Crece el temor y la zozobra en el departamento del Guaviare luego de los combates entre facciones de las disidencias de las Farc, concretamente los grupos liderados por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y de Alexánder Díaz, alias Calarcá.
Según los reportes entregados por el Ejército Nacional de Colombia, al menos 30 personas murieron durante los enfrentamientos registrados ocurridos en la zona rural de El Retorno (sur de Colombia); lo que refuerza la percepción de fragilidad en la seguridad regional y expone el impacto directo de la lucha por rutas estratégicas asociadas a economías ilícitas, así como las dificultades para las poblaciones indígenas y campesinas de la zona.
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Ante esta situación, la Diócesis de San José del Guaviare y la Delegación para las relaciones Iglesia Estado de la Conferencia Episcopal de Colombia expresaron su preocupación ante las actividades violentas que se presentan en esta zona, por lo que solicitaron protección urgente para la población civil, advirtiendo que la escalada del conflicto intensifica el sufrimiento y la victimización de los habitantes.
En un comunicado, reiteraron que los enfrentamientos armados han generado altos niveles de sufrimiento, incremento en la victimización, así como confinamiento y desplazamiento de las comunidades.
“Recibimos con profunda consternación la noticia de los graves hechos que condujeron a la pérdida de la vida de un grupo numeroso de personas en el municipio de El Retorno. Nos unimos al llamado del Santo Padre León XIV por una paz desarmada y desarmante”, se lee en la misiva firmada por monseñor Jesús Alberto Torres Ariza, obispo de San José del Guaviare, y monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado para las relaciones Iglesia-Estado.
De igual manera, los jerarcas religiosos insistieron en que estos choques contribuyen al clima de inseguridad que dificulta la convivencia y altera profundamente la rutina social en el Guaviare.
“Tal como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, estas confrontaciones no causan sino mayor sufrimiento de la población, alta victimización, confinamiento y desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, así como la pérdida de la vida de combatientes y no combatientes, y crea un clima de miedo que impide la vida ciudadana en armonía y tranquilidad”, manifestaron.
Uno de los puntos destacados en el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal fue la exigencia de que se garantice la vida de los heridos y retenidos en combate, así como un llamado a los grupos armados a que cesen sus hostilidades y brinden garantías a las poblaciones residentes.
“Llamamos a los involucrados en la confrontación para que se comprometan con el respeto a los principios y el derecho humanitario, garantizando el respeto por la vida de la población civil, ya muy afectada en esta región del país, y de aquellos combatientes, heridos o retenidos durante los combates”, precisaron.
En la parte final del comunicado, ambas entidades religiosas enfatizaron la necesidad del diálogo y la concertación como vía para recuperar la convivencia ciudadana, elevando una oración por la protección de las personas y comunidades del Guaviare, al tiempo que pidieron transformar los corazones de quienes ejercen la violencia.
“Nos unimos en oración por las personas y comunidades del Guaviare, para que alcancen la protección que necesitan y se desarmen los corazones de los violentos”, concluyeron.
El municipio de El Retorno tiene antecedentes de violencia focalizada debido a la disputa por rutas empleadas en actividades ilícitas, convirtiéndose en escenario recurrente de choques entre estructuras ilegales rivales.
El análisis sobre el movimiento de estas facciones sugiere una organización logística compleja. Según informes de inteligencia militar citados por Caracol Radio, durante 2024 las disidencias asociadas con alias Calarcá mantuvieron una red activa de traslados entre Antioquia, Catatumbo y Bogotá.
Dicha logística consistió en el diseño de rutas específicas que recorrían municipios como Anorí, Tarazá, Briceño, Campamento y Angostura en Antioquia, así como salidas desde Tibú, en Norte de Santander. Esto permitió a las autoridades mapear la coordinación interna de estas estructuras.
Las cifras de desplazados y víctimas ilustran el impacto social de la violencia. En la región, según recogen los reportes, los enfrentamientos entre grupos armados han producido al menos 90.000 desplazados y la muerte de más de diez menores de edad.
La situación obligó al despliegue de tropas y a la presencia permanente de fuerzas militares en el área rural donde se registraron los combates, con el objetivo de brindar protección a la población civil.
Las operaciones de control territorial continuarán mientras avanzan las labores de identificación de las víctimas y el monitoreo permanente por parte de entidades civiles y organismos humanitarios.