El 16 de enero, Infobae Colombia reveló detalles del decreto con el que se confirmó que la nueva planta de la Unidad Nacional de Protección le costaría más de 740.000 millones de pesos al país.
En el mismo se informó que, debido a contingencias como las elecciones presidenciales, se crearían al menos 6.870 nuevos empleos, incluidos 6.000 escoltas y 848 cargos administrativos, más del 10% reservados para jóvenes.
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En el decreto firmado por el Ministerio del Interior se menciona que el objetivo es fortalecer la inclusión laboral y rejuvenecer el servicio público. La ampliación incluye 22 puestos en los niveles directivos y de asesores.
Con este rediseño, se proyecta un ahorro anual promedio de más de 120.000 millones de pesos respecto al gasto registrado en 2025, representando una optimización del 13% en el uso de los recursos; de la misma forma, se sostuvo que la medida busca garantizar la sostenibilidad financiera y mejorar la eficiencia operativa de la entidad. Esta ampliación responde a la creciente demanda de esquemas de protección, especialmente en un año electoral, y permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas a líderes sociales y personas en riesgo extraordinario.
Dentro de las reacciones por el anuncio se destacó la del sindicato Analtraseg, que alertó sobre la existencia de vacíos en mecanismos de contratación que podrían violar los derechos laborales de quienes llevan varios años vinculados a la UNP.
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En diálogo con Infobae Colombia, el presidente del sindicato de la UNP, Giovanni Gallo, reafirmó que en Analtraseg están en contra de los cambios anunciados, principalmente por los aspectos que siguen sin ser explicados, comenzando con las nuevas subdirecciones que se crearán.
“La opinión de nosotros es muy negativa sobre estos decretos. Se están creando más cargos directivos de los necesarios, pero ojo, dentro de uno de ellos, que es la subdirección de prevención, aparecen más funciones de inteligencia que cualquier otra cosa, y estamos en una institución de seguridad que ahora tendría su propia organización de inteligencia”.
Gallo aseguró que, en su concepto, entendiendo cómo funcionan las subdirecciones en la UNP, hay riesgo de que existan irregularidades en temas de contratación.
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“Son cargos que podría atender un funcionario sin necesidad de generar toda una división u organización alrededor de él. Eso estaría incrementando así la burocracia, incrementando la cantidad de personas que van a trabajar de 25 a 50 por subdirección”.
Para el presidente del sindicato de la UNP, el dinero que se invertirá en contratar a más personas se podría emplear en regular las condiciones de los escoltas con los de otras entidades.
“La estabilidad no se está dando como quieren mostrarla. Los salarios están por debajo de las mismas funciones que cumplen los funcionarios de la fiscalía, de la procuraduría, entre otros. En 2019, un agente de protección de la fiscalía estaba en cuatro millones quinientos, cifra que alcanzamos hasta el año pasado, mientras que los miembros de la fiscalía deben estar ya sobre los seis o siete millones de pesos”.
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Gallo cuestionó por qué no se ha anunciado la compra de armamento para los 6.000 nuevos escoltas que serán contratados, y denunció que se trataría de una movida con una finalidad política.
“Colombia es un país muy politiquero, que cuando ingresan a una persona en tiempo de elección, esta persona debe multiplicar su puesto por hasta cinco o diez votos. Esto podría ser un cocido politiquero”.
Por último, Giovanni Gallo pidió que la UNP informe cómo serán los métodos de contratación para que el país pueda tener certeza de que los nuevos escoltas tienen el conocimiento y entrenamiento para proteger.
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“¿Dónde está la garantía de protección? ¿Dónde está el entrenamiento? ¿Estas personas tienen las capacidades? Verdad que no las tienen. Estamos frente a una masacre y a bajar el nivel de protección a todos los protegidos y beneficiarios del programa de la Unidad Nacional de Protección en el país”.