El presidente del Congreso, Lidio García, calificó como “castigo político” la decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de eliminar la prima especial de servicios para los congresistas a partir del 20 de julio de 2026. La medida, oficializada por el Gobierno el 20 de enero mediante el Decreto 0030 de 2026, suprimió un beneficio mensual que ascendía a cerca de $16,9 millones; el mismo que fue percibido por el propio mandatario durante casi dos décadas.
“Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona”, afirmó García en su perfil de X. El dirigente agregó que la supresión del beneficio no responde a una política de austeridad, sino a una represalia contra un órgano legislativo que decidió actuar con independencia frente al Ejecutivo.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
“Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo”, expresó García en las plataformas digitales; en declaraciones que rápidamente tuvieron eco, debido a la dignidad que ostenta y porque, pese a las diferencias de forma y de fondo, el senador ha apoyado algunas de las iniciativas de la actual administración.
¿En qué consiste la decisión de suprimir la prima de servicio a los congresistas?
El Decreto 0030 de 2026 deroga el Decreto 2170 de 2013, que facultaba a los senadores y representantes a la Cámara a recibir una prima adicional a su salario básico, originalmente destinada a cubrir gastos de salud y vivienda. Hasta 2025, el salario total de los congresistas, incluida esta prima, superaba los $52 millones mensuales, mientras que, tras la entrada en vigor de la nueva disposición, se estima que los ingresos caerán a $36 millones.
Frente al particular, el Departamento Administrativo de la Función Pública justificó la decisión al señalar que “la remuneración es desproporcionada frente a la realidad económica del país y al ingreso promedio de los ciudadanos”. Además, recordó que la Corte Constitucional ha establecido que estos pagos no son obligatorios y que, según el análisis fiscal, la eliminación de la prima permitirá un ahorro superior a $56.000 millones de pesos anuales para el Estado.
La medida, según quedó consignado en el documento, no impactará de inmediato a los actuales congresistas debido a los derechos adquiridos para el periodo en curso. La supresión del beneficio aplicará únicamente para los parlamentarios que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026, por lo que el actual Congreso, del cual la coalición del Pacto Histórico tiene la bancada más grande en el Senado y una de las más numerosas en Cámara, no será afectado.
Aunque no está de acuerdo con lo dispuesto por el jefe de Estado, García dijo que, como político que respeta la Constitución, y el mandato del cual goza el presidente, aceptará la determinación. “Aun así, acatamos la decisión porque respetamos el Estado de derecho. Que quede claro: La independencia del Congreso no se negocia ni se castiga. Seguiremos legislando y ejerciendo control. Eso es democracia, y nosotros somos demócratas”, puntualizó García.
La del presidente del Congreso no fue la única voz que se conoció de rechazo. A él se sumó Enrique Gómez Martínez, director del partido de Salvación Nacional y que quiere llegar a la corporación, que con un mensaje en sus redes cuestionó cómo el actual Gobierno no recortó gastos y “asfixió” a la clase media con una serie de impuestos que, según su denuncia, también perjudicaron a las pequeñas empresas; mientras se compraban votos en el Congreso.