El Gobierno de Gustavo Petro decretó para 2026 un aumento del salario mínimo del 23,7%, lo que elevó la remuneración mensual a $2.000.000. La medida beneficia a 2,4 millones de trabajadores, pero provocó demandas de nulidad por el fundamento legal, impacto fiscal y proceso de aprobación. El Ejecutivo defiende la decisión con base en el concepto de “salario vital”, por lo que lo plantea como eje de la discusión sobre derechos laborales y equidad.
El incremento fijado para 2026 constituye una de las alzas más notables en la historia del país. El ajuste supera de manera signiticatica la variación de la inflación de 2025 (5,1%) y el crecimiento de la productividad, los parámetros que tradicionalmente guiaban la actualización del salario mínimo en Colombia.
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Por supuesto, el cambio también redefinió el cálculo de bienestar mínimo para los hogares colombianos. Diversos sectores expresaron desacuerdo con los criterios empleados por el Gobierno para establecer el monto final. Las críticas se centran en que el Ejecutivo reemplazó los elementos legales obligatorios —inflación, productividad y Producto Interno Bruto (PIB)— por el salario vital, basado en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que no resultan vinculantes en la legislación nacional.
La falta de concertación también alimentó objeciones. Representantes empresariales, sindicatos y expertos advirtieron que el Gobierno no llevó a cabo el diálogo tripartito habitual con trabajadores y empleadores para consensuar el ajuste anual, lo que podría significar una vulneración al debido proceso en la política laboral.
Demandas contra el aumento del salario mínimo
Como consecuencia, Fenalco presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado en la que solicitó la suspensión provisional del decreto por supuestas deficiencias legales y riesgos económicos. Además, el abogado Germán Eduardo Castro Marín interpuso otra demanda alegando “falsa motivación y desviación de poder”, pero la retiró tras denunciar amenazas contra su seguridad. Por su parte, el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares promovió un recurso por presunta violación del debido proceso y del requisito de concertación tripartita. Todas estas reclamaciones están a consideración del Consejo de Estado.
El debate incluye también el impacto fiscal. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que el incremento podría hacer crecer el déficit fiscal en al menos $5,3 billones durante 2026 y hasta $8 billones en los años posteriores. La entidad expresó su preocupación respecto a la sostenibilidad de la deuda pública y el efecto sobre las finanzas nacionales.
Frente a las críticas, el presidente Gustavo Petro, durante Consejo de Ministros del 19 de enero, respaldó públicamente el cálculo adoptado. “El salario vital es lógico, si se cae significa que el mensaje de la Corte es que ‘no es necesario pagarle a los trabajadores para que puedan vivir’”.
De dónde salió el salario de $2.000.000
De igual forma, el mandatario aseguró que la cifra de $2.000.000 resultó de dividir el valor de la canasta mínima vital familiar —según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane)— entre el promedio de trabajadores por hogar en Colombia, estimado en 1,5 por familia.
“Canasta básica mínima familiar, ¿cierto? Mínima, vital, familiar. Ese fue el dato que cogimos y da $2.000.000”, afirmó Petro. Resaltó también el carácter fundamental del salario vital. Según él, “no es necesario pagarle ahora a los trabajadores al nivel de que puedan vivir. Porque salario vital significa eso, que pueda comprar lo suficiente para la vida”.
El presidente insistió en que el nuevo método refleja mejor la realidad de los hogares colombianos que los parámetros tradicionales y defendió el enfoque como compatible con el Estado Social de Derecho. “Creo que hasta nos falta un poquito más, pero esa es la cantidad”, expresó sobre el monto definido ante el cálculo oficial.
Incrementos futuros del salario mínimo
Respecto a los incrementos futuros, el presidente señaló que los ajustes anuales al salario mínimo dependerán del desempeño de la economía nacional. “De año en año ya no subiría tanto si se hace una buena economía”, insistió.
El debate público aborda igualmente los posibles efectos económicos y sociales a mediano plazo. Los críticos del decreto alertan sobre la dificultad de sostener fiscalmente el aumento y la incertidumbre en el mercado laboral. El mandatario, por su parte, destaca el potencial transformador del cambio, asegurando que el principio de salario vital responde a las garantías básicas de dignidad para los trabajadores.