A la cárcel responsables del ataque sicarial a un firmante de paz y líder social en La Guajira

Los informes señalan que Luis Felipe Mejía Montero y Armando José Sánchez Campuzano abordaron a la víctima frente a su residencia y dispararon en tres ocasiones, lo que le provocó la muerte en el acto

Ataque en contra de un firmante de paz en La Guajira - crédito Pixabay

La Fiscalía General de la Nación ha formalizado la judicialización de Luis Felipe Mejía Montero, conocido como “Niño Pañal”, y Armando José Sánchez Campuzano por su presunta participación en el asesinato del líder social y firmante de paz Elider Antonio Díaz Arias en Fonseca (La Guajira).

La investigación, desarrollada por la Unidad Especial de Investigación (UEI), permitió identificar a estos dos hombres como los posibles autores materiales del homicidio ocurrido el 8 de agosto de 2024, un hecho que conmocionó a la comunidad y encendió las alarmas sobre la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz en la región.

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De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación, el ataque se produjo cuando Elider Antonio Díaz Arias se disponía a llevar a su hija al colegio. Los informes señalan que Luis Felipe Mejía Montero y Armando José Sánchez Campuzano abordaron a la víctima frente a su residencia y dispararon en tres ocasiones, lo que le provocó la muerte en el acto.

La Fiscalía General de la Nación ha formalizado la judicialización de Luis Felipe Mejía Montero, conocido como “Niño Pañal”, y Armando José Sánchez Campuzano por su presunta participación en el asesinato del líder social y firmante de paz Elider Antonio Díaz Arias en Fonseca (La Guajira) - crédito Fiscalía

Los agresores emplearon una motocicleta, dejada estacionada a pocas cuadras del lugar del crimen, para facilitar su huida tras el ataque. Así lo detalló el fiscal en cargado del caso en la diligencia:

“El día 8 de agosto del 2024, entre las 6:00 a. m. y 6:30 a. m., él se encontraba sentado al frente de su residencia para llevar a su hija al colegio. Y es allí cuando entran en este trágico suceso a colación dos personas que se desplazaban en una motocicleta, que la parquean con antelación en una de las esquinas, y es donde desciende una persona de sexo masculino de esa motocicleta. Desciende con un arma de fuego en la mano y le propina tres impactos con arma de fuego a esta persona, es decir, a Elider Antonio Díaz Arias. Impactos con arma de fuego que son propinados en la cabeza y en la cara, respectivamente, y que a raíz de estos impactos con arma de fuego es que pierde la vida casi que de inmediato”.

La actuación del equipo investigativo permitió recabar material probatorio suficiente para imputar a los señalados por homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos delitos en modalidad agravada.

Ante un juez penal de control de garantías, los procesados conocieron los cargos formalizados en su contra. Durante la audiencia, según el reporte oficial, los acusados no aceptaron los cargos, motivo por el cual el juez ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad, que deberán cumplir en centro carcelario.

En el centro de este proceso se encuentra la figura de Elider Antonio Díaz Arias, quien, además de ser miembro de la Asociación Campesina de Fonseca, se identificaba como firmante del Acuerdo de Paz, lo que añade gravedad al caso y refuerza la atención institucional respecto a la situación de quienes participan activamente en la construcción de paz.

En un audio revelado por la Fiscalía, se detalla cómo los presuntos asesinos vigilaron la vivienda de la víctima para esperar el momento preciso del ataque. Un hombre descendió de una motocicleta y le disparó en tres ocasiones - crédito Fiscalía

La formalización de la judicialización de los presuntos responsables del homicidio de Elider Antonio Díaz Arias representa un avance en el esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia contra líderes sociales en Colombia. Este caso subraya la importancia de mantener la vigilancia institucional para proteger la vida de quienes han apostado por la construcción de paz.

El desarrollo de las investigaciones y las medidas adoptadas por las autoridades demuestran el compromiso de enfrentar delitos que afectan la integridad y seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz en regiones vulnerables.

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