Subir casi diez pisos por unas escaleras grises y húmedas en el costado sur de la cárcel La Picota, en Bogotá, lleva al pabellón de extraditables, conocido también como pabellón 34.
Este espacio acoge a unas 50 personas de distintas nacionalidades, principalmente venezolanos, pero también hay italianos, franceses, peruanos, albaneses y colombianos, todos a la espera de la resolución de sus procesos de extradición, según El Tiempo.
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El área se diferencia claramente del resto del penal. Dispone de alrededor de veinticinco celdas, cada una de cuatro metros por cuatro metros, donde los internos cuentan con camas o camarotes, tanques de agua y acceso a electricidad.
Algunos tienen facilidades para cargar celulares, conservar alimentos no perecederos y disponer de agua embotellada, lo que contrasta con la precariedad de otros patios. Además, no se observan internos durmiendo en el suelo ni en hamacas improvisadas. La ropa y las cobijas se mantienen limpias y en buen estado.
Parte de los internos colecciona calzado de marcas reconocidas, hecho singular en comparación con lo habitual en los patios comunes. La alimentación marca otra diferencia: hay mesas dispuestas para recibir tres comidas al día y espacios destinados al esparcimiento.
El perfil de quienes permanecen en el pabellón de extraditables es diverso y de fuerte presencia internacional. Hay perfiles de acusados por crímenes como narcotráfico, crimen organizado y otros delitos de alta complejidad procesados en varios países.
Algunos, especialmente hombres entre cuarenta y cincuenta años, sostienen que su presencia se debe a persecución política proveniente de Venezuela, denunciando acusaciones falsas de terrorismo.
El pabellón presenta instalaciones poco frecuentes en otros recintos penitenciarios colombianos. En el centro hay una cancha reglamentaria de microfútbol, tableros de ajedrez, juegos de mesa y una mesa especial para ping-pong.
A diferencia de los patios de delincuencia común, este espacio cuenta con condiciones de salubridad y dignidad que evitan el hacinamiento y el dormir a la intemperie.
Entre los internos más destacados identificados es la de la figura de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, presunto cofundador del grupo criminal transnacional Tren de Aragua, capturado en julio de 2024. También estuvieron en este pabellón Carlos Alonso Agudelo, alias El Calvo, presunto narcotraficante vinculado al Ejército de Liberación Nacional (ELN); Eduardo Cabrera, alias El Cura, exguerrillero de las Farc; Jesús Hugo Verdugo, alias Tánatos, presunto enlace del cártel de Sinaloa; y Alirio de Jesús Flores, señalado como “rey de la heroína” y narcotraficante internacional.
Algunos visten saco y camisa, imagen inusual en las cárceles de Colombia. El trato hacia ellos responde a la especial atención derivada de la cooperación judicial internacional, ya que estos internos enfrentan procesos con implicaciones fuera del país.
Uno de los aspectos sobresalientes es el acceso a luz solar directa, poco habitual en otras áreas del penal. Las condiciones diferenciadas de este espacio reflejan los compromisos asumidos por Colombia en materia judicial y la responsabilidad que implica su gestión para el país.
El Inpec halla más de nueve kilos de drogas en operativo en la cárcel La Picota
Un operativo en la cárcel La Picota de Bogotá permitió a las autoridades localizar 9.35 kilos de estupefacientes ocultos bajo el piso del baño del pabellón uno, según reportó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
El hallazgo incluyó tusi, perico y marihuana, sustancias destinadas al consumo y la venta clandestina dentro del centro penitenciario.
El megaoperativo forma parte de la Operación Dominó, una estrategia nacional impulsada por el Ministerio de Justicia y del Derecho que, entre otras medidas, busca bloquear las comunicaciones ilícitas y combatir las redes criminales que operan desde las cárceles de Colombia, según informó el Ministerio a Infobae.
Esta campaña de seguridad ha implicado una inversión superior a 16.000 millones de pesos, el refuerzo de protección para funcionarios y estrictos controles sobre el personal penitenciario, incluido el despliegue de inhibidores de señal en 16 establecimientos y la apertura de más de 1.150 procesos disciplinarios vinculados a corrupción y amenazas entre 2023 y 2025.
Según explicaron las autoridades, la droga incautada suele ser ingresada por mujeres visitantes que la transportan en su cuerpo, práctica que pese a los controles recurrentes continúa afectando la seguridad interna. Por este caso específico, se presentará denuncia ante la Fiscalía para investigar la procedencia y los responsables del ingreso de los estupefacientes al penal.