El 21 de enero de 2026, María Alejandra Rojas Aguilar, exfuncionaria de la Gobernación del Magdalena y excandidata política, denunció junto a otras mujeres al candidato presidencial y exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo por acoso y abuso sexual.
Según el abogado Julián Quintana y las denunciantes en diálogos con La FM, otro nombre salió a la luz. Se trata de Fabián Bolaño Gutiérrez, el que durante la gobernanza de Caicedo fue el secretario de tránsito desde el 2021 hasta el 2026.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Rojas Aguilar denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de Fabián Bolaño Gutiérrez, entonces funcionario del departamento y miembro del movimiento Fuerza Ciudadana, durante un evento político en Bogotá en diciembre de 2018.
Aunque presentó pruebas ante las autoridades, el caso permaneció sin avances judiciales.
De acuerdo con su relato, Rojas Aguilar fue presuntamente drogada con una sustancia química de tipo fenotiazina durante el evento juvenil al que asistió en la capital colombiana.
Esta sustancia es una clase de fármacos antipsicóticos y antieméticos (anti-náuseas), utilizados para tratar trastornos mentales como la esquizofrenia y controlar vómitos severos, actuando sobre el sistema nervioso central.
Según la denunciante, Bolaño Gutiérrez la dejó inconsciente y la atacó sexualmente mientras ella se hallaba indefensa. La intervención del hermano de Rojas Aguilar, quien la encontró inconsciente, impidió consecuencias más graves, según la misma denuncia.
Su familiar alertó a la Policía, que acudió al lugar y constató lo sucedido. Posteriormente, la víctima fue trasladada a un centro médico, donde los exámenes confirmaron signos de abuso sexual y la presencia de la sustancia química.
En sus declaraciones, Rojas Aguilar expuso que entregó a las autoridades fotografías, resultados clínicos y testimonios como pruebas. Sin embargo, pese a la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación en abril de 2019, el proceso se ha mantenido sin avances ni sanción alguna para el señalado.
La exfuncionaria manifestó su inconformidad con la respuesta de las autoridades y remarcó que, tras casi cuatro años aportando pruebas, la investigación ha pasado por distintos fiscales y continúa estancada. Indicó que la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá realizó gestiones iniciales para promover el caso, pero que después fue relegado sin mayores resultados.
A pesar de la denuncia, Fabián Bolaño Gutiérrez mantuvo y asumió nuevos cargos de responsabilidad en instancias departamentales y dentro de Fuerza Ciudadana.
No se habrían adoptado medidas disciplinarias ni abierto investigaciones administrativas tras conocerse el caso. En ese momento, Bolaño Gutiérrez optó por no hacer declaraciones públicas, argumentando que no estaba preparado para referirse al tema.
En mayo de 2022, Bolaño renunció a su cargo en la Gobernación del Magdalena para unirse a la campaña Petro Presidente, cinco meses antes de la elección presidencial para el periodo 2022-2026.
El caso de Rojas Aguilar se enmarca en un patrón más amplio de denuncias por acoso sexual y actos abusivos dentro del entorno de Fuerza Ciudadana.
El movimiento político ha sido denunciado ante la Fiscalía y la Secretaría de la Mujer por presuntos casos en los que, según testimonios recogidos por funcionarias y colaboradoras, describen prácticas de presión para obtener favores sexuales a cambio de ascensos o estabilidad laboral, y tocamientos sin consentimiento por parte de asesores y altos funcionarios.
Otras mujeres dentro de la estructura de Fuerza Ciudadana afirmaron que vivieron un ambiente de silencio y temor a represalias, donde la posición política servía presuntamente como mecanismo de sometimiento. Entre los señalados en estas denuncias figura también Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, junto a otros miembros del movimiento.
Fuerza Ciudadana ha rechazado de forma sistemática las acusaciones, atribuyéndolas a intereses electorales, y sus representantes afirman no haber recibido pruebas concluyentes de los hechos.
Por su parte, ningún funcionario señalado ha comparecido ante los medios para responder a fondo sobre las denuncias.
Las víctimas han manifestado que el temor a represalias y el aislamiento marcan sus experiencias, pero consideran que visibilizar sus casos constituye el primer paso para romper el ciclo de daño e impunidad en el escenario político regional.