parte del apoyo integral y el acompañamiento a las comunidades de base y se realiza en estrecha articulación con la institucionalidad”, resalta John Orlando, Director País de Acción contra el Hambre en Colombia.
De la población identificada con necesidades más urgentes, la organización ha intensificado su respuesta humanitaria en atender a las comunidades afectadas, mejorar las condiciones de vida y fortalecer la capacidad de recuperación local, apoyando en 2025 a más de 48.000 personas:
- Seguridad alimentaria: cerca de 6.300 personas han sido atendidas con acciones como entregas de kits de alimentos con enfoque diferencial, bonos alimentarios y transferencias monetarias, con prioridad en niños y niñas y mujeres.
- Agua, saneamiento e higiene: durante el punto más crítico de la emergencia, se distribuyeron más de 600 kits de higiene con enfoque de género. Se hicieron cerca de 33 obras de rehabilitación de servicios de agua, saneamiento e higiene (en instituciones educativas, centros de salud y albergues). Por su parte, se entregaron filtros y suministros de agua potable a hogares afectados por la crisis, beneficiando en total a más de 36.000 personas y garantizando el acceso a agua potable y condiciones adecuadas de higiene.
- Salud: se han realizado más de 7.000 atenciones médico-nutricionales y de salud materno infantil, entre ellas prestación de servicios directos y móviles, beneficiando a cerca de 4.800 personas, entre ellas más de 1.100 niñas, niños y mujeres en edad reproductiva con desnutrición aguda.
- Asistencia de emergencia: se distribuyeron 300 kits de emergencia en alojamientos temporales durante el punto más crítico, mejorando las condiciones mínimas de vida para las familias desplazadas y asegurando su bienestar inmediato.
“El 19 de enero de 2025, mientras cocinaba, comenzó el desplazamiento. Me dijeron que debía salir por seguridad, por el bienestar de mi hijo. Éramos más de cien personas: bebés, mujeres embarazadas… Era mi segundo desplazamiento y no quería seguir esa cadena”. Testimonio de una mujer desplazada.
A pesar de los desafíos en el Catatumbo, la intervención de este tipo de organizaciones sigue siendo clave para mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas. A través de su apoyo constante, se ha fortalecido la resiliencia local, garantizando el acceso a servicios básicos y ha contribuido a la recuperación de las familias desplazadas y confinadas, mientras se avanza hacia un futuro más seguro y sostenido para la región.